Decenas de vecinos de Pozo Alcón, imputados por chalés y naves ilegales

IDEAL/Jaén* : La Guardia Civil ha comenzado ya a tomar declaración a decenas de vecinos de Pozo Alcón a los que se está imputando un delito contra la ordenación del territorio. Los especialistas en temas urbanísticos del Seprona llevan meses investigando las construcciones supuestamente irregulares en el término municipal. Entre las personas llamadas a declarar están anteriores responsables municipales, además de particulares.

En Pozo Alcón, en terrenos que están a las puertas del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, no se han detectado urbanizaciones ilegales, sino la proliferación de construcciones aisladas con uso residencial mayoritariamente y también algunas naves de aperos. Están sobre suelo no urbanizable que, en algunos casos apuntan fuentes de la investigación, gozan de algún nivel de protección. En un pri momento, el número de construcciones supuestamente ilegales detectadas superaban el medio centenar. En esta fase de imputaciones abierta ahora habrá una segunda criba en la que algunos vecinos podrán sacudirse la sospecha de haber cometido infracción penal. Pero el número de llamados a declarar como imputados se cuenta por decenas.
Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas». La regidora ha explicado que «ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente». Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
Trámites lentos
Ayer, Salazar indicaba que algunos vecinos habían quedado fuera de la lista de imputados gracias a la gestión del Ayuntamiento. Sin embargo, la salvación legal para esas construcciones requiere mucho tiempo. El Seprona y la Justicia van más deprisa. La regidora de Pozo Alcón explica que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado con la adjudicación de la redacción del nuevo plan.
«Ha habido desde entonces varias reuniones con distintas consejerías de la Junta en Sevilla, pero cuando un procedimiento judicial empieza tiene que acabar. Aún no hay un avance del plan aprobado» -documento que podría servir de tabla de salvación a aquellos que tengan su parcela en terrenos que se declaren urbanizables- y el trámite es lento.
Según declaró la alcaldesa el pasado mes de junio «regularizar, es decir, legalizar todo aquello que sea susceptible o posible». Pilar Salazar insistía en «dejar muy claro que la intención de esta alcaldía es resolver, solucionar, y que estas situaciones no se vuelvan a producir nunca».
El Seprona ha hecho ya este tipo de batidas en media docena de municipios de la provincia, con varios alcaldes imputados.






* Ideal - J. E. POVEDA - 15.02.09
Foto: Vista general de Pozo Alcón, en la sierra de Cazorla. /IDEAL