La FCM podría pasar de la vía administrativa a la penal en sus denuncias contra hoteles ilegales en Lanzarote

SANBORONDÓN* : Desde el año 2000, la Fundación César Manrique de Lanzarote, ha interpuesto una serie de recursos contra apartamentos y hoteles ilegales en la Isla. En todos estos años, de forma permanente y en cascada, el TSJC les ha dado la razón respecto a las tesis que defiende la Fundación, afirmando que la mayor parte de éstas construcciones son ilegales. “No irregulares: Ilegales”, puntualiza Alfredo Díaz, portavoz de la Fundación.

De esta manera, 22 hoteles y complejos de apartamentos se encuentran en esta situación. “Esto es absolutamente tremendo. Estamos ante una situación de ilegalidad generalizada en la Isla que aquí nos preocupa muchísimo. Es muy preocupante lo que hay detrás de esto”, comenta Díaz.

Según el mismo Alfredo Díaz, detrás de esta ilegalidad generalizada se halla la apuesta decidida por un modelo, que tal y como ahora se observa también en la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, se orienta a seguir apostando por un modelo desarrollista. “Parece que se desdicen de una cosa que plantearon ellos hace un tiempo con la Ley de Directrices, que es verdad que podíamos tener algunas discrepancias con ella, pero mantenía una dirección encaminada a lo que nosotros pensamos que debe ser, un control responsable del crecimiento, y tener en cuenta que las Islas son territorios pequeñitos y que aquí no vale cualquier cosa”, dice el portavoz de la Fundación.

La Ley de Medidas Urgentes camina en la dirección contraria. “Se van a cargar de un plumazo lo que era el stato quo anterior: el control de crecimiento de las Islas, el tratar de que el desarrollo turístico no se disparatara, ...y más de lo mismo, seguir apostando por un modelo desarrollista que nos va a llevar a donde nos está llevando: a la ruina”, sentencia.

Explica Díaz que todas estas sentencias poseen una característica en común fácil de entender: para conceder una licencia urbanística-turística en Lanzarote es necesario un informe, preceptivo y vinculante, del Plan Insular de Ordenación de la Isla, en vigor desde 1991. Señala Díaz que el Texto Refundido de la Ley canaria sobre ordenación del territorio data de mayo de 2000.

“Y ahora los tribunales vienen a decir que sin ese informe vinculante y preceptivo, que por supuesto estos hoteles y apartamentos no tienen, (porque si lo hubieran pedido en la mayoría de los casos habría sido negativo, y por lo tanto no podrían haber sido construidos), ahora viene el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes que tiende a decir que ese informe deja de ser vinculante y sólo es preceptivo, y se le resta fuerza en cuanto a la planificación territorial a los Cabildos, porque no están adaptados, según ellos, a la Ley de mayo de 2000. Pero es que tenemos leyes anteriores. Y la moratoria es de 2000. ¿De qué estamos hablando?”, pregunta.

En cuanto al Consejo de la Reserva de la Biosfera, según el portavoz de la Fundación César Manrique, un órgano que, aunque tiene un carácter no decisivo, sí consultivo, “no cabe duda que tiene un peso importante”. Considera que constituye una representación amplia de la sociedad lanzaroteña: partidos políticos, sindicatos, personal de las dos universidades canarias, la propia Fundación César Manrique... que le convierten en un órgano “interesantísimo”.

En ese Consejo de la Reserva, recuerda Díaz que unos días atrás el Cabildo de Lanzarote presentó un informe absolutamente demoledor, y además con una profusión de datos y una visión didáctica que a su juicio entiende cualquiera. “Se llega a la conclusión de que se han cometido auténticas barbaridades, a las que hay que buscar solución, pero no sin coste alguno, que es en la mayoría de los casos lo que parece plantear el Gobierno de Canarias con esta Ley de Medidas Urgentes”, dice.

“Si usted ha cometido una irregularidad, habrá formas de compensar, sí. Vamos a analizar caso por caso, vamos a estudiar qué se puede hacer en cada caso”, opina, observando que habrá hoteles que se podrán legalizar, pero no a precio cero.

“Eso es lo que hay que discutir. Lo que la Fundación no está dispuesta, y así lo manifestamos en el Consejo de la Reserva, es que una documentación tan valiosa como ésta, unas sentencias tan contundentes como éstas, veintitantas ya, se queden en agua de borrajas. ¿Qué vamos a hacer? Llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción. A lo mejor ya no es una opción sólo llevarlo por la vía de los contenciosos administrativos, sino por la vía penal”, concluye.





* Revista San Borondón - 13.11.2008
Foto: Lanzarote, Casa Taro de Tahíche - fcmanrique.org