Alicante: De mal en peor

RAMÓN MARTÍN MATEO* : La aprobación del Plan Rabasa supone la culminación de un periodo negro para Alicante, en el que la especulación urbanística ha primado sobre cualquier otra consideración, en que el valor de lo público ha cedido ante consideraciones fundadas en la codicia privada, poniendo a la ciudad al servicio de unos pocos. Esa dinámica, además, adopta un perfil especialmente perverso ante la crisis económica: la apuesta por la economía inmobiliaria, renunciando a una mayor diversificación en las inversiones, va a hacer que, en Alicante, la salida de esa crisis sea más complicada. Por otra parte, el modelo de crecimiento desordenado y fundado en el interés privado sobre el colectivo, está haciendo que las finanzas municipales se resientan especialmente: se ha alimentado una ciudad insostenible y con una gestión muy cara.

Todo ello se verá reforzado, absurdamente, con la hipotética construcción del Plan Rabasa.
Aún es mayor la burla a los intereses colectivos de la ciudad que se produce al aprobarse el Plan Rabasa antes que el PGOU: después de años de espera, es un trágala innecesario que la aprobación llegue ahora. Este hecho, junto al anuncio de la aprobación de importantes reformas en la legislación urbanística valenciana, nos dice mucho sobre la forma de gestionar el urbanismo, priorizando algunos intereses particulares aun a costa de destruir las ciudades y de generar inseguridad jurídica. De la misma manera, el empecinamiento de la Alcaldesa de Alicante en la aprobación del Plan Rabasa pone en evidencia que, pese a sus continuas campañas cosméticas, en las materias esenciales de la política local, las que afectan a la estructura urbana y a su sostenibilidad medioambiental y económica, sus planteamientos no se apartan en nada de la herencia de Luis Díaz Alperi.
Si el Plan Rabasa ha sido siempre un disparate desde el punto de vista urbanístico –lo que ha sido señalado por gran cantidad de especialistas–, ahora, además, es inviable por las circunstancias del mercado inmobiliario. Desde la aprobación inicial del plan se han ofrecido, por sus responsables políticos y empresariales, fechas para su desarrollo y venta de viviendas que, cada vez, se han revelado falsos e inviables. Se habla ahora de 2014: ésa es la fecha que desde la patronal española de la construcción se apunta como la más probable para que se normalice la edificación a una escala media, ya que, hasta entonces, es difícil que el mercado se equilibre por el «stock» de vivienda vacío, la crisis de las hipotecas, la reducción de la demanda que conllevarán los ajustes en la inmigración, etc. Todo ello nos deja con una situación extremadamente peligrosa: más de 3,5 millones de metros cuadrados a medio urbanizar durante más de un lustro. Ello, a su vez, supondrá costes importantes para las arcas municipales –seguridad, enlaces viarios, etc.– sin una clara perspectiva de ocupación de unas viviendas que, por años, no estarán sino en los planos. Por todo ello es muy dudoso que el Plan Rabasa proporcione en un tiempo prudente vivienda y empleo. Es más: es imposible saber cuáles serán las condiciones de las viviendas protegidas en el momento en el que, se supone, salgan a la venta las que ahora se dice querer construir. Por otra parte, el Plan Rabasa va a ser conocido en toda España como el contramodelo de la nueva política que preconizan los técnicos más solventes. Hay que concluir, pues, que de lo que se trata es de controlar una amplísima pieza urbana para negociar en el futuro diversos usos que no necesariamente serán residenciales.
Seguimos considerando que el Plan Rabasa, a la luz de la legislación vigente y de la jurisprudencia acumulada, puede ser ilegal por varias razones, algunas de las cuales ya fueron señaladas por la resolución del Síndic de Greuges del 9 de enero de 2007 y, entre ellas:
* Ausencia del informe determinante de disponibilidad hídrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. No basta con que haya un informe de Aguas de Alicante contando con agua procedente de desaladoras: es el organismo de cuenca quien ha de priorizar los usos y el destino de un recurso escaso, tal y como establece, entre otras normas, el art. 15 del Texto Refundido de la Ley de Suelo de 2008. (Incidentalmente hay que destacar la inmensa hipocresía que supone que el PP atacara las desaladoras pero las use cuando favorecen sus decisiones).
* Quiebra de los principios de la libre competencia establecidos por la UE para la adjudicación de concesiones, incluidas las de la gestión urbanística e incumplimiento de las directivas europeas y legislación básica del Estado sobre contratación administrativa.
* La reciente aceptación por el Ayuntamiento de una alegación al PGOU del ministerio de Fomento que ha segregado del proyecto original del Plan Rabasa de varias decenas de miles de metros cuadrados para usos ferroviarios, supone una alteración fundamental del Plan y de los estándares de zonas verdes, por lo que debería haber vuelto a debate y aprobación municipal y de la Comisión Territorial de Urbanismo. Si no se hace podría incurrirse en nulidad a tenor del artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Por todo ello, la PIC se reafirma en su decisión de, llegado el momento oportuno, llevar a los tribunales competentes el Plan Rabassa.

STOP AL PLAN RABASA o

(*) Firman, por la PLATAFORMA DE INICIATIVAS CIUDADANAS, además de Ramón Martín Mateo, José Ramón Navarro Vera, Jorge Olcina, Josep Bevià, Ángeles Cáceres, Carlos Arribas, Fernando Vera, Mar Esquembre, José María Asencio, Emilio La Parra, Ernest Blasco, Ramiro Muñoz, Isidoro Manteca, Juan Ángel Conca, Araceli Consuegra, Miguel Ángel Pérez Oca, Adrián Martínez Ramos, Rosana Arques, Olga Fuentes, Remedios Amat, José Carlos Rovira, Pere Miquel Campos, Rafael Bonet, Concepción Collado, Séfora Bou, Teresa de Nova.






* Información- Alicante - Opinión - 3.06.09