ELPAÍS* : Recalificaciones, adjudicaciones de suelo, promociones que se multiplican en sitios remotos... Los ayuntamientos son responsables de la actividad que más riqueza ha generado en los últimos años, el urbanismo. Pero al calor de esa riqueza han surgido también fraudes monumentales. Consciente de esa realidad, la Agencia Tributaria rastrea los desarrollos urbanísticos de numerosos municipios con indicios de irregularidades. Esa información resulta clave para desentrañar casos graves de fraude inmobiliario.
Desde el año 2006, la Agencia ha pedido información a 55 municipios de forma directa, según explica un portavoz. Otras fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que esa cifra se puede "duplicar o triplicar" si se tienen en cuenta las peticiones que realizan por su cuenta las delegaciones autonómicas de este organismo. Así, la cifra más optimista elevaría esos requerimientos de información por encima de 150.
Andalucía encabeza la lista de comunidades con más municipios rastreados por la Agencia Tributaria. La intensa actividad urbanística de los últimos años, especialmente en la Costa del Sol, ha situado a los ayuntamientos andaluces en el foco de la Inspección. Este organismo recuerda que grandes operaciones de corrupción, como Malaya o Ballena Blanca, con Marbella como telón de fondo, se originaron a raíz de datos suministrados por la Agencia Tributaria. Y esos datos provienen en buena parte de estas pesquisas a los ayuntamientos.
Además de Andalucía, la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña constituyen los territorios más investigados. De la Comunidad Valenciana es el único ayuntamiento concreto al que se sabe que Hacienda ha pedido información, el de La Vila Joiosa. Este municipio alicantino próximo a Benidorm ha experimentado un desenfrenado desarrollo urbanístico, con adjudicaciones dudosas (más de la mitad de los sectores del planeamiento urbano se encargaron a sociedades de promotores y empresas próximas al Partido Popular, según publicó este diario). La Agencia Tributaria rechaza facilitar los nombres del resto de ayuntamientos bajo la lupa.
Para seleccionar los consistorios, Hacienda identifica los de "mayor riesgo fiscal" por el volumen de actividad inmobiliaria que hayan experimentado. Este criterio descarta a la mayoría de municipios y centra las pesquisas en muy pocos, en muchos casos costeros. "No es tan relevante el número de ayuntamientos como las actuaciones que de ahí se derivan", aseguran en la Agencia Tributaria.
Con la información solicitada, Hacienda investiga las modificaciones de planeamientos urbanísticos municipales, la clasificación, el uso y la edificabilidad del suelo, los nuevos instrumentos de planeamiento municipal, las adjudicaciones de suelo... El objetivo es revisar si lo que hay sobre el papel se corresponde con el desarrollo urbanístico real.
Un portavoz de la Agencia Tributaria aclara que las irregularidades detectadas no siempre son imputables a los ayuntamientos. A veces el proceso municipal se ajusta a la legalidad, pero las promotoras se exceden (por ejemplo, construyendo más, subcontratando irregularmente...). En cualquier caso, los supuestos de fraude clásicos suelen implicar tanto corrupción de cargos públicos como ilegalidades empresariales.
La mayor parte de los casos de irregularidades urbanísticas se salda con la apertura de un proceso inspector, la liquidación de los impuestos defraudados (IVA, sociedades o tributos municipales, según el caso) y la imposición de sanciones. Pero algunos de los supuestos destapan un fraude de mayor magnitud que Hacienda deriva a la fiscalía por indicios de delito fiscal (cuando la cuota defraudada supera los 120.000 euros y existe intención de cometer fraude) o por otros como blanqueo de capitales o malversación.
Hacienda comenzó a pedir información a los ayuntamientos en 2006, a raíz del plan de prevención del fraude fiscal que constató la "fuerte percepción social de que el fraude está muy extendido en el sector inmobiliario". La Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, diseña la estrategia de control de los ayuntamientos y da instrucciones a las delegaciones regionales de la Agencia para que escruten la información.
El fraude urbanístico ha concentrado casi la mitad del trabajo de la Agencia Tributaria en los años del boom urbanístico. El 40% de los inspectores se dedicaba a esas tareas. Con el declive del sector a partir de 2008, los recursos se reorientaron y ahora los esfuerzos dedicados al fraude inmobiliario son menores, aunque el volumen de evasión fiscal sigue siendo muy importante.
Un vivero de corrupción
- La herencia del GIL en Marbella. El caso Malaya, que obligó a disolver la corporación municipal en 2006, está a punto de llegar a juicio. En el banquillo de los acusados se sentarán el próximo 27 de septiembre el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, tres ex alcaldes y otros 90 procesados.
- Billetes en la basura del alcalde de Manilva. El juicio por la corrupción en Marbella interrumpirá la vista del caso Ballena Blanca en Málaga. La fiscalía acusa de cohecho al ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado, en cuya casa la policía encontró una bolsa de basura con 762.000 euros, supuesto pago por una recalificación.
- Urbanismo salvaje en Andratx. El ex alcalde del pueblo mallorquín Eugenio Hidalgo (expulsado del PP) cumple cuatro años de cárcel por edificar un chalé en suelo protegido. Las penas firmes del ex director general balear del Territorio, Jaume Massot, suman ocho años. Y quedan 30 causas penales por juzgar de una investigación que comenzó en 2006.
- El 'caso Pretoria' estalla en Santa Coloma. La corrupción hizo presa en la localidad barcelonesa. Una investigación culminada en mayo pasado implica al ex alcalde socialista, Bartomeu Muñoz, el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, Lluís Prenafeta y Maciá Alavedra, dos ex altos cargos de CiU, todos bajo la batuta de Luis García Saéz, Luigi, ex diputado del PSC.
- Orihuela, epicentro del último escándalo. Unas grabaciones realizadas por un empresario dieron origen al caso Brugal, que se dio a conocer hace apenas unas semanas y que releva una trama de corrupción en torno a las contratas de basura de esta localidad alicantina. El juez imputa a la cúpula del PP en Orihuela, incluida la alcaldesa, y al presidente de la Diputación de Alicante, el también popular José Joaquín Ripoll.
- La alargada sombra de El Pocero sobre Seseña. La macrourbanización que promovía el constructor Francisco Hernando, El Pocero, en la localidad toledana fue uno de los símbolos del boom inmobiliario. El constructor dejó su obra a medio hacer (5.600 de las 13.200 viviendas previstas), pero la investigación continúa. La fiscalía acusó al ex alcalde socialista, José Luis Jiménez, que autorizó el proyecto urbanístico, de cohecho y prevaricación.
- Boadilla, el frente urbanístico de la trama Gürtel. La red que consiguió contratas de los gobiernos autonómicos de Madrid y Comunidad Valenciana estuvo muy activa en la localidad madrileña. La imputación en el caso forzó la dimisión de Arturo González (PP) y la policía pidió al juez la detención de su sucesor en la Alcaldía, Juan Siguero.
* El País - 30.08.10
Foto: Edificios en construcción en 2008 en la Villa Joiosa, uno de los municipios que están siendo investigados por hacienda.- elpais.com
Hacienda investiga los ayuntamientos en busca de fraudes urbanísticos
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30.8.10
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
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8 comentarios :
Eso del acuerdo urbanístico por el bien común, y el bien común lo dice el ayuntamiento y las autonomías o la administración central, nunca me ha dejado tranquilo. Ahí tenemos esos engendros previa puesta de mano, bien para las arcas de la administración correspondiente o bien con el derrame para otra cosa mariposa. Un caso este país.
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si si... claro, pues que paren las obras antes de que se construya... pero eso no lo hacen, para que ... si no se construye luego no podran cobrar multas que impondran a ayuntamientos y constructores, Los cuales ya estarán lo suficientemente forrados para tomarse la multa como un simple donativo. Es mas comodo dejarles hacer sus hoteles.... luego se les mete la multita que engorde las arcas y que silencie un par de bocas, mientras ellos siguen con sus hoteles abiertos haciendose de oro, y las playas quedandose sin arena gracias a los muros de ladrillo que plagan nuestras costas.....
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Creo razonable que Hacienda investique toda vez que el fiscal anticorrupcción no se entera de nada. Nos enteramos de los desmanes a través de los medios de comunicación ¿Para qué sirve esta fiscalía anticorrupcción? En vista de que no hace nada para evitar estos demanes, ¿no sería prudente enviar a todos los de la fiscalía anticorrupcción a sus casa por flagrante abandono de su actuividad con devolución de los honorarios cobrados en los 3 años pasados?
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Siempre me llama la atención el echar la culpa a los ayuntamientos sobre los temas y corrupciones urbanísticas, digo que me llama, porque ellos no tienen la libertad absoluta, proponen planes de urbanismo que las COMUNIDADES AUTÓNOMAS APRUEBAN, O NO, pero nadie dice nada al respecto. Por no decir, de los MINISTERIOS DE FOMENTO Y VIVIENDA, que también intervienen. La corrupción está repartida a partes proporcionales, no descansa solo en la corporación municipal desde luego. Por lo demás, ¿cómo se pretende que se financie un ayuntamiento y de los servicios del s XXI que queremos los ciudadanos, con el IBI, la tasa de basuras, los vados y las terrazas?, no seamos ingenuos, se condenó a los ayuntamientos al ladrillo desde que se hizo la constitución.
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Los funcionarios de las diferentes administraciones, aytos, comunidades y adm. central(que tanto saben, y tanto han estudiado segun ellos para conseguir su plaza) no se hubieran callado como gallinas y hubieran denunciado todos los chanchullos y corruptelas que han pasado por sus manos desde un principio tan fuerte y escandalosamente como cuando le han rebajado el 5% de su sueldo, los casos de corrupcion hubieran descendido vertiginosamente. Todos deberian estar imputados como colaboradores en todos estos fraudes , sin embargo ningun juez los imputa y ademas aparecen como victimas de la politica de este gobierno.
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Pero hombre porque no os pasais por Fuengirola, Torremolinos, Benalmadena, Malaga y Mijas, en donde los mismos del caso Malaya han operado y con los mismos metodos, ampliacion de techos, rapidez en ejecucion, paron a la competencia, recalificacion a la carta, vease Avilas rojas, Aifos, Sandokan, Salamanca, mas todos los corruptos de menor escala, todos han pasado por caja solamente hay que conocer a los testaferros y veran que es imposible que puedan ser propietarios de esos bienes.
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El chanchullo siempre requiere que los técnicos del ayuntamiento estén en el ajo. No hay que olvidar que los políticos pasan pero los técnicos permanecen. Sólo con inspeccionar a interventores, secretarios, arquitectos y urbanistas, así que con sólo revisar las cuenta bancarias y los incrementos de patrimonio de estos tíos y apretarles las tuercas es suficiente. Sino, de donde salen los 4x4, chalets, estudios en EEUU o Londres, o los rolex y hublots?
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Hacienda investiga a ver si en encuentra fraudes urbanísticos en los ayuntamientos. Qué risa. ¿Pero en qué mundo viven estos del Gobierno? No se han enterado todavía a qué suelen dedicar su tiempo los concejales de urbanismo de su partido, de todos los partidos. Claro, como Hacienda, que somos todos (otra vez la risa), se dedica a perseguir a los que tienen un sueldo (bueno, al que tiene la suerte de tener) y, además, cobra en blanco, pues pasa lo que pasa: que la mayor sangría económica de España se localiza en las administraciones locales y Autonómicas. Si el Gobierno tuviera valor para enfrentarse a esa realidad, ya estaríamos fuera de la crisis económica. Pero esto es imposible, y los que pagan el pato son la sanidad, la educación, es decir la base del buen funcionamiento del Estado.
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