Totana: El juez imputa doce delitos a Morales y dice que cobraba de una empresa privada

LAVERDAD/Murcia* : El magistrado señala que el ex regidor y «sus secuaces» se iban a repartir 3,6 millones de una «sustanciosa comisión». Tres años y cuatro meses exactos han pasado desde el día en que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pusieron boca abajo el Ayuntamiento de Totana, en la primera gran redada contra la corrupción urbanística que se registraba en la Región. Ahora, el desenlace de una parte significativa del proceso judicial a que dio origen esa operación policial, bautizada como 'Tótem', empieza a estar muy cerca.

El magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez-Templado, notificó ayer el auto por el cual se inicia el procedimiento abreviado -la antesala del juicio- contra el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional -el PP lo expulsó tras ser imputado-, Juan Morales, y otras doce personas, tal y como ayer ya adelantó este periódico.
Lo más significativo del mencionado auto son los múltiples cargos que el magistrado imputa a Morales - dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos-, así como un resumen de los hechos que, no por conciso, resulta menos revelador. Así, señala el instructor que Juan Morales, «durante su mandato como alcalde entre 2003 y 2007, se ocupó de la gestión de numerosos convenios urbanísticos, y en concreto de uno que promovió la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez Arias».
Relata que para llevar a buen puerto la operación, el entonces alcalde se involucró en la compraventa de terrenos, utilizando personas interpuestas -que también han resultado imputadas, como su ex esposa María del Carmen Jordán y la sociedad Gestoría Jordán, Juan Antonio Álvarez Moreno (Deitania Trading S.L.), Fulgencio Marín Bravo (Agroproducciones Integradas S.L.), Gabriel Martínez Navarro (Huevos Maryper), Joaquín Carmona Abellán (Nubia Inversiones), Domingo Sánchez Martínez (Visanfer S.A.) y Juan Antonio Alcántara, socio de Carmona-, y a cambio de esas gestiones iban a percibir, «Morales y sus secuaces», una «sustanciosa comisión» de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas).
La citada comisión se documentos, según el juez, «como reconocimiento de deuda de la empresa promotora Inmonuar a Nubia Inversiones», y se abonaría si la operación concluía de forma satisfactoria.
Otras presuntas ilegalidades
El resto de los delitos que el juez imputa al actual parlamentario proceden de su intervención en la venta de unos terrenos de una sociedad municipal, Provinvitosa, a la firma Huevos Maryper, con un supuesto perjuicio económico para el Consistorio; el hecho de que Morales estuviera dado de alta como trabajador de esa empresa privada, «cuando no tenía relación laboral alguna»; enviar dinero supuestamente ilícito a Brasil (unos 150.000 euros, según el fiscal), a través de su novia Vaneide Freita, para construirse una vivienda; hacer llamadas de teléfono a ésta y a otras amigas de Brasil a cargo del Ayuntamiento, y sustraer expedientes municipales.
Todo un cumulo de supuestos y muy variados hechos delictivos que podrían suponer una condena de varias decenas de años de prisión al ex alcalde popular.
Martínez Andreo, exculpado
Especialmente relevante es, asimismo, el hecho de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, haya quedado exculpado del presunto delito de cohecho o, en su defecto, de negociaciones prohibidas a los funcionarios, por el que ha permanecido en esta causa desde hace más de tres años. Pérez-Templado considera que de la conversación entre Martínez Andreo y un ex concejal totanero, Juan Francisco Casanova, que fue interceptada por la Guardia Civil, «no se deduce la existencia de un pacto para eliminar al antiguo alcalde Juan Morales de la percepción de comisiones ilegales para suplantarlo él». Sí afirma el instructor, sin embargo, que «si algo puede deducirse de la conversación telefónica con Casanova, queda en el arcano de las intenciones». Pero, tal y como recuerda el magistrado echando mano del latín, cogitaciones poenam nemo patitur'. O, traducido al castellano, que los pensamientos no son delito.
Añade, además, una razón procesal: de haber existido tal pacto para quitarle las comisiones a Morales, «la competencia no sería de esta Sala, al no tener relación directa con el aforado (Juan Morales) que motiva nuestra actuación», sino de un juzgado ordinario. De ahí que, por ambas razones, el instructor ordene el sobreseimiento provisional.
En el caso de Martínez Andreo, es previsible que el Ministerio Fiscal recurra en apelación ante la Sala de lo Civil y de lo Penal, como ya hizo con un anterior sobreseimiento, con el fin de intentar sentar en el banquillo a Martínez Andreo. De hecho, en un escrito presentado el pasado día 9, el fiscal interesaba que se dictara auto de preparación de juicio oral contra Martínez Andreo y Casanova «por interesarse en la solicitud de la comisión que había realizado Morales a Inmonuar, al menos en grado de tentativa, o interesarse en una operación inmobiliaria que iba a generar una posible plusvalía a por unos terrenos propiedad del segundo». Unos hechos que, según el fiscal, podrían ser constitutivos de cohecho o de negociaciones prohibidas.
Otra causa abierta en Totana
En el caso de Martínez Andreo, el sobreseimiento provisional sólo afecta a la causa por supuesto cohecho, ya que en el juzgado de Totana está vigente la investigación por delitos como prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, malversación, violación de la correspondencia y, el más reciente, el de obstrucción a la justicia por presuntas coacciones a un testigo.
En la práctica, el auto de apertura de procedimiento abreviado dictado por Pérez-Templado supone que las diligencias han quedado concluídas y que, una vez sean resueltos los recursos que previsiblemente presentarán el fiscal y los letrados defensores, podrá procederse al señalamiento del juicio. La fecha de la vista estará fijada, previsiblemente, entre los meses de septiembre y diciembre próximos.
El tribunal estará constituído por el presidente de la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ, Juan Martínez Moya, y por los magistrados Manuel Abadía Vicente y Enrique Quiñonero Cervantes.




* La Verdad - 30.04.10
Foto: Totana, ayuntamiento - lomejordemurcia.com