Costa Rica: Traspié de la planificación urbana

NACIÓN/Editorial* : Quince millones de euros y años de dedicación debieron producir los grandes lineamientos de la Planificación Urbana Regional de la Gran Área Metropolitana (Prugam), con efectos sobre 31 cantones ubicados entre Paraíso de Cartago y Atenas de Alajuela. Proyectado a treinta años, el plan tuvo el ambicioso objetivo de normar la expansión urbana y reemplazar con criterios ordenadores lo que hasta hoy es un caos más o menos contenido por las regulaciones vigentes. Quince millones de euros y años de dedicación más tarde, el país cuenta con obras “demostrativas”, como el bulevar de la Unión Europea (Avenida 4) y la iluminación del parque de Zapote, amén de nuevos planes reguladores en 22 cantones, pero la guía maestra del desarrollo urbano topó con el rechazo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

La institución señala diversas incongruencias en el proyecto, en particular la existencia de riesgos para las zonas de protección ambiental. También objeta la poca consideración brindada a factores como las fuentes de empleo y el crecimiento poblacional en zonas específicas. Como para no declarar el costoso intento fallido, la ministra de Vivienda, Clara Zomer, y el presidente ejecutivo del INVU, Alfredo Bolaños, sentenciaron que algunos elementos del plan son “rescatables” y podrían ser utilizados en el futuro.

“Del ahogado, el sombrero”, parecen decir las autoridades rectoras del desarrollo urbano, pero el sombrero habría costado, en este caso, millones de euros. No puede dejar de causar asombro la facilidad con que los responsables pasan la página más de un año después de haber recibido el estudio. Más asombrosa aún es la explicación del Ministerio de Vivienda sobre su participación en el enojoso tema.

Edgar Brenes, director del Prugam, fustiga al INVU por rechazar un proyecto en cuya ejecución fue invitado a participar como ente rector del desarrollo urbano. Según Brenes, la institución siempre argumentó falta de personal y recursos. El presidente ejecutivo del INVU, por su parte, simplemente niega tener las competencias necesarias para supervisar el desarrollo del proyecto. De entrada, llama la atención que la entidad con potestades suficientes para rechazar el plan no las haya tenido para participar en su desarrollo.

Por añadidura, la ministra Zomer contradice al presidente ejecutivo y tercia en la polémica para dejar en claro la obligada participación del INVU. Tan claro tiene la Ministra el deber de supervisar que se declara sorprendida por la omisión: “Teníamos la confianza de que estaba siendo supervisado. Posiblemente se vieron las cosas desde un punto de vista parcial. No se vieron en su conjunto. No se qué pudo haber pasado”.

Tampoco el país sabe lo que pudo haber pasado, pero debe llegar a saberlo. Si atendemos las explicaciones de la Ministra, solo es posible concluir que el INVU, una institución bajo su rectoría, no supervisó la elaboración de un costoso plan de planificación urbana, cuyos alcances se proyectan sobre las regiones más pobladas de Costa Rica. En consecuencia, se vio obligado a rechazarlo, y del costoso proyecto solo quedan algunos elementos “rescatables”. Esos elementos son apenas partes de un todo cuya regulación daba sentido al proyecto. Prugam nunca tuvo el propósito de ser un instrumento parcial y, si termina siéndolo, en el mejor de los casos, apenas justificará algo de la inversión.

Las deficiencias y fortalezas del proyecto rechazado por el INVU son objeto de debate, pero la omisión de las autoridades urbanísticas fue confesada y falta saber si el Estado reaccionará para establecer las responsabilidades.





* Nación - Opinión - 5.05.10