Para la Federación de Vecinos, la Operación Chamartín ahonda el desequilibrio territorial

MADRIDDIGITAL* : La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) entiende que la extensión del centro de negocios hacia el norte de la Castellana, a la que ha dado paso la firma del convenio firmado entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Madrid, constituye “un atentado contra cualquier modelo de crecimiento urbano sostenible”.

Además, "la Operación Chamartín no es en modo alguno urgente y, desde luego, no resuelve ninguno de los problemas de la ciudad. En caso de que existiera alguna necesidad de desarrollar una operación de uso terciario, debería hacerse fuera del anillo de la M-30 para evitar colapsar más aún el centro de la capital”, asegura Vicente Pérez, responsable del área de Urbanismo de la FRAVM.

Pérez agrega que de esa manera también se evitaría que el norte se convierta en el epicentro financiero, “en detrimento de otras zonas menos favorecidas por la atención de las administraciones y los recursos públicos, como los distritos de Villaverde, Puente y Villa de Vallecas o Vicálvaro”.

“Si el principal argumento para firmar el convenio, tras 15 años de retrasos, es el de la creación de empleo, los vecinos recordamos a las administraciones que podrían destinar la misma inversión pública a la promoción de otros proyectos más sostenibles”, advierte.

Por otro lado, los vecinos aseguran que la construcción de 16.000 nuevas viviendas “desbordará la capacidad de recepción de una zona ya sobresaturada y muy pobremente dotada de equipamientos públicos y zonas verdes como la de los distritos de Chamartín, Fuencarral y Tetuán”.

La FRAVM, por tanto, pide la calificación expresa de al menos el 50% de las 16.000 viviendas como vivienda protegida, y que las administraciones doten de los equipamientos públicos necesarios (escuelas infantiles, centros de salud...) para atender a los cerca de 50.000 nuevos vecinos, así como a resolver los déficit dotacionales acumulados en los tres distritos afectados.

Por último, a juicio de la Federación vecinal, deberán ser las promotoras de la operación las que sufraguen el coste del transporte público y las infraestructuras viarias que conecten el ámbito con el resto de la ciudad, no los contribuyentes.






* Madrid Digital - 26.12.2008
Foto: madriddigital.info