Arona: Expectación judicial

LAOPINIÓN/Tenerife* : Enchufes de personal municipal por parte de cargos públicos y de funcionarios del Ayuntamiento de Arona, manejo del dinero público en función de intereses electoralistas o amistosos y gasto de fondos públicos sin respetar el procedimiento legalmente establecido; desembolso de cantidades ingentes de dinero que debería asumir la iniciativa privada o el ciudadano; concesión de licencias urbanísticas que no cumplen los requisitos técnicos y/o legales (a determinadas personas mientras a otras se les deniega), adjudicación de obras y servicios públicos a dedo y casi siempre a las mismas empresas, disfrute de comidas e incluso viajes al extranjero financiados por empresas que luego han resultado beneficiadas por decisiones políticas controvertidas, cobro de comisiones para la concesión de licencias.

Esta es una pequeña parte del extenso listado de irregularidades y presuntos delitos que se investigan desde principios de 2007 en los juzgados en el marco de la instrucción del conocido como caso Arona, en el que han sido imputados de momento más de 30 personas entre gobernantes y ex gobernantes del Ayuntamiento aronero (de CC, PP y CAN), funcionarios de departamentos tan distintos entre sí como Urbanismo y Servicios Sociales, así como policías locales, un jefe de la Guardia Civil, empresarios y personal de banca.

Posibles ingresos en prisión. Y hoy arranca una nueva fase de este procedimiento al iniciarse la extensa ronda de comparecencias judiciales anunciadas antes del verano por el magistrado instructor del caso (Nelson Díaz Frías), comparecencias añoradas por muchos interesados en ver los derroteros de este caso y temidas por numerosos afectados, ya que no se descarta que en los próximos días haya nuevos ingresos en prisión protagonizados por cargos públicos y algunos llegan hasta a especular con la posibilidad de que sea inhabilitado de forma cautelar algún político.

Para hoy han sido citados el ex arquitecto jefe y el aparejador del Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, respectivamente, el empresario Arsenio Zamora y el arquitecto Zenón Rodríguez. Los tres primeros pasaron una media de dos meses en prisión al trascender una trama de supuesta corrupción urbanística que fue narrada al juez por parte de un empresario que asegura haber sido víctima de un intento de extorsión urbanística en el mandato 2003-2007 (el titular de la empresa Proguito, José Ramón Ansorena) y narrada también por el sobrino del aparejador municipal imputado en este caso.

Además de ellos, fue involucrado en esa trama de presunta corrupción urbanística el consejero del PP en el Cabildo de Tenerife y concejal de la oposición aronera Félix Sierra, quien fue edil de Urbanismo en Arona en la etapa 1999-2003 y cuyo domicilio y oficinas fueron registradas en el marco de este procedimiento el año pasado. Su comparecencia judicial, una de las que más expectación levanta por la gravedad de las acusaciones que pesan contra él, está prevista para el próximo miércoles.

Sin embargo, la palma de la expectación se la lleva el alcalde de Arona, José Alberto González, que ha sido citado para declarar mañana ante el magistrado Díaz Frías, ante la fiscal que desencadenó este proceso al interponer una querella basada en los indicios de delito contenidos en la documentación que le hizo llegar la oposición socialista de Arona a principios de 2007. Además, estarán también numerosos abogados del resto de afectados en este proceso en el que participan incluso letrados de prestigio estatal.

Escuchas. De momento, los fragmentos de escuchas telefónicas que han trascendido durante el mes de agosto han desencadenado escándalos que han salpicado al presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, al presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, al consejero de Turismo, José Manuel Bermúdez –los tres de Coalición Canaria-, a la vicepresidenta del Parlamento canario, Cristina Tavío (PP), y al ex delegado del Gobierno José Segura Clavel (PSOE).

Y a medida que vaya trascendiendo el resto del sumario, más de uno tendrá no sólo problemas judiciales, sino también personales por los ataques, críticas y acusaciones que vierten contra políticos, empresarios, policías, periodistas y, cómo no, contra el juez instructor del caso. Las críticas y puñaladas que trascienden en las escuchas auguran, por ejemplo, que el alcalde aronero tendrá más de un problema con sus compañeros de gobierno y de partido a quienes pone tibios. Pero es que su gobierno está justito (gobierna con una mayoría de 13 ediles en una corporación de 25 concejales) y basta que un solo concejal se le ponga chulo para hacerle perder la mayoría e incluso el gobierno.
Volviendo al caso Arona, la última novedad ha corrido a cargo de Juan Manuel del Torco, abogado de dos imputados en esta causa y que planteó de forma oficial el viernes que los juzgados aroneros no son competentes para la instrucción de este caso y que el mismo debería pasar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias "porque hay un imputado que es aforado", señala en alusión al presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero. Y aunque éste no está formalmente imputado, Torco apunta que "hay indicios razonables" para su imputación por tráfico de influencias.







* La Opinión de Tenerife - B. SALAZAR - 7.09.09
Foto: Arona (Tenerife), juzgados - E.Pérez, diariodeavisos.com