La legalización de 200 viviendas en Marbella ponen en entredicho la actitud de la Junta y el ayuntamiento

GAS* : Una vez más, viviendas ilegales construidas durante el transcurso del gobierno de Jesús Gil, han sido indultadas tanto por el Ayuntamiento del municipio malagueño, como por la Junta, ya que consideran viable que se mantengan estas viviendas, a día de hoy vacías, a pesar de que en el PGOU, se señale a estas viviendas fuera del modelo de ciudad que a día de hoy se intenta encauzar la realidad marbellí.

El Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía, están llevando a cabo reuniones, en las cuales, al parecer se estarían poniendo las bases para las diferentes modificaciones que éstos, quieren llevar a cabo en el nuevo PGOU. La negativa de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, de llevar a cabo los derribos de las viviendas hoy consideras ilegales, así como la connivencia de la Junta ante las actuaciones que está llevando a cabo el consistorio, con el afán de dar normalidad al funcionamiento del Ayuntamiento tras los escándalos urbanísticos destapados, dan una idea de por qué, de las 700 viviendas que se suponía que no tenían posibilidad alguna de legalización, 200 ya están en proceso de ser legalizadas, gracias al apoyo de la Junta y el Ayuntamiento, y con la única traba legal del paso por los tribunales, para legalizar definitivamente éstas construcciones.

Las legalizaciones que se están llevando a cabo corresponden a edificios que claramente incumplen la legalidad. Así, nos encontramos con edificaciones como la urbanización Jardines del Príncipe, 81 apartamentos que superaban en un 40% la edificabilidad permitida, ya que tapaba las vistas de otras viviendas hacia el mar. En un primer momento, se consideró que el edificio debía ser demolido parcialmente, para que cumpliese lo establecido legalmente, aunque posteriormente se ha dado marcha atrás, gracias al encuentro entre Ayuntamiento y empresa promotora. La empresa donará los bajos del edificio al consistorio a cambio de que se mantenga la estructura inicial de la construcción.

Así, otros promotores como Tomás olivo y José María Enriquez (ambos procesados por el caso Malaya), han conseguido mantener sus inversiones en Marbella. Tomás, ha llegado a un trato con el Ayuntamiento para regularizar la 3ª fase del macrocentrocomercial La Cañada, en compensación a la legalización, el promotor ha entregado 92.000 metros cuadrados de los 200.000 que se le exigía en concepto de suelo para equipamiento municipal, y en dicho terreno se acondicionará un recinto ferial. Por lo tanto aún le quedan 110.000 metros cuadrados para uso comercial.
En el caso de José María Enriquez, su proyecto, Jardines de la Costa-16, han seguido su construcción a pesar de existir una orden de paralización de la obra. En este caso, el promotor comprará parte del suelo para cederla posteriormente al Ayuntamiento como zona verde.

La situación no se perfila fácil para las promotoras, pero si los arreglos entre empresarixs y Ayuntamiento siguen produciéndose, es posible que se siga reproduciendo el mismo problema que aqueja a gran parte de la costa andaluza, donde el turismo ha encaminado la economía hacia una carrera por la urbanización masiva, que a pesar de la paralización de la burbuja urbanística, aún hoy se sigue normalizando y asimilando parte del problema, ya que es posible que sea más rentable para el Ayuntamiento, en este caso el de Marbella, dar concesiones a empresarixs, que arrancar el problema de raíz y posicionarse por una sostenibilidad coherente.






* Grupo de Acción Social (GAS) - 18/10/2008