Urbanismo: derribos y destrozos

ROBERTO BLANCO/Galicia* : Para que no haya duda alguna lo dejaré claro desde ya: creo, y así lo he escrito en este periódico en muchas ocasiones, que el problema del deterioro del espacio y del paisaje que desde hace décadas sufrimos en Galicia a consecuencia de un urbanismo salvaje y de nula calidad es una de las mayores tragedias a las que debemos hacer frente. Y porque lo creo, estoy convencido de que los instrumentos de disciplina urbanística -incluido el derribo de construcciones ilegales- son una exigencia inexcusable para poner coto a esa auténtica plaga de feísmo, «vai facendo» y «tú tranquilo, que al final todo se arregla».

Es, por tanto, desde esa convicción desde la que considero que la citada disciplina tiene que ser compatible, en todo caso, con un elemento esencial de cualquier Estado de derecho: hablo, claro está, de la seguridad jurídica.

Pues es la seguridad jurídica -sin la cual nuestros derechos se esfuman en el aire- la que exige no dar el mismo tratamiento al caso de una construcción ilegal levantada a la brava sin ningún tipo permiso (ni siquiera el de la inteligencia) y el de una que se declara ilegal tras haber sido edificada legalmente y tras haber sido vendida a propietarios que han comprado desde su más absoluta buena fe.

En el primero de esos casos, la reacción de la ley ha de ser implacable: el que edifica donde no se puede edificar ya sabe a lo que está: a que, antes o después, y salvo que tenga mucha suerte y buenos amigos entre los políticos de turno, se verá obligado a derribar lo construido ilegalmente. Lo más importante es aquí la generalidad de la reacción, pues es la extendida conciencia de que siempre hay excepciones la que anima a muchos a intentar colarse de matute dentro de ese grupo.

En el segundo de los casos -el del comprador de buena fe que ve de la noche a la mañana que lo que había sido legal durante años, porque contaba con todos los permisos necesarios, se convierte de pronto en ilegal y en objeto de orden de derribo-, el afectado no puede aspirar, desde luego, a que aquel no llegue a ejecutarse: la ley es dura, dice el brocardo latino, pero es la ley.

Sin embargo, un elemental sentido de la justicia hace necesario que el perjudicado de buena fe por tan escandaloso funcionamiento de una Administración que (haya actuado de forma delictiva o no, lo que es otra historia) resulta incapaz de hacer cumplir la ley en tiempo y forma, sea compensado no con los ridículos criterios indemnizatorios que suelen ser frecuentes, sino de un modo que de verdad repare su destrozo moral y material. Eso es lo que exige la seguridad jurídica: sin ello, los ciudadanos somos meros súbditos en manos de un poder que puede ser irresponsable y salirse de rositas.


* Roberto Blanco Valdés - El Ojo Público



* La Voz de Galicia - Opinión - 23.04.10