Puente Genil: La jueza ve indicios de delito en el caso del nuevo cuartel

INFORMACIÓN/Córdoba* : El procedimiento judicial abierto para investigar las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Puente Genil seguirá adelante. Así se desprende del auto judicial hecho público esta semana por el que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Puente Genil ha decidido iniciar un proceso penal contra el alcalde, Manuel Baena, y otros nueve concejales más pertenecientes a diferentes partidos políticos...

(Alberto Gómez, Asunción Gallego, José María Campos y Juan Perales (IU), Andrés Pérez, Francisco Esojo y Francisco Barrios (PSOE), Francisco Velasco (PP) y José Luis Borrego (PA), todos ellos integrantes de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo que dio el visto bueno a la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento en abril de 2005. Alcalde y concejales se sentarán en el banquillo acusados de un delito contra la ordenación del territorio, pero no serán los únicos, ya que sobre el promotor de las obras, Manuel Cosano, también pesa este mismo cargo además de otro delito de tráfico de influencias, mientras que el arquitecto de la Guardia Civil y Jefe de la Sección Técnica de Andalucía, Salvador Salmerón, será procesado por un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Además, la jueza exculpa al general José Píriz, de cuya actuación no se aprecian “indicios de criminalidad”.
Según se desprende del auto, el promotor contactó con la Guardia Civil en 2002 ofreciéndose para construir el cuartel. En esa reunión estaba presente Salmerón, que posteriormente comunicó al Ayuntamiento el interés del Instituto Armado en construir un nuevo acuartelamiento en la localidad, algo a lo que fue receptivo el Consistorio pontanés que se mostró “dispuesto a modificar el PGOU, si fuera preciso, de la zona elegida". La jueza también entiende que “existen indicios” de que el empresario tenía información privilegiada sobre los terrenos en los que se iba a construir el nuevo cuartel, de hecho en el auto aparece que en el año 2004 Cosano compró una parcela en esa zona tan sólo unos días después de que Salmerón enviase un fax al Ayuntamiento de Puente Genil en el que designaba la misma como el lugar elegido para la construcción del cuartel.
Un año después, en abril de 2005, tiene lugar la reunión de la Comisión Informativa de Obras y Urbanismo en la que se debate la concesión de la licencia de obras del nuevo acuartelamiento. En principio, todos se muestran de acuerdo para otorgarla, aunque esa decisión se toma en contra del criterio de la arquitecta técnica municipal que presenta un informe negativo. En abril del 2005 se hace constar que la concesión de licencia podría incurrir en ilegalidad. Pese a todo, según el auto, el 28 de abril del 2005 el alcalde, Manuel Baena, concedió la licencia de obras provisional para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el paraje conocido como Las Flores “a sabiendas de que ese terreno era no urbanizable, algo que todos los imputados (los concejales de la Comisión de Obras) conocían”.
Posteriormente, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes informó desfavorablemente sobre la modificación del PGOU llevada a cabo por el Consistorio pontanés, si bien, los problemas administrativos quedaron definitivamente resueltos en 2007 una vez que la propia Consejería dio el visto bueno la modificación de la calificación urbanística de los terrenos sobre los que había comenzado a construirse el edificio, que en principio estaban clasificados como rústicos. A consecuencia de esa modificación del PGOU, los terrenos del nuevo cuartel ubicado en el polígono de Las Flores pasaron de suelo no urbanizable a sistema general adscrito a suelo urbanizable para la construcción del nuevo acuartelamiento, mientras que los terrenos de la calle Miguel Romero, donde actualmente se sitúa el actual cuartel, cambiaron su calificación pasando de ser sistema general a uso residencial.
Los acusados por un delito contra la ordenación del territorio se enfrentan ahora a penas de prisión que pueden oscilar entre los seis meses y los dos años.

primeras reacciones
Ante la decisión adoptada por la jueza, los representantes políticos de nuestra localidad optaron por redactar un documento consensuado.
El texto, firmado por el alcalde, Manuel Baena, y por los portavoces de IU (Alberto Gómez), PSOE (Esteban Morales) y PA (José Luis Borrego) señala lo siguiente:
“En relación con el auto decretado por la titular del Juzgado número 1 de Primera Instancia e Instrucción de Puente Genil por el que se mantiene la imputación de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción del Cuartel de la Guardia Civil en el procedimiento abierto a 10 miembros de la Comisión de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, los Grupos Políticos de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Andalucista, que forman parte de este Ayuntamiento quieren manifestar lo siguiente:
1.- No hay ningún político municipal al que se hayan adjudicado algún tipo de delito ligado a la corrupción.
2.- El auto en cuestión omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil disponen actualmente de una calificación urbanística adecuada.
3.- Los políticos del Ayuntamiento de Puente Genil intentamos facilitar la instalación de un servicio público esencial para la localidad, mejorando la seguridad y la habitabilidad del establecimiento donde se tiene que ubicar la Guardia Civil. Éramos conscientes que la aprobación inicial de esa modificación sería la aprobada finalmente y, de hecho, nunca hubo ningún obstáculo a la recalificación del solar en el que se asienta actualmente el nuevo cuartel de la Guardia Civil.
4.- La defensa va a presentar un auto de reforma respecto al de procesamiento, en la medida en que ésta omite que los terrenos donde se asienta el nuevo cuartel de la Guardia Civil están calificados de manera correcta como sistema general urbano, hecho que entendemos fundamental”.
El único partido que no suscribió el comunicado fue el PP. Su presidente local, Manuel Jesús Torrús, explicó que “el procedimiento judicial está abierto y, por tanto, entendemos que no es el momento adecuado para hacer notas de prensa o realizar declaraciones”. “Nosotros -añadió Torrús-, al igual que todos los grupos políticos, queremos que este tema se aclare cuanto antes, nuestro gabinete jurídico está trabajando para demostrar la inocencia de nuestro concejal, y más allá de las formas o de lo que se pueda decir, eso es lo único que ahora mismo nos preocupa”.







* Información - 6.11.09
Foto: Cuartel en obras - Información