El penelopismo urbanístico

ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En efecto, una ley tras otra del Parlamento de Galicia han provocado la irritación en los ciudadanos, el desconcierto en los profesionales y un sobreesfuerzo añadido para los tribunales de justicia. A una regulación que inicialmente solo incidía sobre aspectos organizativos de la competencia autonómica, le siguieron nuevas disposiciones legales que abordaban ya la actuación, los medios de intervención y definición de las distintas categorias del suelo por parte de las administraciones públicas de Galicia. Y, así, en el primer día del año 2003, entraba en vigor la ley de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga), que pretendía sentar las bases para un urbanismo moderno a partir de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la realidad territorial, costera y rural del país. Sin embargo, las ambiciosas novedades normativas que se contenían en el articulado de esta ley quedaron en gran parte amortiguadas por las eclécticas y comprensivas disposiciones adicionales y transitorias incorporadas en la misma.

Los limites edificatorios que se establecieron en el articulado de la Louga para los suelos rústicos y de protección especial parecían evaporarse en función de criterios utilitaristas contrarios al espíritu de la misma ley; y similar suerte corrieron las serias advertencias impuestas a los municipios para que procedieran a la adaptación de los instrumentos del planeamiento en sus respectivos ámbitos territoriales. Todo lo cual se materializó en una nueva reforma legislativa que ha sido aprobada hace sólo unos meses.

Pero lo peor es que el 90 por ciento de los municipios de Galicia no han adaptado sus planes generales de ordenación, y, una vez más, por medio de estas nuevas modificaciones legislativas se trastocaron aquellos aspectos mas conflictivos referidos a los límites para la construcción en los municipios del litoral o las medidas de disciplina para las construcciones carentes de la preceptiva licencia, sin que el legislador autonómico se inmutara. El resultado de este desorden no podía ser así otro que un semillero de pleitos para nuestra muy estresada administración de justicia. ¿Cuándo finalizará la procelosa travesía por consellerías, ayuntamientos y juzgados a que obliga este desorden urbanístico? Quizá solo el día que se tome plena conciencia de que nuestras casas solo serán en un futuro próximo sostenibles si lo es la tierra sobre la que se levantan.


* Alfonso Villagómez. Maxistrado



* Xornal - Opinión - 5.09.10