Tenerife: Defensa desoye a la Justicia

ABC* : El Ministerio de Defensa ha iniciado la «expropiación forzosa» de unos terrenos, situados en Tenerife, que el departamento de Chacón debería haber entregado o pagado a los herederos de su inicial propietario, tal y como estableció el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2007.

La decisión de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 16, se produce después de que un juez canario volviera a dar la razón a los legítimos dueños y fijara un plazo de seis meses para que el Ministerio cumpliera la sentencia del Supremo, que es firme. Defensa señala que esos terrenos son «necesarios» para mantener «en su actual ubicación» la base militar de Hoya Fría.
Fuentes jurídicas han explicado que la expropiación es, en este caso, un acto «radicalmente nulo», pues no hay duda de que su finalidad es no obedecer al Supremo. La ley que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa afirma en su artículo 103.4 que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Para buscar el origen de este contencioso hay que retroceder hasta el 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil. Ese día, Álvaro Rodríguez López hizo entrega ante notario al entonces jefe del Estado de unos terrenos (dos fincas con una superficie de 470.000 metros cuadrados) valorados en 22.188 pesetas. Allí se instalaría el «Campo del general Franco» -hoy base de Hoya Fría- destinado a instrucción militar y de tiro.
Pasaron la guerra y los cuarenta años de dictadura. Y llegó el año 1997, fecha en la que Defensa sacó a subasta pública una parcela, que fue finalmente adjudicada a la cooperativa de viviendas «Hespérides». Fue entonces cuando los herederos de Álvaro Rodríguez López reclamaron la devolución de los terrenos (o el pago de su valor actual). El motivo: el Ministerio había modificado el uso para el que las fincas fueron donadas.
La reclamación llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los demandantes y recordó a Defensa que la donación «nunca se pensó» para la construcción de viviendas ni para la «transmisión con ánimo de lucro». Antes de vender, el Gobierno debía haber devuelto las fincas a sus propietarios. Pero la sentencia es papel mojado para Defensa que, dos años después, ni ha devuelto los terrenos ni ha pagado a los demandantes. Es más, ha pasado al contraataque con la amenaza de expropiación.
Fuentes del Ministerio señalaron a ABC que es «del máximo interés» mantener la propiedad de los terrenos y que la controversia se refiere a una parcela de 191.000 metros cuadrados, cuando la finca tiene 700.000.
Según los demandantes, la reclamación afecta a unos 235.000 metros cuadrados, cifra resultante de restar a la superficie donada en 1937 los 170.000 metros adjudicados a «Hespérides» (la cooperativa ya ha saldado de forma amistosa su deuda con los demandantes) y los 65.000 que ahora ocupa una autopista.
En la demanda de ejecución de sentencia, la familia explica cómo desde 2007 hasta ahora ha intentado ponerse en contacto con Defensa para, «de forma amistosa, leal y recta, llegar a una solución extrajudicial (...) sin que se haya obtenido la más mínima atención ni respuesta».
Petición del Congreso
Los demandantes no son los únicos interesados en que Defensa desaloje la finca. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso aprobó en mayo de 2007 una proposición no de ley en la que insta al Gobierno «a iniciar los trámites oportunos para el traslado, en el menor plazo de tiempo posible», de la base. La Cámara responde así a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Santa Cruz de Tenerife.







* ABC - NIEVES COLLI - 22-06.09
Foto: abc.es