Unanimidad para el estropicio

JUAN SOTO/Galicia* : Ahora resulta que van a tener razón quienes propugnaban la reconversión asfáltica de nuestra cartografía rural y aquellos otros que establecieron, vía planeamiento urbanístico, el principio de que el mejor destino de un espacio verde es su enladrillamiento en vertical. Porque en esa doctrina, la que aboga por la recalificación del suelo y su venta por pisos, parecen concordar, en confraternidad irrepetible para asuntos de menor interés crematístico, izquierdas y derechas, listos y tontos, playa y montaña, populares y socialistas. Sin necesidad de recurrir a ejemplos mediterráneos de esplendorosa repercusión publicitaria y judicial, he aquí que sin salirnos de la de provincia de Lugo sobran episodios con los que acreditar esta rara unanimidad. Por decirlo con la expresión acuñada por Ibarretxe para despachar el pacto de cohabitación ahora vigente en el País Vasco, en la circunscripción desde la que escribimos son innumerables los síntomas de «inmoralidad compartida» que afloran detrás de los repartos de beneficios, explican lo inexplicable, justifican lo injustificable, (re)califican lo incalificable y legalizan lo ilegalizable.

Proliferan los casos que ilustran la coincidencia en el afán recalificatorio, decíamos, y aún podríamos añadir que la invasión infecciosa cursa con carácter epidémico por toda la demarcación, sin respetar siquiera jerarquías paisajísticas, patrimoniales, ecológicas, monumentales, espacios naturales o reservas de la biosfera. De lo que pasa en la costa (rebautizada como A Mariña desde que a la Xunta de Fraga se le ocurrió el humorístico invento de la comarcalización), nada hay que decir más que lo que está a la vista de cualquiera observador no completamente idiotizado por los telediarios: estructuras inmobiliarias de gran porte se alzan, con impunidad redundante, en primera línea de playa.
Los frenazos con que a veces la Administración, contencioso por medio, trató de detener esta barbarie tuvieron con frecuencia vigencia meramente temporal, pues es bien sabido que en nuestro país las normas establecidas por unos gobernantes suelen ser derogadas por sus sustitutos y lo que aquéllos proscriben éstos autorizan. En Galicia no es imaginable un alcalde del PSOE o del BNG que acepte la norma urbanística sancionada por un alcalde del PP, y viceversa. Y cuando el plazo de vigencia les imposibilita la derogación, entonces se acogen al pragmatismo que reclamaba para sí el astuto e inagotable Romanones: «Hagan ustedes la ley, pero déjenme a mí el reglamento».
Los casos de Foz y Barreiros ya merecieron honores de portada en periódicos especialmente cuidadosos con los temas municipales y la crónica de tribunales. Al cuadro de honor se acaba de unir Cervo, cuyos gobernantes locales parecen altamente satisfechos ante el alejamiento de la contrariedad que para el municipio podría suponer el impedimento de levantar algunos bloques de viviendas sobre un castro celta de fertilidad arqueológica más que probable.
Pero que nadie piense que los males de la periferia no afectan al interior de la provincia. En la propia capital, la bimilenaria ciudad de Lugo, con su muralla Patrimonio de la Humanidad tratando de convertirse en reclamo para turistas plácidos e instruidos, el alcalde socialista no oculta sus deseos de recalificar la actual estación de autobuses, a veinte metros del monumento, para destinarla a usos de momento vagos pero en todo caso demandantes de un mayor desembolso de hormigón que el volcado en su día para levantar (con previo sacrificio de un jardín y una espléndida lonja de feria) la estructura actual, es cierto que de repelente tosquedad estética pero ya plenamente integrada en la fisonomía urbana de la ciudad a fuerza llevar ahí casi medio siglo.
Tal vez el destino de la provincia de Lugo, como el de toda Galicia, sea el de conservar las huellas visibles del pasado exclusivamente en los libros de historia, en las hemerotecas y en las colecciones fotográficas. Es posible que lo destruido hasta ahora sea nada al lado de lo que se viene encima. Quizá la sarcástica propuesta de Guillerme Vázquez, portavoz del BNG en el Parlamento gallego, para acometer decididamente la recalificación de San Caetano llegue a alcanzar vigencia ejecutiva en el DOG. A decir verdad, a Galicia le hace falta promoción mediática: un pelotazo urbanístico de tal categoría nos la garantizaría.





* ABC - Opinión - 8.08.10