Castelló: Un plan con 7.500 alegaciones

LEVANTE* : Las actas municipales de 1999 desvelan que el PP impuso el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló del año 2000 -anulado ahora por el Tribunal Supremo- con la oposición de más de 7.500 alegaciones vecinales y con al menos dos informes técnicos que ponían en duda las garantías legales del mismo.

El controvertido documento, conocido como la revisión del PGOU del año 2000, fue realmente aprobado provisionalmente en el año 1999 en una sesión plenaria que ha pasado a la historia como una de las más controvertidas y anómalas de la actual era democrática de la capital de la Plana.
Era una tarde del 27 de mayo de 1999 y todos los grupos municipales de la oposición (entonces PSPV, Unitat del Poble Valencià -actual Bloc- y Esquerra Unida) rechazaron el PGOU auspiciado por el concejal de Urbanismo Víctor Falomir, plan que posteriormente sería ratificado y ejecutado por su sucesor y actual alcalde, Alberto Fabra.
PSPV, UPV y EU denunciaron que la documentación definitiva les había sido entregada sólo tres días antes del pleno y que existían informes desfavorables de los propios técnicos del ayuntamiento castellonense.
Además, expusieron que las modificaciones incorporadas por la Generalitat Valenciana al documento expuesto al público eran demasiado sustanciales y no se había dado la posibilidad de que los partidos políticos y los ciudadanos presentaran las pertinentes alegaciones. Ocho años después, el Tribunal Supremo ha anulado el plan precisamente por menoscabar el derecho de alegar de los ciudadanos.
El enrarecido contexto se agravaba al tratarse del último pleno de la corporación. El PP había decidido convocarlo el último día antes de la campaña electoral y, a juicio de la oposición, se trataba de una estrategia para diluir el debate público sobre un plan cuestionado tanto en el ámbito social como en el político.
Los distintos portavoces -Juan Callao (PSPV), Amelia Ferreres (EU) y Antoni Porcar (UPV)- reiteraron al PP una petición para que eliminara el punto del orden del día y aplazara la aprobación del PGOU hasta que se dispusiera de suficientes informes y plenas garantías jurídicas.
El desencuentro fue tal que los concejales liderados por Callao y Ferreres abandonaron el pleno antes de la votación al tiempo que Porcar se mantenía en la sala para emitir su voto en contra.
Minutos antes, Callao había recordado que el informe del secretario municipal ponía objeciones al plan y al "escaso" plazo de estudio concedido por el PP. En el plano legal, el secretario alegaba que había detectado "alteraciones de competencias resolutorias, modificaciones de procedimiento y determinaciones cuya redacción convendría mejorar".
Víctor Falomir respondió que era consciente del citado informe y que había preferido anteponer el criterio de un estudio privado encargado al coordinador de la elaboración de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Francisco Blanch. "Naturalmente, entre dos informes contradictorios, la obligación del político es decidir y en este caso el ayuntamiento decide por el informe del señor Blanch, porque si tuviéramos que hacer siempre lo que dicen los técnicos o juristas de la casa, al final sobrarían los políticos, gobernaría el señor secretario o el señor interventor y los políticos sobrarían. Entonces, ante dos informes, uno de ellos hecho precisamente por el señor que coordinó la ley a la que se tiene que someter este plan, el Ayuntamiento opta por este informe".






* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 6.01.2009
Foto: rEcalificación. Carteles contra la recalificación de parte del Pinar en 2000.
carlos pascual, levante-emv.com