La dualidad del urbanismo sostenible

RAMÓN IGLESIAS PÉREZ* : A raíz de las declaraciones de la entonces ministra Corredor -hoy secretaria de Estado- sobre la supresión de ayudas, es necesario reflexionar sobre la VPO y el urbanismo en Andalucía más allá de los efectos inmediatos que tales medidas traerán consigo. Desde la promulgación de la famosa Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía hasta la reciente aprobación por el Parlamento andaluz del Reglamento de Disciplina Urbanística se ha trabajado en una doble dirección: conseguir un desarrollo sostenible respondiendo a la realidad territorial, económica y social de Andalucía, y regularizar el uso del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación y dar respuesta al artículo 47 de la Constitución sobre el derecho a disfrutar de una vivienda digna. Muchas veces el deseo no encuentra acomodo en la contumaz realidad que nos ha sobrevenido.

Paralela y contradictoriamente a la avalancha normativa, se implantan una serie de medidas que conducen a un callejón sin salida e impiden dar cumplimiento a uno de los objetivos centrales de la política urbanística: la disposición de suelo a precio apropiado para vivienda protegida.

Las distintas consejerías y organismos de la Administración (Medio Ambiente, Vías Pecuarias, Agencia Andaluza del Agua...) han exigido medidas desorbitadas que han incrementado considerablemente los costes de urbanización.

Respecto a las compañías eléctricas, se legisla mediante R.D 1995/2000 para compensar el ya entonces déficit tarifario y que el promotor, público o privado, ejecute a su costa toda la infraestructura en todo tipo de suelos. Además, se consiente que las compañías de agua y saneamiento impongan sus exigencias sin dar opción a contrapropuestas razonables.

Continúan en este festín de incremento de costes muchos PGOU, cuyos redactores, contagiados por la alegría de la década prodigiosa, no han sido conscientes de la realidad económica de Andalucía, ni del poder adquisitivo de su población. Han diseñado, sobrepasando las exigencias del planeamiento vigente, unos sistemas generales constituidos por reservas de terrenos y construcciones de destino dotacional público que, a veces, no responden al más común de los sentidos, disparando con una pólvora que, una vez aprobados definitivamente, es difícil desactivar.

Muchos ayuntamientos se han financiado con el "urbanismo sostenible" y han negociado con los promotores, en función de las ayudas y las expectativas creadas, porcentajes de VPO mayores que los que fijaba la propia ley.

La anunciada derogación de las ayudas a la urbanización de suelo es un problema añadido al promotor que, por imposición legal, ha de tener fijada fecha para su ejecución bajo amenaza de expropiación por incumplimiento.

Todo lo anterior se ha gestado durante años en el autoengaño de que éramos un país rico, que los precios de la vivienda libre podían financiar todo tipo de sobrecostes y además -la cuadratura del círculo- obtener suelo para vivienda protegida cuya repercusión no podía exceder el 15% del precio de las mismas, según el art. 15 del Plan de Vivienda. Pero llegó la crisis y mandó parar.

Al mismo tiempo, se produce una dualidad difícil de comprender y que sitúa a los ciudadanos en desigualdad ante el Estado de Derecho. Los instrumentos de disciplina urbanística se muestran ineficaces ante las múltiples infracciones producidas que deterioran el territorio de manera irreversible. Los promotores que acatan la maraña legislativa soportan sobrecostes inusitados y años de tramitación. Si es difícil entender la tolerancia del pasado, más descorazonador es, si cabe, lo que nos espera con el nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística que, en aras del reconocimiento de una situación de facto, intenta normalizar generosamente la situación de desaguisado existente; desde Ayamonte hasta Carboneras, pasando por Chiclana, donde quedarán fuera de ordenación sólo 94 de las más de 15.000 viviendas ilegales, y Marbella con su renombrado caso Malaya, tenemos sobrada muestra de que la excesiva regulación no impide la especulación ni conduce a un desarrollo urbanístico sostenible.

Ante este inimaginable escenario se impone una reflexión sobre los excesivos condicionantes urbanísticos, jurídicos y técnicos pensados en el momento del boom y que ahora hacen inviables algunos de los planeamientos. Es necesario desregular todo lo que no aporte valor y simplificar los procedimientos administrativos. Suprimir las ayudas para la transformación de suelo para VPO es una temeridad, ya que hace aún más inviable los sectores dedicados a la vivienda protegida. Y, por último, es imprescindible acabar con la inseguridad jurídica que conllevan los cambios de normativa, producidos con inusitada frecuencia, para reconstruir un clima de confianza tan necesario en estos momentos.





* Diario de Sevilla - Opinión - 22.10.10