País Vasco: Ordenación Territorial: ¿cuándo, cómo y para qué?

M.GURRUTXAGA, I.ARRIOLA y J.K.ARBAIZA* : Los días 23 y 24 de noviembre de 2009 se celebró la octava edición del Congreso Euskal Hiria en Bilbao. El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco junto a la Fundación Metrópoli, organizan anualmente este foro que presentan como espacio para el debate e intercambio de ideas en relación a la planificación territorial, pero que se convierte básicamente en una labor comercial destinada a alabar el insostenible modelo territorial que desarrollamos en este país.

El Gobierno vasco lleva años definiendo el escenario territorial deseable y se apoya en el término acuñado por Bernardo Atxaga, Euskal Hiria. Pero, verdaderamente ¿qué hay detrás de esta propuesta?

La ordenación del territorio es una función pública cuyos objetivos fundamentales son el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional del territorio. Constituye un proceso de índole fundamentalmente política, al carecer de criterios universales en los que basarse, y que debe afrontar los conflictos entre los objetivos contradictorios que se plantean en todo grupo social. Por ello, es fundamental que participe toda la comunidad en el proceso.

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la CAPV son el marco general de referencia que debe respetarse en el País Vasco para la formulación de los demás instrumentos de ordenación, sean dictados por la Administración autonómica, la foral o la local. Las Directrices en vigor se aprobaron en 1997 y actualmente se encuentran en fase de revisión siguiendo un procedimiento aún por determinar. En este sentido, la Carta Europea de Ordenación del Territorio subraya la necesidad de la participación ciudadana en la elaboración de los planes de ordenación correspondientes al señalar que todos los ciudadanos europeos deben tener la oportunidad de participar dentro de un marco institucional adecuado en la adopción y en la aplicación de cualquier medida de ordenación del territorio y que toda política de ordenación del territorio debe basarse en una participación activa del ciudadano. En el Decreto 28/1997, de 11 de febrero, por el que se aprueban definitivamente las DOT, se subraya que la participación constituye un elemento consustancial a la formulación y elaboración de los distintos planes de ordenación del territorio y urbanismo.

Ante el déficit de participación pública que ha venido arrastrando la política de ordenación territorial en la CAPV, ¿no sería necesario, de cara a realizar la revisión de las DOT, elaborar y presentar públicamente un diagnóstico serio de las dinámicas que ha sufrido el territorio desde que se aprobaron las de 1997? En base a este diagnóstico, nos podríamos plantear públicamente cómo han de revisarse las DOT. Por ejemplo, ¿se están consiguiendo en la CAPV los objetivos doctrinales de la ordenación del territorio antes citados? ¿Está la mayor parte de la sociedad vasca a favor de un modelo territorial que polarice la actividad económica y social hacia las capitales vascas, con las repercusiones de congestión y desequilibrio territorial que ello conllevaría? ¿Se han planteado y debatido públicamente otros modelos territoriales para el futuro de la CAPV? ¿Puede seguir perdiendo la Comunidad Autónoma cada año una superficie de suelo agrario equivalente a 700 campos de fútbol? ¿Existe una política seria, consistente y debatida públicamente en materia de transportes, dirigida a minimizar los graves problemas que sufre la CAPV en esta materia? ¿Es una apuesta acertada el impulso de la actividad logística como uno de los motores económicos fundamentales para el futuro de la CAPV? ¿Son sostenibles y socialmente equitativos los modelos urbanísticos desarrollados en los últimos lustros? Las respuestas a estas y otras preguntas deberían resolverse públicamente en el proceso de revisión de las DOT.

* Ambientólogo, abogada y geógrafo, respectivamente.




* DEIA - Opinión - 27.01.10

1 comentarios :

itzain dijo...

Totalmente de acuerdo con la reflexión planteada, que además es válida para la mayoría de las CCAA del reino.
Ahora que lo pienso... ¿a ningún partido político se le ha ocurrido plantear esas preguntas en ninguna institución?
Será que como dicen cada vez más expertos, la Legislación fomenta deliberadamente la corrupción?