El pacto con la Fiscalía salda con un año de cárcel para Muñoz la cesión de licencias para 250 pisos ilegales

SUR/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cinco de los ediles del GIL aceptaron ayer entre un año y nueve meses de prisión, no sustituíbles por multa, por la concesión ilegal de licencias para la construcción de 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Algabamar II S.L. entre 1998 y 1999. Se trata del segundo juicio -el primero fue el 'caso Belmonsa- donde el pacto entre la Fiscalía de Málaga y los ex concejales gilistas se ha aplicado.

Muñoz, y los ex concejales de Marbella María Luisa Alcalá y Rafael González aceptaron un año de prisión y diez de inhabilitación por la comisión de cuatro delitos contra la ordenación del territorio. Los ex ediles Javier Lendínez, Dolores Zurdo y José Luis Troyano, admitieron cumplir nueve meses de cárcel por dos delitos urbanísticos. El resto de los acusados, también ex concejales gilistas, Tomás Reñones, Manuel Calle, José Luis Fernández Garrosa y Alberto García Muñoz, tendrán que comparecer el próximo 27 de octubre aunque finalmente se apuntarán al pacto, según sus letrados. El aplazamiento fue por cuestiones técnicas procesales. En algunos casos sus abogados no pudieron asistir por encontrarse enfermos; en otros no habían sido citados o lo fueron fuera del plazo reglamentario. Tampoco se sentó ayer en el banquillo de los acusados Juan Antonio Yagüe, hermano de la ex alcadesa de Marbella Marisol Yagüe, que se encuentra en busca y captura desde 2006.

Precedente

En juicios anteriores por delitos urbanísticos cometidos en Marbella los acusados habían llegado a una conformidad previa a la celebración de la vista oral aceptando un año de prisión. A partir de 'Belmonsa' la pena de cárcel ya no puede ser sustituida por multa. Además son los dos primeros juicios en los que los ex ediles de la segunda corporación municipal del GIL se han adherido al pacto. Fuentes de las defensas confirmaron que el acuerdo se aplicará también en otros siete procedimientos en los que no se ha llegado a señalar fecha de juicio.

Hasta ahora sólo los seis ex concejales con delitos urbanísticos pendientes de la corporación de 1995 a 1999 habían comunicado al fiscal de Medio Ambiente, Juan Calvo-Rubio, su conformidad. El resto, que no habían pisado la cárcel, esperaban llegar a juicio en busca de un resultado más favorable. Después de nueve meses de negociaciones todo indica que el pacto con el Ministerio Público empieza a ver la luz. Ya no existe división entre los acusados así que sólo quedaría un escollo. Para que realmente fuera efectivo las acusaciones popular y particular -el Ayuntamiento de Marbella y el PSOE, en la mayoría de los casos- deberían estar conformes con las penas solicitadas por el fiscal, es decir, un año de cárcel para los concejales de la primera corporación y nueve meses para los que pertenecieron a la segunda.

El abogado del Grupo Municipal Socialista de Marbella, Oliver Roales, que lleva seis procedimientos aún en fase de instrucción, aseguró ayer a este periódico que no rebajarán su petición de cárcel. El portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, también mostró su rechazo al acuerdo, aunque no descartó adherirse a la petición fiscal en «casos muy concretos».

Las otras acusaciones

Ambas acusaciones buscan resarcir económicamente a Marbella de las tropelías urbanísticas cometidas durante la 'era GIL' aunque son conscientes de la dificultad que tendrán en los juicios por delitos urbanísticos para determinar la responsabilidad civil y de la ventaja, también para ellos, de acortar los procedimientos de adherirse al acuerdo.

Su rechazo obligaría a celebrar prácticamente todos los juicios que quedan pendientes, unos 70, precisamente lo que tanto la Fiscalía como las defensas pretenden evitar. La primera, para ahorrar tiempo y dinero a la Administración de Justicia. Los segundos, para eliminar de un plumazo años de interminables pleitos que no les evitará entrar en prisión, a juzgar por las últimas sentencias. Además, si se llega a juicio el magistrado puede optar por la pena máxima solicitada lo que podría dar al traste con el pacto. El cómputo final por todos los delitos urbanísticos ya no sería de tres años por cada acusado.

El acuerdo

El acuerdo, bajo la supervisión de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía General del Estado, contempla penas de tres años de cárcel y diez de inhabilitación para cada uno de los acusados, siempre que acepten su culpabilidad y no puedan conmutar el tiempo de prisión con el pago de una multa. Julián Muñoz es el único que permanece aún en prisión. Lleva casi dos años cumpliendo condena por delitos urbanísticos. Pero el resto entrará también en la cárcel en el momento que acumulen más de dos sentencias desfavorables. Aunque todo hace presagiar que la ejecución de dichas sentencias podría aplazarse hasta ver en cuántos procedimientos se aplica el pacto con Fiscalía y saber cuántos años de prisión le corresponde a cada uno de los ediles ya condenados.






* SUR - 23.09.08 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es