Los ayuntamientos rebajan de mala gana los requisitos del alquiler social

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los municipios metropolitanos comienzan a acatar a regañadientes la nueva ley catalana de vivienda --vigente desde abril-- y han comenzado a rebajar los requisitos establecidos para el acceso a los alquileres protegidos.

Una de las exigencias más polémicas, la del empadronamiento durante determinados años en el municipio donde se ubican las viviendas, ha sido rebajada con la ley que redactó el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en manos de ICV.
Ahora, localidades que han pedido hasta 25 años de empadronamiento, como Mollet del Vallès, o 10 años, como Santa Coloma de Gramenet o Sant Cugat del Vallès, no podrán requerir más de tres años de padrón a los solicitantes.
El Síndic de Greuges, los sindicatos, colectivos de inmigrantes y fundaciones privadas se han manifestado contra esta barrera de entrada a los pisos protegidos que excluye a quienes se hayan mudado de municipios, a los inmigrantes o a quienes quieren mudarse de localidad.
Tras atender las quejas, el Departament de Medi Ambient incluyó en la ley de vivienda la prohibición de las exigencias de largas residencias, una medida utilizada por los ayuntamientos para garantizar pisos a sus ciudadanos más antiguos y a aquellos que siempre han votado en el municipio. El borrador de la normativa también fijaba unas exigencias máximas para los pisos de protección oficial de compra, pero la presión de los ayuntamientos hizo desaparecer esta modificación.

PRIMEROS SORTEOS
L'Hospitalet de Llobregat será el primer municipio metropolitano que exigirá apenas tres años de empadronamiento para sus pisos sociales de alquiler (antes eran cinco) que sorteará después del verano. La nueva norma también será acatada por Sant Cugat del Vallès en su próximo sorteo de finales de año.
"No tenemos más remedio que cumplir la ley. En nuestra web seguimos anunciando que pedimos 10 años de empadronamiento para no crear confusión entre los solicitantes que ya han participado en otros sorteos", explica Lluís Hosta, director de Promusa, que construye la vivienda pública de Sant Cugat. Pese a la rebaja obligada en los pisos de alquiler, el municipio seguirá exigiendo 10 años de empadronamiento para los de compra.
Solo Barcelona pide dos años para sus pisos de alquiler, una exigencia inferior al techo fijado por la nueva normativa. El Ayuntamiento de Rubí ha concebido una opción más salomónica: no impide la entrada de vecinos de otros municipios, pero otorga mayor puntuación a quienes tengan más años de residencia.
"Somos más partidarios de los cinco años que de los tres. De todas formas, acataremos la nueva ley en nuestras próximas promociones", explica Jordi Serra (PSC), alcalde de Badalona. "Aunque también sería justo que todos los municipios reconociéramos la realidad metropolitana y diéramos oportunidad a los vecinos de otras localidades", añade.

DESEQUILIBRIO METROPOLITANO
Santa Coloma de Gramenet, que siempre ha pedido 10 años de empadronamiento para sus pisos protegidos, acatará la norma, pero considera que, por ser un bien escaso, la vivienda protegida debe ser destinada a quienes hayan demostrado más fidelidad y estabilidad en el municipio, según Carme Moraira, concejala de Serveis Territorials.
Amadeu Iglesias, director gerente del Incasol, asegura que existe un desequilibrio en la construcción de pisos de protección oficial entre los diferentes municipios metropolitanos, que hacen un esfuerzo muy diferente para construir pisos sociales. Las desigualdades se intentarán superar con el registro único de solicitantes de pisos protegidos que, en teoría, eliminará las barreras creadas entre los municipios.




* El Periódico - DAVID PLACER - 19-07-2008
Foto: Unos obreros trabajan en una promoción de 45 pisos protegidos en Sant Joan Despí /JOAN CORTADELLAS, elperiodico.com