Un ´pelotazo´ de 300 millones

DIARIODEMALLORCA* : Aunque nombres como Antònia Ordinas, Jaume Massot, los alcaldes del caso Caballistas o Joaquín Rabasco están desplazando últimamente al caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), este presunto entramado de corrupción político-empresarial sigue vivo en los juzgados y lleva camino de dar muchas sorpresas.

Los fiscales Anticorrupción -Pedro Horrach y Juan Carrau- acusan a varios políticos de UM y del PP de haber facilitado información privilegiada a un reducido grupo de promotores amigos que les permitió adquirir a precio de suelo rústico terrenos que después serían reclasificados a urbano, mediante las ya famosas ART (áreas de reconversión territorial) directa. El Ministerio Público ve indicios de delito en trasvases de edificabilidad que considera desorbitados, como el derribo del hotel Don Pedro (en Pollença, de 284 plazas), y el Rocamar (Sóller), a cambio de tres nuevos urbanizables en sa Ràpita (Campos), pero de unas nuevas 2.300 plazas. Lo más llamativo de esta permuta es que el Rocamar fue dado de baja en 2002, con lo que los fiscales se preguntan qué plazas podían intercambiarse.
Horrach y Carrau han puesto también la lupa en el traslado de unos dudosos derechos urbanísticos en el Port d´Alcúdia (el antiguo urbanizable AS-16, desclasificado hace años, aunque en litigio) hasta la finca dels Crevers (en Marratxí), con la posibilidad de generar unas 3.500 nuevas plazas. Por este motivo ya han tenido que desfilar ante el juez que instruye el caso PTM, Miquel Florit, los promotores inmobiliarios Mateu y Cristòfol Sastre -dueños de la conocida firma Ibercon-, o el ex presidente del Real Mallorca y conocido empresario Vicenç Grande. En cuanto a los políticos, las comparecencias más destacadas han sido las del portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, y el ex diputado de UM Bartomeu Vicens. Con todo, la lista de imputados es larga, y puede crecer.

Los fiscales calculan elevadas plusvalías

La Fiscalía cuantificó inicialmente en casi 300 millones de euros el alcance de los ´pelotazos´ obtenidos por los promotores mediante estos y otros trueques urbanísticos del PTM. En la querella inicial, se incluyó la operación para reconvertir una antigua vaquería, también en sa Ràpita, en un centro de interpretación del espacio natural del salobral y las dunas del Trenc. Como compensación a sus propietarios, se permitiría el desarrollo de un urbanizable anexo para más de 2.000 plazas. Con todo, algunas fuentes señalan que la Fiscalía retirará los cargos contra los promotores de este proyecto, ya que al parecer habrían adquirido la finca dos años después de haberse aprobado el Plan Territorial de Mallorca, y por consiguiente la ART prevista en el lugar ya era de dominio público.






* Diario de Mallorca - M. FERRER. PALMA - 29.12.2008
Foto: mallorcaweb.com