La realidad, por el momento, está cargando de razón a esas voces. En el PP, que cuenta en sus filas con más de veinte cargos públicos y orgánicos imputados o implicados en la causa, no se ha producido ninguna dimisión. El discurso oficial es que sin condenas, sin sentencias firmes, no hay culpables. En cambio, el vendaval 'Brugal', esa hidra feroz, se ha llevado por delante a los portavoces del PSPV-PSOE en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Amorós y Roque Moreno, por ese orden.
Resulta en cualquier caso prematuro extraer conclusiones. Todavía restan siete meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y muchos folios de las las diligencias judiciales, varios miles, pueden salir a la luz en ese tiempo. Cosa distinta, e incuestionable, es que el sumario, en el que se men ciona a más de un centenar de sospechosos, ha dejado tocada de muerte ante los ciudadanos de toda España la imagen pública de una región zarandeada previamente por las revelaciones de otro asunto de corrupción, el 'caso Gürtel', donde hasta la máxima autoridad de la comunidad autónoma está encausado.
Independientemente de lo que decidan los múltiples órganos judiciales llamados a resolver sobre el asunto en un futuro lejano -la Justicia se rige por sus propios ritmos, por lo general lentos como el andar de una tortuga-, las escuchas telefónicas del 'caso Brugal' demuestran una connivencia y una familiaridad poco saludables entre el mundo de la política y el de los negocios, un cordón umbilical que conecta desde hace mucho tiempo sin pudor alguno ambición, poder y dinero.
El 'caso Brugal' pivota constantemente alrededor de dos figuras omnipresentes en las pesquisas policiales: Ángel Fenoll, dueño y señor de la gestión de residuos en el sur de la provincia, con varios antecedentes penales a sus espaldas, y Enrique Ortiz, uno de los promotores de referencia en todo el territorio nacional, que ha amasado una inmensa fortuna y alumbrado un auténtico emporio con la diversificación de sus actividades comerciales en los últimos años.
Con estilos diferentes y una voracidad compartida, los dos supieron manejar sus hilos, desplegar sus tupidas redes de influencias y colmar de lujosas dádivas cuando no de ingentes cantidades de dinero a quienes podían favorecerles con la adjudicación de contratos públicos.
Curiosamente, el primero de ellos ostenta el dudoso honor de haber hecho saltar la liebre en la primavera del año 2006, al denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Felipe Briones, los supuestos sobornos que jalonaban el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de Orihuela. Esos tejemanejes, claro, le dejaban a él fuera del 'pastel'. Respecto de Ortiz, existen fundadas sospechas que apuntan a que utilizó a su antojo al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y a su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, ex edil de Urbanismo, para convertir la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un traje a medida de sus intereses.
Cruce de caminos
Los caminos de ambos empresarios se cruzaron con motivo del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, el que corresponde a la Vega Baja, que garantiza las próximas dos décadas una auténtica lluvia de millones de euros al adjudicatario. El pulso personal repleto de golpes bajos que sostuvieron Fenoll y Ortiz, las maniobras irregulares y soterradas que simultáneamente pusieron en práctica entre 2008 y 2009, terminó por estallar y se convirtió en una especie de big bang que ha irradiado todos los despachos oficiales donde latía una galaxia corrupta, de norte a sur de la provincia, desde Calpe hasta el Pilar de la Horadada.
De una u otra forma, a falta de una concreción procesal que el error judicial que propició la filtración ha alterado, la 'Operación Brugal' puede acabar salpicando a cuatro consellerias (Educación, Infraestructuras, Economía y Justicia), al vicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino, a once localidades de la provincia, la capital de la Región de Murcia, los principales partidos nacionales (PP y PSOE), a un guardia civil o a una funcionaria de Hacienda.
Igualmente, los 'pinchazos' telefónicos arrojan sombras de duda sobre el comportamiento de decenas de directivos de empresas, algunas tan potentes como Sufi o Cespa, filiales de Sacyr y Ferrovial, respectivamente, abogados, técnicos municipales o altos ejecutivos de las más importantes cajas de ahorros del espectro autonómico, Bancaja y CAM. No en vano, el ex presidente de esta última entidad Vicente Sala figura en el listado de sospechosos del fiscal Briones en relación a la trama del PGOU alicantino.
El mastodóntico sumario pone en tela de juicio la licitud de la construcción de escuelas infantiles, algunos tramos del Tram alicantino, la edificación de palacios judiciales e incluso el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. «Está todo el pescado vendido», llega a advertir a Ortiz sobre esa contrata Vicente Cotino, hermano del conseller del mismo apellido. «Es para Iberdrola por un compromiso del presidente», añade poco después en velada alusión al jefe del Consell, Francisco Camps.
La ambición de un promotor
Como publicó este diario, la ambición del promotor alicantino llegó hasta el punto de intentar, presuntamente, modificar toda una norma autonómica, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), para favorecer sus intereses en el sector del ladrillo. El artículo que establece la obligación de los constructores de ceder a la Administración un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro cuadrado reclasificado como urbanizable en otras zonas se erigía como un enorme obstáculo para los empresarios del sector.
Briones, que lleva años sin disfrutar de vacaciones estivales y debe lidiar con una gran precariedad de medios –no tiene asignado funcionario alguno en exclusiva a su departamento–, sostiene que el dueño del Hércules corrompió con dinero, inversiones, viajes, empleos, viviendas y coches a Castedo, Díaz Alperi y un buen puñado de concejales del Ayuntamiento de Alicante. También se habría mostrado tremendamente solícito en las dádivas con amigos íntimos de los consellers Gerardo Camps y Mario Flores.
Su yate estaba siempre a punto para zarpar si un amigo del PP lo requería. Bien provisto siempre del mejor marisco y champagna y de los puros más exquisitos. En él disfrutaron de días soleados y noches templadas el entonces alcalde de Alicante y su concejal de Urbanismo junto a otros compañeros de la corporación. Fotografías y vídeos realizados por los agentes de la Udef así lo atestiguan.
También gozaron sobre su cubierta o en sus camarotes el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mujer, Margarita de la Vega, empedernida amante del lujo según la describen las diligencias policiales. La investigación señala precisamente al jefe del PP provincial como el presunto cerebro del pacto al que habrían llegado Ortiz y Fenoll con la oportuna intermediación de otro empresario, Rafael Gregory, un personaje clave en toda la trama, para repartirse en secreto los beneficios del contrato del Plan Zonal.
Ripoll está imputado por cohecho, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y fraude. La Policía sospecha que recibió dos pisos, ayuda para imponerse en los comicios internos de su partido o respaldo en la operación de recapitalización de una televisión local, Canal 37, que él mismo impulsó, como contraprestación a sus gestiones.
Por su parte, Fenoll no dejó nunca de controlar su entorno natural, la comarca de la Vega Baja, donde parecía actuar como un auténtico cacique. El polémico industrial se aseguró presuntamente de forma encubierta el contrato de las basuras de Orihuela, cuya alcaldesa, Mónica Lorente, también está en el punto de mira de Anticorrupción. Lo mismo que una larga lista de ediles de ese mismo partido en el Consistorio.
Existen igualmente indicios de que sobornó supuestamente a varios alcaldes y portavoces del PP en seis localidades de la Vega Baja con entregas de dinero en metálico para garantizar su monopolio en las basuras en el sur de la provincia.
Fenoll estuvo siempre en medio de todo, allí donde su afilado instinto de lince de los negocios le dictaba que debía estar. La Fiscalía le acusa de financiar ilegalmente a los populares de su comarca, pero también a esa formación en Fortuna y al PSOE de Abanilla ( ambas en Murcia), donde tiene uno de sus famosos vertederos.
Ortiz, Fenoll, Fenoll y Ortiz, el brutal encontronazo de estos dos meteoritos en llamas ha alumbrado un particular sistema solar plagado de planetas y satélites sospechosos en las instituciones públicas. Albert Enstein enseñó a la humanidad que el Universo carece de límites. ¿Los tendrá esa galaxia corrupta que ha puesto ahora al descubierto un sumario con nombre de ron añejo?
LAS TRAMAS DE UN SUMARIO SIDERAL
Plan Zonal. Ripoll, Ortiz, Fenoll y Gregory son los principales imputados por la contrata de basuras de la Vega Baja.
Orihuela. Contrato local de basuras. La lista de sospechosos incluye a la alcaldesa, Mónica Lorente, y a muchos de sus ediles. Se investigan también delitos electorales en la campaña de 2007.
Calpe. Implica al ex alcalde Morató, otros dos concejales del PP y un ex edil de IU en irregularidades con el pesaje de residuos.
Vega Baja. Fenoll pudo dar dinero a los alcaldes o portavoces municipales de Rafal, Callosa, Bigastro, Algorfa, El Pilar y Jacarilla.
Autisa. Alzamiento de bienes y blanqueo en las empresas de los hermanos Gregory.
Hacienda. Una funcionaria del Estado es sospechosa de avisar de una inspección fiscal a Fenoll.
Hércules. Un juez archivó la presunta compra de partidos de fútbol en la temporada pasada.
Abanilla. Financiación irregular del PSOE.
Fortuna. Investigación sobre el alcalde y el PP de ese municipio.
Medio Ambiente. Posibles irregularidades en el vertido de residuos recogidos por Fenoll.
PGOU Alicante. Con varias subtramas, están implicados el ex alcalde Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, junto a Ortiz y otra veintena de empresarios y directivos de cajas de ahorro.
Generalitat. Presuntas irregularidades en el Tram, Parques Eólicos, Educación y Justicia.
Algas. Salpica a una contrata de la costa oriolana.
Economía. El Parque Cultural de San Vicente, un crédito del IVF y una contrata de Ciudad de la Luz están bajo sospecha. Afecta al conseller Gerardo Camps.
Murcia. La Policía investiga el proceso para dotar de tranvía a la capital de la Región.
Fundación. Esta entidad vinculada al Hércules pudo financiarse con contratistas de la Diputación.
Proambiente. Licencias sospechosas en las licencias para los accesos a una empresa de Fenoll.
Callosa de Segura. Se investiga su contrata de limpieza viaria.
Vinalopó. Supuestas irregularidades en Monóvar y Villena.
* La Verdad - 8.11.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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