La documentación, a la que ha tenido acceso este diario, de varios de los compradores víctimas del engaño, mayoritariamente marroquíes, muestra claramente que los pisos se vendieron a precios de mercado libre: en todos los casos consultados existía un certificado de tasación en el que figuraba, por una parte, el valor máximo por el que se podía vender la vivienda protegida, y por otra, el valor que esta tendría en el mercado libre. Aunque los precios de las viviendas de Badia no se liberalizarán hasta el año 2026, los propietarios que las vendieron irregularmente se regían por la valoración que hacía el tasador del piso en el supuesto de que se vendiera en el mercado libro. Los vendedores contaban con la complicidad de los bancos, que daban créditos hipotecarios a los compradores por el valor inflado, sin pedirles siquiera la garantía de un avalador solvente. Así le ocurrió a Abdelhadi Lematakham, que para la hipoteca que pidió a Caixa Catalunya fue avalado por su esposa, que no tenía empleo ni patrimonio. La vivienda que adquirió Lematakham en 2006 no podía venderse por más de 48.500 euros, y a pesar de que ante notario y ante Adigsa el vendedor declaraba que lo vendía por esta cantidad, a Lematakham le cobró 167.000 euros, una suma cuatro veces superior a la permitida y que se corresponde con la que fijó el tasador en la hipótesis de que la vivienda se vendiera en el mercado libre.
El fraude, que ha aflorado con la llegada de la crisis y que afecta al menos a 80 familias marroquíes que han quedado en el paro y sin poder pagar sus hipotecas, será llevado ante la Fiscalía Superior de Cataluña por la Asociación de Vecinos de los Bloques Estrella de Badia, una de las dos agrupaciones vecinales que existen en el municipio.
"En la venta de estos pisos de cometieron irregularidades que claman al cielo. Nuestro deber es pedir que se depuren responsabilidades ante tales barbaridades", asegura Rafael Álvarez, secretario de esta agrupación vecinal.
La Asociación de Vecinos de los Bloques Estrella -edificios en los que habitan muchas de las familias marroquíes afectadas por el fraude- presentará formalmente la próxima semana su solicitud ante la Fiscalía de Cataluña para que investigue los posibles delitos que se cometieron con estas ventas de pisos protegidos. Esta institución deberá decidir si abre diligencias y presenta denuncia si advierte indicios de delito, o bien si archiva el caso.
Entre la documentación que la asociación de vecinos aportará al fiscal figura una resolución de la Generalitat de 2006 por la que impone una sanción de 6.000 euros a la inmobiliaria Pomer Finques, SL, por "una falta muy grave" cometida con "la venta de una vivienda de protección oficial por un precio superior al legalmente autorizado". Para los vecinos de los Bloques Estrella, esta resolución es una prueba de que también las inmobiliarias participaron activamente en el fraude.
Pero quienes tuvieron un papel preponderante, según los vecinos, son los propietarios que vendieron los pisos. La asociación solicita a la fiscalía que investigue si además de "violar la limitación de precios que rige sobre las viviendas de Badia", todas ellas de protección oficial, "también han defraudado presuntamente a la hacienda pública" al cobrar en negro la diferencia entre el precio que hicieron constar en la escritura de compraventa, suma que correspondía a su valor legal, y el que realmente cobraron a los compradores.
En cuanto a las entidades bancarias, los vecinos creen que "aun a sabiendas de que un real decreto limitaba el precio de los pisos de Badia a la mitad del fijado para las viviendas de protección oficial de régimen general, les daban una valoración muy superior e intentaban encubrir su valor legal con hipotecas desmesuradas".
La entidad también cuestiona la legalidad del acuerdo al que han llegado la ahora denominada CatalunyaCaixa y la Generalitat, que gestiona los pisos de protección oficial a través de su organismo público de vivienda, Adigsa. El convenio establece que la entidad bancaria perdonará la deuda hipotecaria de las familias que han dejado de pagar las cuotas mensuales del crédito y, a cambio, se quedará con sus viviendas, aunque con su valor legal multiplicado por dos. Los vecinos consideran ilegal que una vivienda de protección oficial pase a manos de una entidad bancaria, cuando "los titulares de este tipo de pisos deben ser familias que los destinen a vivienda única y permanente y que acrediten que no sobrepasan un determinado nivel de renta". También dudan de la legalidad de la decisión de la Generalitat de duplicar el valor de las viviendas de Badia.
Según la Generalitat, la decisión, adoptada a principios de año, cuando afloraron los primeros casos de familias víctimas del fraude, permitirá que Badia "deje de ser una isla infravalorada" respecto a las poblaciones vecinas. Pero en opinión de los vecinos y las familias afectadas, la medida "solo favorece a los bancos, que no querían quedarse con unas viviendas que no valían nada, mientras que la deuda que perdonan a las familias afectadas es muy superior porque el valor de sus hipotecas lo es".
Las entidades que han denunciado el caso, entre ellas la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y el Observatorio Desc, han acusado a los notarios de haber permitido operaciones de compraventa de dudosa legalidad. El vicedecano del Colegio de Notarios de Cataluña, José Alberto Marín, negó ayer estas críticas. "El notario firma dos documentos distintos, el de compra-venta, en el que figura el precio legal, y el de la constitución de la hipoteca. El valor de esta puede sobrepasar al de la vivienda y no es de nuestra incumbencia el destino que el comprador dará al dinero de más que percibe con el crédito", afirmó Marín.
* El País - 11.11.10
Foto: Badía del Vallés (Barcelona) - poblescatalunya
3 comentarios :
Este es uno mas de de los ejemplos que nos han llevado al caos que sufren millones de familias y lo curioso del caso es que no hace falta ser un experto economista para saber que todo esto se acabaría cuando en este pais llamado España, la responsabilidad de las personas se termine cuando el bien hipotecado se entregue a la entidad que lo ha prestado si no hay posibilidad de pago, está muy claro: un prestamos hipotecario grava el inmueble o parcela que se da en garantía y eso de perseguir a la persona física toda su vida e incluso despues de desaparecer es una argucia que ni en la etapa del feudalismo mas atroz se conocia. Basta ya de hacer las leyes a la medida de los bancos y los constructores.
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1. Tinsa debe ser acusada por llevar a cabo una tasación irregular; 2. Caixa Catalunya debería despedir al director de la sucursal que otorgó la hipoteca, así como al equipo encargado de evaluar la viabilidad de la concesión, además de acusarles de llevar a cabo una operación ilegal; 3. Al vendedor, lo mismo... un buen puro para que aprenda; 4. El organo de gobierno encargado de vivienda en la Generalitat en ese momento, hay que abrirle una investigación para ver si se enriqueció con este proceso; 5. Por último, al comprador decirle... ¡mira macho! lo siento... pero si jugaste con los mayores y te hiciste daño, nadie más que tú tiene la culpa. Nadie te obligó a comprar a ese precio, y si ahora no puedes pagar, es otro asunto, pero no me vale que por el simple hecho de ser extranjero tengas una consideración legal distinta a la mía... Si el Gobierno (autonómico y estatal) no cesa de hacer distinciones de trato entre inmigrantes y españoles, lo único que conseguirán es que la ciudadanía vea con recelo y odio a los extranjeros... y ya sabemos donde lleva eso... TODOS SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.. y a quien no le guste, que abandone el barco.
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Qué fácil es buscar culpables, la culpa no es de las tasadoras, la tasadora le dice al banco: este es el precio legal (bien grande) y este otro es el de mercado: usted haga lo que quiera pero bajo su responsabilidad ¿Qué pasa que son todos tontos y no saben lo que hacen? Cada vez estoy más convencido que vivimos en un mundo de tontos en el que nadie es responsable de sus actos. Si le están pidiendo una barbaridad por su piso que encima no es lo que pone en la escritura, no lo pague, lo que pasa es que todos (bancos, clientes, inmobiliarias) estaban en el ajo, pero ahora hace falta un culpable.
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