Ofensiva de la Fiscalía contra el 'mobbing' salvaje en viviendas del Raval

ELMUNDO* : El fiscal antimobbing inmobiliario de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, ha presentado una querella contra siete personas que trabajaban en cinco sociedades a las que acusa de haber acosado a los inquilinos de 166 pisos de Barcelona -todos ellos situados en el barrio del Raval- con graves artimañas para hacer insoportable su vida y conseguir que abandonasen sus viviendas, "afectando de forma grave a su libertad y seguridad". Se trataba en su mayoría de personas "vulnerables por su edad, poca formación y escasos recursos económicos".

En su escrito, el fiscal se refiere a 10 edificios de esta zona, propiedad de las empresas Quoty List, Ulist y London Homes; y cuya administración corría a cargo de las otras dos sociedades investigadas, Vermicela y Flountrade. Todas ellas, gestionadas por los hermanos Salvador B.V. y Miguel B.V., y en las que trabajaban José María S.S., Antonio M.A., Joaquín M.C., José G.C. y José Antonio G.V, contra los que dirige la querella.

Se les acusa de crear una trama empresarial dedicada no sólo a torturar a los vecinos eludiendo hacer obras en las fincas, sino también de coaccionarles contratando a falsos funcionarios del Ayuntamiento. También pesa sobre ellos el presunto blanqueo de fondos ilícitos obtenidos por el alquiler de los pisos que controlaban a proxenetas y prostitutas del Raval, a los que introducían en las finca, logrando crear un "ambiente hostil" en las escaleras.

La investigación comenzó en el momento en el que culminó una macrorredada antiprostitución y contra el tráfico de personas que tuvo lugar en este barrio de Barcelona en año pasado. A partir de entonces, la Fiscalía se centró en "esclarecer el entramado económico y mercantil que sustentaba tal supuesta red organizada". Las fincas víctimas de estos acosos son el número 12 de la calle Lancaster, el 41 de Ferlandina, el 27 de Valldonzella, el 6 de Vistalegre, el 9 de Corretger, el 8 de Cardona, el 14 de Metges, el 51 de Besalú, el 28 de Lluna y el 33 de Robadors.

El fiscal ha analizado la trama y debido a "la intensidad y reiteración de las conductas desarrolladas y a los concretos medios empleados", considera que se ha cometido un delito de mobbing a gran escala. Los querellados, según su relato, compraron los 166 inmuebles de los 10 edificios, en gran parte ocupados por inquilinos de renta antigua, de bajos alquileres. Una vez adquiridas las fincas, dice que el objetivo de este entramado de empresas fue "intentar desalojar por todos los medios a estos inquilinos" que, por ser de renta antigua, proporcionan a la propiedad un rendimiento económico inferior a los precios actuales del mercado.

Entre las estrategias utilizadas para el desalojo destaca "presiones y engaños" a los alquilados para hacerles creer que existía una obligación de sustituir los anteriores contratos de arrendamiento por otros nuevos con aumento de renta, e incluso "enviaban a personas que simulaban ser funcionarios del Ayuntamiento que les inducían a aceptar las propuestas de la propiedad". También creaban "desconcierto e incertidumbre" en los inquilinos sobre dónde y cómo realizar el pago de la renta, y provocar un "aparente impago de la misma en la que sustentar acciones de desahucio". Para ello, "han aparentado ante los inquilinos una inexistente disputa, incluso judicial, en torno a la titularidad de las fincas".

Empleaban, también, "expresiones verbales amenazantes y actitudes coactivas dirigidas personalmente contra los inquilinos directamente por los querellados o a través de terceras personas por su encargo"; y cometían "omisiones graves e intencionadas" de los deberes legales de conservación, reparación y mantenimiento de los inmuebles. Les cortaban la luz y el agua, creando "un ambiente hostil e inadecuado para el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda", y encima introducían en los inmuebles a "personas que desarrollaban actividades claramente molestas y perjudiciales" para el resto de los inquilinos, como son la "prostitución, sobreocupación, pensiones ilegales, supuesto tráfico de drogas", según el fiscal.

Los investigadores dieron con la trama a raíz de la declaración de una de las personas que trabajaba en esta red, que explicó que Miguel B.V. alquilaba preferentemente a rumanos para que en los pisos se ejerciera la prostitución, ya que entonces pasaba de cobrar 650 euros mensuales a cantidades que oscilaban entre los 1.200 y los 1.500 euros.






* El Mundo - Xiana Siccardi - 7.03.09
Foto: Número 28 de la calle Lluna del Raval, uno de los sometidos a coacciones | C. Maury, elmundo.es