El TSJA exige a Marbella que le informe cada 15 días del derribo de una promoción

ELMUNDO/Málaga* : Al Ayuntamiento de Marbella le siguen llegando autos contrarios a su afán de parar las demoliciones de los edificios ilegales con sentencia firme. Después de Guadalmina, donde se ordena la demolición de unos adosados y un hotel, de parte del chalé de Antonio Banderas, ahora le toca a Los Monteros Park, unos bloques en la urbanización del mismo nombre, de la sociedad Kabdale España.

En este último caso, la sala de lo contencioso del TSJA le dice al Ayuntamiento, además, que cada 15 días le vaya informando de cómo está tramitando el expediente de demolición. De no hacerlo, y esto es lo nuevo de este auto respecto a los anteriores, habrá «apercibimientos legales en caso de desobediencia». Y, en otro paso más, ordena la inscripción de la sentencia anulatoria de la sentencia en el Registro de la Propiedad.

El Consistorio, por su parte, ya dijo el día que supo del auto de la casa de Banderas que iba a agotar la vía legal hasta el Supremo. Son precisamente dos sentencias recientes del Supremo de las que se han valido los jueces de Málaga para desestimar la pretensión del Ayuntamiento que gobierna Ángeles Muñoz de suspender las demoliciones porque son edificios que legaliza el PGOU actualmente en tramitación.

Según técnicos del consistorio, los responsables políticos de Urbanismo están preocupados con lo que ya claramente, a la vista de los tres autos, es el criterio que va adoptar el TSJA.

En este caso, el Consistorio volvía a alegar que ha habido autos en los que este mismo tribunal sí que ha aceptado parar las demoliciones y, de nuevo, los jueces le recuerdan que eso sólo ha pasado cuando el denunciante era únicamente la Junta, que ha pactado el nuevo PGOU que legaliza casi todo con el Ayuntamiento.

Los jueces le recuerdan al Ayuntamiento que «el retraso injustificado en la adopción de las medidas indicadas –en este caso la demolición del edificio– afecta en el tiempo a la efectividad del derecho fundamental» y que el ente público tiene que cumplir «con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo acordado» por imponerlo así la Constitución.

Es un punto recurrente en el auto, ya que en otro párrafo recuerda la «imperiosa obligación de cumplir las resoluciones judiciales», lo que entronca con «el derecho a la tutela judicial efectiva», algo que no se satisface «mediante una justicia meramente teórica». Y recuerda que la negativa a cumplir una resolución judicial «constituye un atentado a la Constitución frente al que no caben excusas».






* El Mundo - Berta González de Vega - 12.10.09
Foto: Promoción afectada en la urbanización Los Monteros Park. | J. Martín, elmundo.es