Málaga sí que se vende, el alcalde se ocupa de ello

ELOBSERVADOR* : Quienes creían que Málaga no se vendía se equivocaban. Málaga se ha vendido, se está vendiendo y así seguirá por lo menos hasta 2011, fecha en la que, según ha comprobado El Observador en el Plan de Estabilidad presupuestaria presentado por el alcalde, Francisco de la Torre, el Ayuntamiento confía en haber ingresado en sus arcas más de 176 millones de euros a base de firmar convenios urbanísticos.

Un dinero que la corporación espera arrancar a promotores y grandes empresas a cambio, básicamente, de dejarles construir más o construir lo que quieran. Las cuatro torres de Comarex en Carretera de Cádiz, la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas y las tres torres de Telefónica en Martiricos son algunos de los acuerdos en los que el PP confía para que la deuda del municipio no sea asfixiante. Un capítulo de ingresos en el que también figura una previsión de 54 millones de euros por parte de Endesa, un pago por el que la compañía eléctrica obtendría el permiso legal para construir una central térmica, que sería la segunda de Málaga, en la desembocadura del río Guadalhorce.

UNA vez que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, el Ayuntamiento ha previsto que los convenios urbanísticos aporten a las arcas municipales 12 millones de euros en 2009, 81.5 millones de euros en 2010 y 82.74 millones de euros en 2011. La cifra total, 176 millones de euros, se incluye en el Plan de Estabilidad Presupuestaria presentado recientemente por la corporación del Partido Popular en el Consistorio malagueño.

ESTE plan responde a la llamada Ley de Estabilidad que sacó adelante el último gobierno de José María Aznar para equilibrar las cuentas de las administraciones locales. Su aplicación en Málaga llega tarde, descubre cómo el presupuesto municipal se ha venido maquillando descaradamente los últimos años y lo más importante, reduce a la mitad las inversiones municipales entre 2009 y 2011. Ante este duro ajuste, el gobierno municipal se aferra a los fondos europeos, los convenios urbanísticos y la venta de suelo.

LA responsable de Economía del grupo municipal socialista, Inmaculada Pérez de Guzmán, afirma a EL OBSERVADOR que sobre los convenios urbanísticos “ya han saltado todas las alarmas. Se sabe como empiezan pero no como acaban. Hay que explicarlos, justificarlos, dotarlos de contenido, decir para qué se va utilizar el dinero y cómo va a llegar al Ayuntamiento. Además, deben ser aprobados en pleno. Sin embargo, el alcalde nos tiene acostumbrados a la falta de transparencia, previsión y control en esta clase de acuerdos, que de ser excepcionales se han convertido en habituales”.

LOS convenios urbanísticos son acuerdos de la administración local mediante los que se recalifica un terreno, se le da un nuevo uso o nuevas posibilidades, por ejemplo, un aumento de edificabilidad. Se han convertido en una de las formas habituales de financiación de las corporaciones municipales. “Los convenios generan desigualdad facilitando el enriquecimiento de los propietarios de suelo con capacidad para pagar las reclasificaciones, en detrimento no sólo del interés público sino también del de aquellos propietarios, que en igualdad de circunstancias urbanísticas, no tienen la capacidad económica”, sostiene Inmaculada Gómez, asesora jurídica de Ecologistas en Acción: “Este urbanismo de compraventa genera desigualdades, es tremendamente injusto y provoca una absoluta desconfianza en el ciudadano, que comprende que su modelo de ciudad, la racionalidad que debe presidir el crecimiento urbano y las auténticas necesidades de la población, son decididas en los despachos de los concejales de Urbanismo y convierte el planeamiento en una potestad en manos de unos cuantos euromillonarios”.

BASTA recordar lo sucedido en la parcela donde antaño se ubicaban los depósitos de Repsol, y en la que durante décadas se prometió un gran parque para disfrute de los malagueños, para entender cómo un convenio entre unos promotores, en este caso la constructora granadina Comarex, y la administración local que dirige Francisco de la Torre acaba de un plumazo con el sueño verde y lo sustituye por cuatro edificios. A cambio, eso sí, de 80 millones de euros. La democracia y el planeamiento de la ciudad se pervierten y desaparecen. ¿Si 80 millones son cuatro torres, para cuánto dan los 176 millones?

ATENDIENDO al plan de ajuste aprobado en solitario por el grupo municipal del PP, en estos 176 millones caben, entre otras cosas, las torres de Telefónica en Martiricos (donde estaba Citesa), la central térmica de ciclo combinado de Gas Natural en Campanillas o el acuerdo por el que a cambio de 2.6 millones de euros, los propietarios de Málaga Wagen levantarán en el lugar donde se ubica actualmente el concesionario de automóviles un bloque de 16 plantas con zócalo comercial cuando los edificios de al lado tienen ‘sólo’ ocho alturas (en este convenio, por cierto, se ha computado suelo de titularidad privada, calles y zonas públicas adyacentes para permitir este aumento de edificabilidad).

PERO sin duda, el punto más inquietante del plan de ajuste del PP es el que prevé que Endesa pague dos partidas, una de 48 y otra de 6 millones de euros, por un convenio urbanístico. La compañía eléctrica ya ha hecho pública su intención de construir una central térmica a orillas del río Guadalhorce, que sería la segunda instalación de este tipo que tendría que soportar la ciudad. El grupo municipal del PSOE va a pedir explicaciones concretas sobre este punto.

LA alarma social que crean centrales térmicas contaminantes como la que se construye actualmente en el río Campanillas, de Gas Natural o ésta de Endesa, han provocado la constitución de plataformas ciudadanas para frenar estos proyectos. (Puede visitar http://malaganotermicas.blogspot.com)

POR otra parte, hay que tener en cuenta que la Ley Andaluza del Suelo ha establecido que el 75% del dinero que se obtiene por convenios urbanísticos o venta de suelo se tiene que dedicar a la construcción de Viviendas de Protección Oficial y sólo el 25% de los ingresos restantes se pueden desviar a inversiones de mejoras de infraestructuras. Además, desde enero de 2006, los ayuntamientos andaluces tienen prohibido disponer del dinero que cobran por anticipado por convenios urbanísticos hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento correspondiente y existan por tanto garantías de que se puede ejecutar lo firmado.


* Revista El Observador - 15/05/08


2ª Parte

Decía el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), que quizás se estaba metiendo “en un charco” cuando en el último Salón Inmobiliario de Madrid (Sima) pidió una bajada de los precios de vivienda “rápida e inmediata” para afrontar la “dura crisis” inmobiliaria y paliar el frenazo de las ventas. Y sí, efectivamente, De la Torre se metió en un charco y volvió a demostrar que una cosa es lo que dice -que bajen los precios de la vivienda- y otra lo que hace -hacer que suban-. Ejemplo: el Ayuntamiento de Málaga ha sacado a subasta una parcela con un precio de salida de 10.080 euros el metro cuadrado; si se hacen 25 viviendas de renta libre en este mismo suelo, tal y como está previsto, cada casa costará 570.000 euros. Esto es un botón, el paquete completo viene recogido en el plan de ajuste presupuestario que ha presentado el Consistorio para adaptarse a Ley de Estabilidad. Según este documento consultado por EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com, el alcalde prevé 125 millones de euros de ingresos por venta de suelo municipal. Seguro que se queda corto: en los últimos años el Ayuntamiento ha vendido el patrimonio público al doble del precio en que inicialmente lo tasó.

LA venta de patrimonio público en la que tanto empeño ha puesto durante su mandato el alcalde de Málaga Francisco de la Torre se va a mantener mientras el popular ocupe el sillón de primer regidor. Las cifras que maneja el Partido Popular en concepto de ingresos por venta de suelo son estas: 25 millones de euros en 2008, 25 millones de euros en 2009, 25 millones de euros en 2010 y 50 millones de euros en 2011. Bote total: 125 millones de euros, que son junto a los 176 millones de euros previstos de ingresos en convenios urbanísticos y el mantenimiento de las ayudas de la Unión Europea, la gran esperanza del PP para que el plan de ajuste presentado ‘sólo’ rebaje a la mitad las inversiones municipales en la ciudad.

¿SON de fiar estas previsiones? Si atendemos a lo que nos tiene acostumbrados De la Torre, definitivamente no. En 2007 presupuestó 38 millones de euros de ingresos en concepto de venta de suelos y acabó vendiendo terrenos por 80 millones de euros, un 209% más de lo anunciado. Una partida, la de 2007, a la que hay que sumar los 48.5 millones de euros de 2006 y los 21 millones de euros que en 2005 se ingresaron en el Ayuntamiento de Málaga por este mismo concepto. Da un poco de vértigo pensar cuál será la pobre herencia y el estrecho margen de actuación que dejará a futuros gobernantes este proceso de privatización acelerada que echa por la borda la herencia de bienes municipales.

¿SABEMOS qué parcelas son susceptibles de enajenar? ¿Se han cuantificado estos suelos debidamente? No y no, pese a ser una de las peticiones expresas realizadas por el consejo de intervención municipal, el gobierno local del PP no ha informado de nada, actitud que también han denunciado los grupos de oposición. Esta información -privilegiada, preciada, útil y potencialmente muy rentable al ser la que marca el desarrollo del negocio inmobiliario- se mantiene en secreto

“LA venta de suelo tal y como la plantea el alcalde es inadmisible y denunciable como fuente de financiación -explica la responsable de economía del PSOE, Inmaculada Pérez de Guzmán-. Vende mucho suelo pero compra muy poco, al no contrarrestar, está esquilmando los recursos del Ayuntamiento: Y además, hay que especificar a qué se dedican esos ingresos. Sin embargo, Francisco de la Torre redistribuye ese dinero como le da la gana, no hay ninguna transparencia en este sentido”.

POR su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, ha denunciado en esta misma línea basándose en los informes de la Cámara de Cuentas de Andalucía que el Ayuntamiento no gestiona adecuadamente “el 83% de los ingresos que recibe por venta de suelo”. Un hecho que a juicio de Brenes supone “un fraude de ley”.

NO hay que perder de vista que el 25% de los ingresos obtenidos por un ente local como el Ayuntamiento a través de convenios urbanísticos y venta de suelo se pueden traducir en inversiones; el 75% restante debe ir destinado por ley a la construcción de Viviendas de Protección Oficial.

DURANTE los últimos años, las ventas de parcelas de titularidad municipal han supuesto pingües ingresos a la corporación malagueña. En no pocas ocasiones los precios de tasación con los que se pusieron a la venta se han duplicado. El diario El País informó de cómo dos pastillas que salieron a subasta en 18.8 millones de euros acabaron adquiriéndose por 34.9 millones de euros. El aumento del precio del suelo y su habitual conversión en viviendas de renta libre conllevan automáticamente una subida del precio de las casas. Estos casos son los que convierten al alcalde Francisco de la Torre en el mayor especulador de Málaga y la capital andaluza con la política de vivienda pública más desastrosa de toda la comunidad. Del Instituto Municipal de la Vivienda, ya hablaremos más extensamente la semana que viene.



* Revista El Observador - 16/05/08