El Tribunal de Cuentas detecta el desvío de dinero y suelo de los PAI a fines no previstos

INFORMACIÓN* : Siete municipios de la provincia de Alicante más las ciudades de Valencia y Castellón destinaron el 65% del suelo o el dinero que recibieron de los planes urbanísticos a fines no previstos en la ley, según el informe de fiscalización del servicio de la gestión y control de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo del Tribunal de Cuentas.

La Comunidad Valenciana es la autonomía con el porcentaje más elevado (el 65%) de destino impropio de los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y los municipios de la provincia que figuran en el documento son Alicante, Elche, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja, Dénia y Calpe, aunque se desconoce si todos incurrieron en este desvío y en qué cuantía.
¿A dónde va este dinero? Se supone que a fines confesables aunque no previstos en la ley, que pueden ser inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes o gastos financieros. Cataluña es la segunda comunidad en la que más irregularidades a este respecto (un 61,9% de desvío) y Asturias la tercera (58,5%).
El órgano fiscalizador estatal también ha detectado que sólo el 35% del dinero o del suelo de la actividad urbanística que reciben los ayuntamientos de la Comunidad se destinan a construir viviendas de protección oficial (VPO), que es el principal fin para que el que se creó esta figura legal.
El origen del patrimonio municipal de suelo se remonta a Ley del Suelo de 1958 y en la Comunidad se reguló por primera vez en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994. El Consell afinó su uso casi una década después, en una reforma aprobada en 2003. El patrimonio municipal de suelo tiene como principal objetivo garantizar el derecho a una vivienda digna (artículo 47 de la Constitución) a través de los solares públicos en los que deberían construirse viviendas baratas.
Estos se obtienen de la fiscalización que el órgano auditor del Estado decidió realizar en 2006, en pleno boom urbanístico, y que han visto ahora la luz. Los ayuntamientos auditados a los que se requirió información, a través de la Sindicatura de Comptes, son las tres capitales de provincia más seis de los municipios con más de 20.000 habitantes que más crecieron entre 2000 y 2004, es decir Calpe, Dénia, Elche, Orihuela, Santa Pola y Torrevieja. La mayoría estaban gobernados en 2004, el año de estudio, por el PP a excepción de Dénia y Elche, cuyos consistorios estaban entonces dirigidos por el PSPV. Actualmente, sólo Elche sigue en manos socialistas.

Falta de colaboración
Sean de uno o de otro color, los consistorios auditados han mostrado un escaso interés por colaborar con el Tribunal de Cuentas y su interlocutor en la Comunidad, la Sindicatura de Comptes, ya que en algunos casos no han facilitado la información que se les exigía. Una actitud que esconde la escasa disposición por cumplir con las obligaciones legales en la materia auditada que es el patrimonio público de suelo. De los 9 ayuntamientos fiscalizados, siete no tienen formalmente constituido el Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y de los otros dos el Tribunal de Cuentas carece de datos. La dinámica interna del examen del órgano fiscalizador impide conocer cuáles son los que cumple y los que no, ya que sólo se publican los datos generales, según el Tribunal.
El PMS es una especie de caja fuerte común en la que los gobiernos están obligados, por ley, a ingresar los terrenos que los dueños les ceden en todas las actuaciones urbanísticas (suele ser un 10% por plan), las expropiaciones "de todo tipo", las permutas o las cesiones de suelo. Aunque en esta caja fuerte también se han de ingresar el dinero que se obtenga por la venta de los anteriores terrenos o por el cobro en especie del citado 10% que obtiene cada ayuntamiento e, incluso, el dinero que recaudan por las sanciones urbanísticas. En estos casos, el Tribunal ha detectado que la única fuente de los PMS es ese 10% que cada promotor cede a los ayuntamientos (es decir, no se ingresan ni las permutas o expropiaciones ni el dinero).





* Información - L. BALLESTER BENEYTO - 9.03.09
Foto: Una manifestación en Elche por una vivienda digna, en una imagen de archivo DIEGO FOTÓGRAFOS, diarioinformacion.com