Los juzgados tramitan más de 50 denuncias por chalés ilegales en el pantano de Orellana

HOY/Badajoz* : Los juzgados de Villanueva de la Serena están tramitando más de medio centenar de denuncias por chalés construidos junto al pantano de Orellana, en el paraje conocido como Los Tercios. Se trata de una zona especialmente protegida y donde se prohíbe cualquier tipo de construcción.

Las primeras denuncias partieron del grupo Ecologistas de Extremadura en febrero de 2008. A lo largo del pasado año se han unido nuevas denuncias realizadas por la Junta de Extremadura y el SEPRONA.

Son los agentes de este servicio de la Guardia Civil los que documentan con planos y fotografías la situación de cada uno de los chalés levantados junto al pantano y los envían a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Esta institución las deriva hacia la Fiscalía de Badajoz, que abre diligencias y las pone en conocimiento de los juzgados de Villanueva de la Serena, que son los competentes para realizar la instrucción.

Hasta ahora, según la información recabada por HOY, han llegado a los juzgados villanovenses más de medio centenar denuncias correspondientes a otros tantos chalés construidos en el entorno del pantano. Se trata de viviendas que se han construido sin licencia de obra e incluso en ocasiones con la licencia abiertamente denegada por el Ayuntamiento. En unos casos las viviendas están acabadas y en otros se encuentran todavía en obras.

La construcción de estos chalés podría constituir un delito urbanístico, calificado técnicamente en el Código Penal como un delito contra la ordenación del territorio. Hay que tener en cuenta que las viviendas están construidas en un espacio sobre el que recaen varias figuras de protección ambiental. Es un espacio natural protegido, calificado también como ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). El entorno del embalse está incluido también en la Red Natura 2000. Algunos de los chalés invaden además la superficie cercana al embalse, que se encuentra en la categoría de humedales protegidos.

Seis meses a tres años

El Código Penal establece penas de seis meses a tres años de cárcel para los promotores o constructores de viviendas en suelo protegido. A esta pena hay que añadirle multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio de tres meses a seis años. Este apartado es especialmente importante para el caso de que exista un arquitecto o aparejador que dirija la obra. Sin embargo, en estos casos es frecuente que los chalés sean autoconstruidos, lo que supone que el propietario es el promotor y único responsable al que se le responsabilizará del presunto delito.

Pero hay otro apartado de la ley especialmente importante: los jueces o tribunales 'pueden' ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del delito.

«Pediré la demolición»

Agustín Manzano, fiscal especializado en Medio Ambiente de Badajoz, considera que debe aplicarse el artículo que contempla la demolición de la construcción ilegal. Manzano, que confirmó a HOY la existencia de estas denuncias y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, estima que de no aplicarse esa sanción no se consigue proteger los espacios naturales. Por ello, en este caso está dispuesto a pedir la demolición de todas las construcciones ilegales levantadas en Los Tercios.

Sólo si decreta esa medida se recuperaría la zona tal como se considera que debe estar. Además, tendría un efecto ejemplarizante para todas las personas que están dispuestas a construir en parajes naturales sin disponer de ningún tipo de licencia urbanística e incluso a sabiendas de que es ilegal.

Calculan que serán penados como mucho con una multa, pero que se les permitirá conservar su chalé. Hay que tener en cuenta que las penas de cárcel que se contemplan no son muy altas -de seis meses a tres años. En el caso de aquellas personas que no tengan antecedentes penales y reciban una condena de no más de dos años no tienen que entrar en prisión. Con el pago de la multa zanjarían su responsabilidad ante la ley. Por ello el fiscal piensa que sólo la demolición de los chalés consigue el propósito que persigue la ley, que es la protección de la naturaleza. «Si no se hace así te has cargado el paraje ecológico para siempre», afirma el fiscal Agustín Manzano.






* Hoy - M.M. - 3.01.2009
Foto: Chalés construidos en el paraje Los Tercios, a orillas del pantano de Orellana, en una zona protegida. / FRANCISCO HORRILLO, hoy.es