Valladolid: El TSJ confirma la orden de demolición del bloque de viviendas de Niña Guapa

NORTECASTILLA* : «Ni el promotor de la obra -Construcciones Castrodeza- presentó un proyecto técnico para legalizarla ni el Ayuntamiento acordó su ejecución subsidiaria ordenando su elaboración a costa del obligado», recoge la sentencia dictada ayer por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) por la que confirma punto por punto el fallo anterior, dictado el 2 de enero, que ordenaba la demolición completa del bloque del nº23 de la calle Niña Guapa.

La resolución supone un punto y seguido a un proceso iniciado hace más de ocho años y cierra la última intentona municipal -aún puede haber otras vías legales- de parchear un error cometido por sus propios técnicos.
Los magistrados recogen en su sentencia los sucesivos fallos de la Concejalía de Urbanismo en sus distintas tramitaciones para intentar frenar el derribo del edificio y recuerdan que «debieron concretar de qué modo se reducía el exceso de edificabilidad en el edificio existente teniendo en cuenta que no basta para ello con cambiar los nombres de las superficies porque las cosas son las que son». Alude así el fallo al acuerdo municipal del 17 de octubre del 2008 por el que otorgaba una nueva licencia de obras a la promotora que, sin embargo, no legalizaba el edificio ya existente sino que autorizaba a construir uno nuevo.
Fuera de plazo
Aquel acuerdo llegó mal y tarde al alcanzarse cuatro años después de que una primera sentencia anulara la licencia de obras y de primera ocupación del inmueble y año y medio después de que otro fallo acordara la demolición. «Dicha licencia -la del 2008- no ampara la demolición de lo ilegalmente construido y la conservación de lo que pudiera mantenerse si es que algo podía conservarse», justifica la sentencia antes de añadir que esto último «se acreditó en ningún momento mediante el correspondiente procedimiento de legalización realizado en plazo».
La sentencia viene a decir que sí existían fórmulas legales para paralizar la demolición y salvar así el 90% del inmueble que es legal. Pero no se encontraron o se hicieron fuera de plazo y los 107 metros cuadrados de más con los que cuenta el edificio -tiene una superficie de 950,53 metros cuando debía ser de 843,32- supondrán, en principio, su derribo completo.
Mutismo vecinal
Y todo a cuenta de un error inicial cometido por un arquitecto municipal al sumar mal la edificabilidad del solar. Los metros de más llevaron a los vecinos del número 32 de la calle Nicolás Salmerón, que coincide con el bloque de Niña Guapa por el patio interior, a denunciar los hechos por la invasión su propiedad y a lograr un primer fallo favorable en febrero del 2004.
Después llegarían infinidad de recursos hasta desembocar en el fallo del 20 de abril del 2007 que ordenó la demolición. Aún entonces, el Ayuntamiento pudo alegar la «imposibilidad legal de ejecutar la sentencia porque podía legalizarse una parte de lo construido», pero no lo hicieron y las posteriores resoluciones volvieron a dar la razón a los residentes en el edificio del 32 de Nicolás Salmerón.
Y entre medias, los inquilinos de las nueve viviendas del 23 de Niña Guapa continúan desalojados de sus casas desde el 5 de julio del 2007 sin que ellos ni su representante legal, que planteó una demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, hayan dicho está boca es mía.
Ninguna de las parte implicadas, ni denunciantes ni denunciados, quiso confirmar ayer la existencia de plazos para el derribo.
Silencio en Urbanismo. La concejala Cristina Vidal no contesta a las llamadas y desde el equipo de Gobierno aseguran que «no hay comentarios». Nada que decir. Al menos ayer. Pero un día antes de conocerse la sentencia, el alcalde, Javier León de la Riva, aseguraba que «cuando se produzca una resolución definitiva sobre el tema de Niña Guapa, y sólo entonces, me sentaré delante de los medios con el expediente completo, paso por paso, y ahí veremos quién ha tenido que ver con que se aumentara o se autorizara una edificabilidad que no tenía», aseguró el regidor, quien añadió que el anterior «concejal de Urbanismo entendía que esas cosas se podían hacer con el estudio de detalle y la sala que nos toca nos dice que no». «A mí me parece desproporcionado que si hay un exceso de cien metros se obligue a tirar todo el edificio, pero respetaré lo que diga la sala sin perjuicio de que, después, como digo, con el expediente en la mano, convocaré a los medios». Eso aún no ha sucedido. Ayer, silencio sobre Niña Guapa en los despachos del PP. No así en los de la oposición. Óscar Puente (PSOE) lamentó que «en vez de buscar soluciones se iniciara una huida hacia adelante». «Nos preocupa la situación de la gente afectada por la sentencia y que esa huida repercutirá en las arcas municipales». Puente entiende que la solución pasa por acatar la sentencia, derruir el inmueble «y llegar a un acuerdo con los propietarios para reconstruir el edificio de acuerdo con la normativa». «El Ayuntamiento -concluyó Puente- debe tomar conciencia de que las ilegalidades urbanísticas al final se pagan. Ésta es la primera, pero no será la última». Alfonso Sánchez de Castro (IU) criticó la «nueva vulneración en la legalidad urbanística. Basta ya de recursos que luego nos toca pagar», dijo.

2001: La comunidad de propietarios del número 32 de Nicolás Salmerón presenta una primera denuncia por exceso de edificabilidad -invadía parte de su patio interior- del inmueble del 23 de Niña Guapa.
2004: Un Juzgado anula tanto la licencia de obras como la de primera ocupación al constatar que un error de un arquitecto municipal había permitido construir 107 metros cuadrados de más en el bloque.
2007: Un nuevo fallo acuerda la demolición completa del edificio -el proyecto ya está realizado-. Los vecinos desalojaron el inmueble el 5 de julio de ese mismo año y desde entonces siguen desahuciados.
2009: El TSJCyL desestima el último recurso municipal y confirma la resolución anterior que ordenaba el derribo completo del edificio.






* El Norte de Castilla - J. SANZ V. M. V. - 21.05.09
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

1 comentarios :

Anónimo dijo...

como vecina afectada refiero que es una verguenza todo lo que está pasando y que la demolición de el edificio va a correr a carga de la ciudadania,mientras que derribando los dos aticos la casa estaíra de nuevo dentro de la legalidada y se causarían asi los menos perjuicios posibles ya que las comunidades nº19 y nº25 se están viendo afectadas por la demolición sin contar con ellas en lo más mínimo.