La Axencia Urbanística acumula ya 216 órdenes de derribo de edificaciones ilegales

FARODEVIGO* : El derribo de dos casas en la isla de Ons ejecutado esta semana por la Consellería de Medio Ambiente se convertirá en una imagen cada vez más habitual en Galicia. La Xunta se ha propuesto extremar el control y la persecución de las construcciones ilegales y adelanta que el año que viene se incrementarán los expedientes de demolición de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu), un organismo constituido en abril de 2008 para velar por el cumplimiento de la ley y perseguir todo tipo de irregularidades en materia de urbanismo.

La Aplu dispondrá en 2010 de una partida de 600.000 euros para ejecutar demoliciones de construcciones ilegales, lo que significa que la Xunta invertirá un 25% más que en 2009 y cuatro veces más que en 2008 en demoler viviendas, galpones y otro tipo de construcciones al margen de la ley. Desde la Consellería de Medio Ambiente justifican el espectacular incremento en el impulso y consolidación de la actividad de la Aplu, que cerrará 2009 con 216 expedientes de demolición pendientes de ejecución.
Las actas de infracción urbanística y las órdenes de derribo no han dejado de crecer desde la puesta en marcha de la Axencia, que supuso duplicar el personal dedicado en Galicia a vigilancia e inspección. Sólo hasta el mes de octubre, la Aplu había levantado 410 actas de inspección y resuelto 91 expedientes de reposición de la legalidad urbanística, cifras que prácticamente duplican los datos con los que cerró el año 2008.
Pero las estadísticas que más crecen son, sin duda, las referidas a infracciones urbanísticas muy graves sancionadas por ley con la demolición. Y es que a falta todavía de un mes para que termine el año, la Aplu impuso en 2009 un total de 238 multas coercitivas para forzar la ejecución de derribos frente a las 85 del año anterior, y asumió con sus propios medios la demolición de 21 edificaciones frente a las cinco que llevó a cabo en todo 2008.
En estos momentos, una treintena de inspectores y subinspectores se encargan de velar en toda Galicia por el cumplimiento de las normas urbanísticas, así como de prevenir posibles infracciones y asesorar a los concellos, resolviendo sus consultas e incluso elaborando informes ad hoc. Y es que además de la función sancionadora, la Aplu se creó para ayudar a los concellos con su planeamiento, haciéndose cargo hasta la fecha del urbanismo de 42 ayuntamientos.
Todas las infracciones detectadas por los inspectores acaban con la apertura de un expediente pero sólo los casos más graves acaban derivando en una orden de demolición para restablecer la situación previa a la infracción cometida.
Ejecutar el derribo de una casa o cualquier otro tipo de construcción, sin embargo, no es algo sencillo, de ahí la lentitud con la que se resuelven este tipo de expedientes. De hecho, desde Medio Ambiente aseguran que en los últimos meses se han ejecutado demoliciones "que se empezaron a tramitar hace seis o siete años".
Antes de que una orden de demolición sea firme, el afectado suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance en un proceso largo y complejo que, como apunta Medio Ambiente, casi siempre sigue un camino distinto. Además, una vez que la Aplu decide hacerse cargo del derribo debe seguir 16 pasos (expediente de contratación, proyecto de coordinación y seguridad, solicitud ante la autoridad judicial competente...) antes de poder ejecutar la orden.







* Faro de Vigo - M. VÁZQUEZ - 29.11.09
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com