Delitos urbanísticos

JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE* : Como decíamos ayer, ciertas situaciones políticas de Córdoba están mucho más cerca del sonrojo que de la idealidad. Los tribunales de justicia han vuelto a derrumbar -metafóricamente, se entiende-, por tercera vez consecutiva, la primera fase de legalización de Colecor, refrendada por la Gerencia de Urbanismo del anterior Gobierno municipal con sus respectivos informes jurídicos y técnicos positivos incluidos. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía respalda en su integridad la sentencia de un juzgado de Córdoba, la primera en aclarar la imposibilidad legal de aquellas naves de Colecor de sombreado recuerdo, por lo que tuvo aquello, frente a la inmensidad de los ciudadanos que tienen que plegarse a la ley, de quebranto arbitrario del principio de legalidad.

Esta sentencia surge del recurso presentado por Mezquita Sur Inversiones, una empresa filial de Arenal 2000. El fallo del TSJA desestima la apelación, por no encontrar ubicación el proyecto inicial de aquellas naves en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que es la que contempla las iniciativas empresariales que pueden ubicarse en suelo no urbanizable, como era el de Colecor. Así, según esta sentencia, se ratifica de nuevo lo que los ciudadanos ya sabían: que aquel emplazamiento era ilegal, que lo era entonces y lo sigue siendo ahora, y que aquel Ayuntamiento no es que hiciera la vista gorda, sino que respaldó y que hizo posible una ilegalidad de innegable impacto medioambiental y jurídico, por no hablar del menosprecio público y consciente del principio de legalidad: y hay que reiterarlo, porque llegados a este extremo es casi lo único que podemos exigirle a nuestros gobernantes, un cumplimiento escrupuloso del principio de legalidad, que ni siquiera puede ser vulnerado por compañeros de viaje ocasionales con complicidades sinuosas.

El proyecto empresarial presentado entonces por Arenal 2000, una nave almacén para productos de importación, no podía ser contemplada como una iniciativa de interés público. Urbanismo, ahora, ha optado por una ampliación de sus capacidades, para poder capear esa ilegalidad. Pero, pase lo que pase finalmente con las distintas situaciones procesales que protagoniza ahora el empresario Rafael Gómez, y con las dichosas naves ilegales de Colecor, lo que va a quedar en la ciudadanía es la sensación de impunidad de algunos poderosos, amparados por el Gobierno municipal, curiosamente, de Izquierda Unida. Tampoco creo que todo esto ayude a la sensación generalizada de divorcio entre la sociedad civil y la clase política, esta impresión de que unos dirigentes políticos pueden ser cómplices o cooperadores necesarios en un delito urbanístico y continuar ostentando sus mismas responsabilidades públicas, o incluso aún más altas, mientras siguen saliendo las sentencias que los desacreditan a perpetuidad, sin que ninguna autoridad judicial, moral o partidista, les enmiende la plana y la conciencia. Es una tristeza general, pero esto es lo que hay.





* El Día de Córdoba - Opinión - 2.07.10