Valencia: La Fiscalía investigará a 151 ayuntamientos que tramitaron expedientes por obras ilegales

ELMUNDO* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia investigará a 151 ayuntamientos de la provincia que tramitaron desde 2005 un total de 4.474 expedientes sancionadores por construcciones ilegales. Según avanzó el portavoz de este departamento, Joaquín Baños, por ahora, no se pueden abarcar todos los municipios y se irá "poco a poco", "por orden alfabético y con los casos más escandalosos".

Baños ofreció estos datos durante su intervención en el curso 'Los nuevos retos de la criminalidad', organizado por la UNED, donde hizo un repaso de la legislación urbanística, describió los delitos tipificados y el panorama valenciano y nacional a este respecto, citando casos prácticos y sentencias.

En su intervención, recordó que a finales de noviembre de 2008 hizo un requerimiento a los 265 ayuntamientos de la provincia para que le informaran de los expedientes que habían incoado desde el año 2005 por construcciones ilegales. Hasta la fecha, han contestado a esta petición un total de 243 localidades, mientras que otras 24 no se han pronunciado.

Del total, 92 ayuntamientos indicaron al fiscal que no habían incoado ningún expediente sancionador, algo que Baños consideró extraño, puesto que, a excepción de dos de ellos, el resto tiene zonas no urbanizables. Por este motivo, instó a los agentes del Seprona de la Guardia Civil a que le comuniquen cualquier edificación ilegal que localicen en estos 90 municipios.

Por su parte, otros 151 municipios comunicaron que habían abierto 4.474 expedientes sancionadores por construcciones ilegales. En este sentido, Baños puntualizó que "puede tener interés" para algún ayuntamiento tramitar estos expedientes ya que a través de ellos se cobran "importantes" sanciones.

Además, ha quedado constancia, según dijo, que muchos de estos consistorios cobraron las sanciones pero no pasaron al siguiente nivel, que es el de estudiar si la construcción se puede legalizar o no.

De estos casi 4.500 expedientes, Baños explicó que la Fiscalía de Valencia, ante la falta de medios y de personal, no puede estudiar todos, así que "va poco a poco, por orden alfabético, por municipios y por los casos más escandalosos", dijo.

No obstante, lamentó que este tipo de situaciones demuestran que existe en la Comunidad un "panorama desolador", puesto que "al problema de que la administración local no persigue este tipo de delitos, se suma el hecho de que en muchas ocasiones coadyuda al propio infractor". Por este motivo, abogó porque los ayuntamientos no dispongan de la competencia en materia de suelo.
'Difícil condenar'

Baños explicó que "es muy difícil" emitir condenas por este tipo de delitos urbanísticos ya que los acusados se defienden presentando informes técnicos en los que alegan que las construcciones, cuando están en suelo urbanizable pero sin licencia, tienen más de tres años, por lo que el delito habría prescrito.

Por otro lado, cuando las edificaciones están en suelo no urbanizable, afirman que existen desde hace más de cuatro años, con lo que la ley contempla que ya no se pueden derribar.

No obstante, en este punto, el fiscal coordinador de Medio Ambiente señaló que los avances tecnológicos y, en concreto, la cartografía digitalizada "permite comprobar el origen de esas edificaciones".

Ante estos obstáculos, señaló que la "única vía" para que exista condena, es recurrir al artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que expone que los alcaldes son policías judiciales y que, como tales, tienen obligación de perseguir delitos.

Además, recordó que la ley urbanística valenciana establece que cuando de la tramitación de expedientes se desprenden indicios penales, éstos se deben poner en conocimiento del ministerio fiscal.
'Problema de unificación'

Por otro lado, Joaquín Baños hizo referencia a otro "problema grave" en esta materia, en cuanto a la unificación de los tribunales. Así, indicó que existe una disparidad de criterios "brutales" puesto que cada Audiencia Provincial "puede dictar lo que quiere". Así, mientras que la Audiencia de Cádiz está "muy concienciada" en este tipo de delitos, la de Valencia "no tanto".

En este punto, recordó que el TS es el encargado de unificar criterios. No obstante, indicó que como los delitos urbanísticos tienen una pena máxima de tres años, se dictan por un juzgado de lo Penal contra el que cabe recurso ante la Audiencia, "pero ya no cabe otro recurso ante el Tribunal Supremo". Así, si el delito superara los cinco años, la resolución sería dictada por la Audiencia y de recurrirse llegaría al Supremo, algo que no ocurre.







* El Mundo - Europa Press - 23.07.09
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net