Canarias: Madrid lleva al Constitucional la Ley de Ordenación territorial

LAPROVINCIA* : El Gobierno central promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra el texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en su litoral, por entender que vulnera la Ley de Costas.

En concreto, el Consejo de Ministros aprobó ayer, de acuerdo con el Consejo de Estado, solicitar al presidente del Gobierno que promueva un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 y 3 de la citada ley, normativa que de alguna forma intentaba salvar algunas edificaciones situadas en franjas costeras y que, atendiendo a la legislación estatal, deberían ser derribadas.


En él Archipiélago hay distintos asentamientos que se encuentran en estos supuestos. Algunos ya fueron o están siendo derribados, como los de Cho Vito, en Tenerife, y Los Molinos, en Fuerteventura. Pero otros siguen sometidos a controversia, como Tufia y Ojos de Garza en el municipio grancanario de Telde. En Lanzarote están El Golfo, en el municipio de Yaiza; La Santa, en Tinajo; y Los Ancones y Las Caletas en Teguise. En Fuerteventura se contabilizan los asentamientos de Majanicho y El Jablito, en La Oliva; Jacomar, en Antigua, y el Puertito en Pájara.


Con la decisión ratificada ayer por el Consejo de Ministros, Canarias se convierte en la segunda comunidad autónoma sobre la que se propone interponer un recurso por vulnerar la Ley de Costas. Según la información facilitada por el Ejecutivo central, la ley canaria que se va a recurrir ante el Constitucional atribuye a la Administración autonómica el establecimiento unilateral y de forma autónoma del límite interior de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, cuando ésta debe fijarse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Costas y su reglamento, y su deslinde corresponde a la Administración del Estado.


Pero la ley canaria también entra en la cuestión competencial para defender sus posicionamientos. Así, argumenta que la regulación contenida en la legislación estatal de costas pretende sustituir en territorio insular el régimen transitorio de la Ley de Costas por otra normativa, careciendo de las competencias para ello.


Asimismo, el Estado denuncia que la norma impugnada pretende modificar la Ley de Costas vigente para configurar un nuevo supuesto en los casos en que la Ley y el reglamento de Costas previeron una reducción a veinte metros de la servidumbre de protección. De este modo, la normativa que se recurrirá "olvida" las distinciones que la Ley de Costas y su reglamento realizan según existiese clasificación urbanística o no en los asentamientos que puedan encontrarse en estos supuestos.


Con el recurso anunciado por el Estado se abre un claro frente entre la Administración central y la Comunidad Autónoma canaria, que ahora se judicializa y llega hasta el Tribunal Constitucional.







* La Provincia - 25.07.09
Foto: Derribo de casas ilegales en la playa de Los Molinos, en la isla de Fuerteventura. LP/DLP