"Es más fácil acabar con la corrupción que lograr la independencia judicial"

HUELVAINFORMACIÓN* : Aunque asegure que el mérito de la operación Malaya se debió al concienzudo trabajo del fiscal y de la Policía, lo cierto es que Miguel Ángel Torres fue el juez que tuvo los redaños suficientes para destapar en Marbella una corrupción que había extendido sus tentáculos por todos los estamentos de la administración local. El hoy magistrado juez de lo Penal número cinco de Granada desembarcó en Almonte para inaugurar el Observatorio Social Virgen del Rocío, con una soberbia ponencia que encandiló al público y retrató las miserias de la Justicia.

-En Huelva actualmente hasta diez concejales se encuentran imputados por diversos delitos de corrupción ¿Esto pone de relieve la podredumbre de la clase política?

-Lo que creo es que en los últimos años se han producido un sinfín de cambios sociales. Un bienestar económico que ha florecido al calor de la construcción y el urbanismo desaforado, del cual un buen número de personas ha querido sacar tajada. Por otra parte, a la luz de esta nueva realidad económica muchos municipios, que hasta entonces no tenían la posibilidad de corromperse, optaron por seguir estas prácticas delictivas. No obstante, y quizás lo más preocupante, es detectar que en ocasiones la corrupción contaba con el beneplácito de la ciudadanía, la cual justifica el que los políticos roben siempre y cuando realizasen una buena gestión al frente de una institución.

-Un amplio sector de la ciudadanía considera que si mirásemos con lupa todas y cada una de las administraciones se podría sacar a flote un sinfín de delitos...

-Es cierto que las investigaciones abiertas conforman sólo una efímera parte de la corrupción en España, si bien ello no implica necesariamente que sea algo generalizado en todas las administraciones. Lo que no deja de ser cierto es que si la Justicia contara con más medios humanos y técnicos tendríamos más posibilidades de luchar contra esta lacra y florecerían más casos de corrupción. Si bien este aumento en las cifras de casos abiertos no es más que la constatación de que se está actuando contra ella.

-No me negará que existen casos clamorosos donde las retribuciones de los políticos no concuerdan con el patrimonio que ostentan ellos o sus cónyuges.

-Es cierto. Pero en España el mero hecho de tener un patrimonio económico injustificado no da lugar a ser condenado por delitos penales. En países como Colombia, Francia o Ecuador, cuando un responsable político tiene un patrimonio que no puede justificar, en virtud de su sueldo anual y su régimen de incompatibilidades, puede ser procesado penalmente. En España no, ya que para ello es necesario vincular ese patrimonio a un hecho delictivo.

-¿Me está diciendo usted que un alcalde puede tener 500 millones de euros en patrimonio que, mientras no se le pueda vincular con un delito penal, será inmune a la Justicia?

-Exacto. Ese patrimonio sólo es punible a efectos fiscales y siempre que sea con anterioridad a los últimos cuatro años, si no el delito prescribiría.

-En Huelva las construcciones en rústico se han multiplicado y es ahora cuando se ha iniciado una retahíla de multas a los afectados, sin que la orden de derribo sea una prioridad. ¿Cree que se articula o aplica la legislación únicamente con afán recaudatorio?

-En esta problemática haría una diferenciación entre dos tipos de construcciones: aquellas erigidas por personas sin licencia, es decir ilegales; y aquellas llevadas a cabo con el amparo de determinados ayuntamientos que han incitado a la proliferación de viviendas en rústico con fines recaudatorios y con el fin de que, posteriormente, ese suelo se consolidara. Por tanto, creo que en este campo no se ha combatido adecuadamente, si bien he de añadir que por el lastre de no contar con la capacidad legislativa necesaria ni con los órganos judiciales para atajar esos delitos.

-Otra de las grandes preocupaciones sociales es el enchufismo que se percibe en administraciones fundaciones y mancomunidades. ¿Existe alguna legislación en la materia que pueda poner coto a estas prácticas?

-La legislación española ofrece una gran profusión de recursos para combatir el enchufismo. Otro cantar es la convocatoria de plazas directamente para tal persona. Otro fenómeno que a mí me parece especialmente preocupante es la creación o la sustitución de cargos técnicos por cargos políticos, lo que da lugar a que muchas personas sean contratadas meramente por ser familiar de o pertenecer a algún partido. En la raíz de todo el problema subyacen las lagunas legislativas que permiten el nombramiento indiscriminado de cargos en las administraciones.

-¿Es usted partidario del aumento de las penas para luchar contra la corrupción?

-Sí. Personalmente considero que los funcionarios públicos, y aquí nos incluimos todos de algún modo, estamos entre comillas privilegiados por los delitos que podamos cometer.

-En tal caso, ¿comparte la opinión de que la tibieza con la que se castigan determinados delitos de corrupción incita a vulnerar la ley?

-A día de hoy los delitos de prevaricación y tráfico de influencia son castigados con penas que oscilan entre los seis meses y el año de prisión, mientras que el cohecho sube de dos a cuatro, siempre y cuando no se cuente con antecedentes penales. La percepción es que sale rentable correr el riesgo, porque en caso de que tengas mala suerte y te investiguen sabes que no tendrás mucha pena.

-Los juristas denuncian la carencia de medios de la que adolece la justicia. ¿Qué se necesita para mejorar su eficiencia?

-En primer lugar, remodelar a fondo la Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1981 y va camino de cumplir 30 años. Por otra parte necesitamos de más jueces, fiscales y órganos especializados en los distintos tipos de delito.

-Hablando de reformas, ¿cuándo dejará de doblegarse la Justicia al gobierno de turno, tal como se comprueba al analizar la composición del Tribunal Constitucional?

-Es más fácil que acabemos con la corrupción a que logremos la independencia de la Justicia. Por desgracia todos los gobiernos tratan de legislar en función de sus intereses y no parece que sea una tónica que tenga visos de cambiar.

-Dicen que una Justicia lenta no es Justicia. ¿Se puede agilizar su denso proceso burocrático sin perjuicio de los derechos que asisten a los ciudadanos?

-Sin duda. En los procesos penales una justicia que valla rápida no supone menos garantías. De hecho si se trata de una persona inocente y se acortasen los plazos en los que se ejecuta la sentencia implicaría una mayor garantía para el ciudadano. Personalmente no entiendo el porqué no se podrían acelerar o agilizar los trámites, ya que no llevaría implícito un menor rigor y, por ende, no se lesionarían los derechos de los ciudadanos.







* Huelva Información - Carlos López - 30.11.09