Munar infló ilegalmente en 23 millones las obras de la carretera de Manacor

ELMUNDO/Palma* : Mientras el Govern del PP modificaba al alza el presupuesto del velódromo Palma Arena en vísperas de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, el Consell de Mallorca de UM hacía lo propio con su obra estrella: la carretera Palma -Manacor. Una infraestructura que, teniendo en cuenta su coste financiero, puede considerarse como la más importante de cuantas han sido realizadas en Baleares hasta la fecha.

Y si en el primero de los casos los técnicos analizan en estos momentos la legalidad de las modificaciones de manera conjunta con la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, en el segundo ya existe un dictamen firme por parte de los servicios jurídicos de la institución insular que ahora preside la socialista Francina Armengol.

Sus conclusiones no dejan lugar a dudas: señalan que el proceso fue "nulo de pleno derecho" al no mediar expediente administrativo alguno. "Se hizo prescindiendo total y absolutamente del procedimiento, por lo tanto –las modificaciones del presupuesto– están viciadas de nulidad de pleno derecho y no son susceptibles de convalidación", apostillan la jefa de servicio de Secretaría Técnica del Consell de Mallorca del Departamento de Obras Públicas, Magdalena Porcel; y el secretario general de la institución, Jeroni Mas, en un documento que obra en poder de Armengol desde el pasado 21 de febrero.

No obstante, el Govern que preside su compañero de partido Francesc Antich no ha querido hacerlo público ni tampoco ponerlo en manos del Ministerio Público para que investigue el multimillonario modificado como sí lo ha hecho con el del recinto deportivo palmesano.

El 16 de mayo de 2007 la empresa concesionaria de las obras, explotación y mantenimiento de la carretera Palma-Manacor, integrada por Melchor Mascaró; Electro Hidráulica; Aglomerados Mallorca; Obras y Pavimentaciones Man; y Sacyr remitió al Consell de Mallorca un documento en el que advertía la necesidad de ampliar el presupuesto de 145.529.298 euros previsto inicialmente para acometer el desdoblamiento de la Ma-15.
El 'interés público'

El director de las obras aludía entonces a la necesidad de que se aumentara la disposición de dinero "por razones de interés público". Ya que, siempre según él, habían surgido "circunstancias imprevistas" que habían puesto en peligro la "necesidad de mantener el tránsito con un nivel de servicio funcional, así como la necesidad de acabar las obras dentro de los plazos previstos". "Se justifica la modificación", explicaba en su informe, "en que la obra consistía en abrir una zanja del mínimo amplio posible donde ubicar la carretera desdoblada, los caminos de servicio y los diferentes accesos". "Allí también se debían ubicar los diferentes enlaces" lo que, agregaba la concesionaria, "obligaba a demoler y reconstruir todos los cerramientos y servicios ubicados en el entorno o bien hacer las correspondientes obras de adaptación en los casos de los servicios ya existentes –gasolineras, restaurantes, etc–". "Asimismo", concluía la contratista, "se debe hacer sin interrumpir el tráfico y respetando los plazos de ejecución previstos". Para llevar a cabo estos extremos y no alterar ni la circulación ni las fechas marcadas, la modificación se tenía que materializar en un «incremento total de la inversión» de 22.721.735 euros.

A la vista de esta petición el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, curiosamente ex gerente de una de las empresas concesionarias, Melchor Mascaró, acordó dar luz verde a esta petición. Lo hizo el 23 de mayo de 2007, apenas cuatro días antes de las elecciones. Asumía para justificar su decisión la necesidad que esgrimía su ex empresa de ampliar el presupuesto inicial atendiendo al referido "interés público".

El informe jurídico elaborado por el Consell de Mallorca a posteriori advierte en la actuación de los responsables del Departamento de Obras Públicas comandado entonces y ahora por Pascual, "la inobservancia de los requisitos para la modificación de los contratos de concesión de obras públicas". Y recuerda que "ni el contratista ni la dirección facultativa pueden ejecutar modificaciones sustanciales en la obra sin la debida aprobación por el órgano de contratación conforme a la Ley de Contratos". Y que "en caso de hacerlo se originan responsabilidades para el contratista, la dirección facultativa de obra y/o a los funcionarios encargados de la inspección y el control de las obras".





* El Mundo - ESTEBAN URREIZTIETA | EDUARDO COLOM - 29.08.2008
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org