El juez para las casas que promovió el ex alcalde de Íllora junto a una cañada real

IDEAL/Granada* : Las empezó a construir cuando era regidor en unos terrenos que se habían declarado urbanizables con el PGOU que terminó de aprobar su gobierno. El Juzgado de Instrucción nº2 de Loja ha paralizado las obras de la urbanización que promueve el ex alcalde de Íllora, Antonio Toral, y que -según los informes que constan en las actuaciones- invaden el trazado de una vía pecuaria, la Cañada Real de Loja.

Las obras comenzaron cuando Toral todavía estaba al frente del Ayuntamiento. Es más, la operación urbanística se cerró definitivamente mientras él era alcalde. Por este asunto -desvelado pro IDEAL en diciembre de 2006- la Fiscalía del TSJA presentó denuncia contra el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo por los supuestos delitos de ordenación del territorio y tráfico de influencias.

Cuando sucedieron los hechos Antonio Toral era administrador único de la sociedad Construcciones y Promociones Parapanda Residencial S. L., una empresa dedicada a la «promoción, adquisición y venta de toda clase de terrenos rústicos y urbanos, así como a la construcción, por cuenta propia o ajena», según figuraba en el Registro Mercantil.

Antonio Toral ostentaba el cargo desde el 30 de enero de 2006, el mismo día que inició las operaciones la sociedad. Meses antes, el 11 de noviembre de 2005, el Boletín de la Provincia (BOP) publicaba que el Ayuntamiento había admitido a trámite un proyecto de reparcelación en la pedanía de Alomartes. La operación había sido promovida por la mujer del alcalde y una socia.

Los terrenos habían sido declarados urbanizables -denuncia el PSOE- con la revisión del planeamiento urbanístico (PGOU) que se tramitó en esos años. Un plan que se aprobó definitivamente en noviembre de 2005, aunque el alcalde no participó en aquella votación.

El PSOE -que gobierna en la actualidad- había sido descabalgado a la oposición tras una moción de censura en diciembre de 2003, impulsada por el tripartito PP-PA-PSA. Según los socialistas, la urbanización contemplaba más de un centenar de casas y cuando saltó la investigación ya se habían empezado a construir y estaban casi acabadas las seis primeras, que se habían puesto a la venta al precio de 162.274 euros cada una.

La Delegación de Medio Ambiente emitió un informe en noviembre de 2006 en el que alertó sobre la posibilidad de que las casas que construía el alcalde estuvieran dentro de una cañada real. La Junta aseguraba que el deslinde de la vía pecuaria -de 75 metros de ancho- no se había efectuado.

El Juzgado accede en un auto -recurrible- fechado el 25 de junio a la petición del Ayuntamiento de Íllora, que está personado como acusación, y paraliza las obras de urbanización y de construcción, así como cualquier expediente para licencias de obra o de primera ocupación.




* Ideal - 22.07.08 - Q. CH.
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org