Al mismo tiempo, el Concello ordena a Fenosa cortarle el suministro eléctrico a la obra ilegal. La mayoría de los infractores presentaron demanda contra esta resolución tras pasar varios años sin que se le notificase la apertura del expediente en cuestión.
En algunos casos, el juez de Pontevedra dio la razón al denunciante y el Concello se vio obligado a permitir que se conectase de nuevo el suministro. Desde hace un año, sin embargo, está recurriendo todas las sentencias ante el Tribunal Superior y, en todos los casos hasta ahora, con fallos favorables al interés municipal.
En uno de los últimos, referido a una caravana y una casa prefabricada en Areabrava, el magistrado resume así el asunto: «Se plantea la cuestión de si sigue o no vigente aquella orden de corte de suministro a aquel inmueble de autos por parte de aquella autoridad municipal una vez que, insólitamente, aquella otra autoridad autonómica significó no haber abierto otrora siquiera expediente alguno al respecto pese a haber recibido previa, oportuna y obligada comunicación» del Concello.
Concluye de que «a pesar» de que la Xunta «incurra en una sorprendente pasividad en inobservancia de sus obligaciones», sería «inaceptable que por el Ayuntamiento se tolerara la construcción de una actividad ilegal sobre suelo rústico».
Afirma que no existe prescripción para restaurar la legalidad urbanística vulnerada y añade que «la llamativa situación creada por la pasividad» de la Administración autonómica no justifica que el Concello también incumpla sus obligaciones.
El infractor argumentaba que había prescrito la ilegalidad, que la alcaldía no era competente para dictar el corte del suministro y que no era acorde a derecho mantener las medidas cautelares cuando la propia Xunta no había abierto aún el expediente de infracción.
El magistrado no admite ninguno de estos argumentos. «Llevaría al absurdo de permitir el uso de una instalación, caravana, que no tiene el amparo de la preceptiva licencia, de tal forma que el ilícito urbanístico se perpetuaría», dice. Impuso, además, el pago de las costas procesales al infractor.
* La Voz de Galicia - 25.11.10
Foto: DEMOLICIÓN FRUSTRADA EN PINTÉNS. El Concello pretendía derribar ayer un cierre en Pinténs. El propietario, en la foto, reclamó la orden judicial y el derribo fue aplazado - lavozdegalicia
1 comentarios :
Un caso paradigmático del caos urbanístico existente en casi todo el país (con algunas Comunidades Autónomas como Galicia, la Región Muciana, Canarias o el País Valenciano en cabeza del desastre).
Resulta que es la propia Justicia la que reprende a una Comunidad Autónoma por su pasividad, cuando ella misma es de una lentitud escandalosa, actuando normalmente (cuando actúa) una vez que el daño está causado y es casi imposible una reversión del delito cometido.
Pero lo de ciertas Comunidades Autónomas es igualmente significativo, siendo, normalmente, cómplices del infractor urbanístico por acción u omisión. Algo que clama al cielo ya que ellas, finalmente, tienen las competencias en Urbanismo y Ordenación Territorial. O sea, que no hay por donde cogerlo, porque aunque existan leyes (varias) no se aplican en los plazos establecidos y punto. Todo caduca. Pero como la Justicia, a su vez es lenta o no se entera de nada, pues estamos ante la pescadilla que se muerde la cola.
Y los Ayuntamientos, finalmente, en la mayoría de los casos, como ven la pasividad y/o complicidad de las Autonomías pues para qué complicarse la vida... a seguir cobrando del urbanismo ilegal y punto. Total se trata de vecinos y dan votos además!!
Así que en este país nunca pasa nada... así nos va, y nos ha ido, con la burbuja inmobiliaria y la crisis galopante que padecemos.
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