Dos de los acusados por la trama de Gondomar admiten haber cobrado 540.000 euros por apoyar convenios

LAVOZ/Pontevedra* : El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, apunta a que el dinero se destinaba a financiar la campaña del PP en Uruguay y actos de Move Gondomar. Dos de los acusados por la trama destapada hace tres años en Gondomar han reconocido haber cobrado más de medio millón de euros por apoyar tres convenios urbanísticos. El arquitecto vigués, que al parecer ejercía como intermediario, y el ex concejal de Cultura, José Luis Mosquera, se han declarado culpables y han mostrado su disposición a colaborar con la justicia para reducir su condena.

El juicio ha arrancado esta mañana en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial con sede en Vigo y en el banco de los acusados se han sentado los dos ex concejales del PP de Gondomar -ya sin cargos públicos-, la ex pareja de uno de ellos y un arquitecto, a los que se ha pedido explicaciones por pedir 960.000 euros por apoyar tres proyectos urbanísticos en el municipio pontevedrés, tal y como los acusa el Ministerio Fiscal.

El ex edil de Cultura, José Luis Mosquera, ha reconocido que cobraron dinero a tres promotores urbanísticos para financiar la campaña del PP en Uruguay y el partido independiente Move Gondomar, aunque dijo que las cifras eran menores a las que apuntaba la fiscalía, 540.000 euros. Acusó de ser el cabecilla de la trama al ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez, quien no asumió los hechos y su abogado mantuvo su petición de absolución. Del mismo modo, la defensa de la ex pareja de Mosquera pidió su absolución ya que simplemente acompañaba al ex concejal en una de las citas con los promotores.

La vista no finalizará hasta el viernes y en ella se decidirá si los imputados son merecedores de ser multados en total con 4,6 millones de euros, además de diversas penas de suspensión de empleo o cargo público. La cárcel no figura como posibilidad ni en los planes del fiscal.

Pruebas grabadas

El caso de la trama urbanística de Gondomar fue desvelado por un empresario vigués, intermediario de una de las urbanizaciones que se pretendían llevar a cabo en la villa, quien se prestó, tras presentar la denuncia, a grabar en vídeo de forma secreta algunas de las reuniones llevadas a cabo con los ediles y el arquitecto en las que estos le habrían solicitado dinero a cambio de allanar el camino en el Concello a uno de dichos proyectos inmobiliarios.

Una sucesión de llamadas intervenidas judicialmente y la grabación de la petición del cohecho desde una cámara oculta en un botón de una chaqueta desencadenaron las detenciones el 14 de febrero del 2007. Dos de los inculpados fueron cogidos con las manos en la masa. El entonces concejal de Cultura de Gondomar, José Luis Mosquera, y su pareja, Belén Fernández, recibían aquella noche en la cafetería de un céntrico hotel de Vigo un paquete con 60.000 euros en concepto del primer pago por incluir en el nuevo Plan Xeral de la localidad el permiso para construir en una finca de 33.335 metros cuadrados. El segundo pago se libraría con la aprobación por parte de la Xunta del PXOM.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil concluyeron que el citado concejal junto con el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez, habían pedido con la «intermediación» del arquitecto Borja Ramilo casi un millón de euros a tres empresas por incorporar sus proyectos urbanísticos al Plan Xeral.

Pinchazos recurridos

Gran parte del caso se fundamenta en las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por los ediles y el arquitecto, así como por las declaraciones prestadas por los promotores a los que les fue reclamado el pago del presunto cohecho. Por eso, la defensa de los imputados ha tratado hasta en seis ocasiones de que se declaren nulas dichas grabaciones, al estimar que no fueron autorizadas correctamente y que además las conversaciones en ellas registradas fueron inducidas por el intermediario que destapó el caso. Los socios del empresario que se prestó a hacer de gancho para detener a los cuatro implicados niegan tal versión, como también la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las defensas auguran en todo caso nuevos recursos si sus defendidos son condenados.





* La Voz de Galicia - 31.05.10
Foto: Gondomar (Pontevedra), juicio - lavozdegalicia.es