Alicante: La Ley de Costas cumple 20 años sin alcanzar su objetivo en la provincia

INFORMACIóN* : Mañana, lunes, se cumple el 20 aniversario de la Ley de Costas, una normativa que nació como respuesta a la gran presión urbanística en el litoral debido a que España ya era en 1988 "uno de los países del mundo donde la costa, en el aspecto de conservación del medio, esta más gravemente amenazada". Así lo reflejaba la propia ley en su exposición de motivos, donde se argumentaba que había llegado el momento "de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio".

Pero dos décadas después se ha demostrado, al menos en esta provincia, que el texto legal resulta totalmente insuficiente para frenar las construcciones costeras y, además, ha creado un futuro incierto para los propietarios de miles de viviendas que se vieron afectadas por los deslindes. Es más, el aniversario se ha visto empañado por la decisión de Bruselas de investigar la aplicación de la ley, a petición de la Plataforma Nacional de Afectados que preside José Ortega
Son muchos los edificios que se han levantado por toda la costa durante estas dos décadas, sobre todo en los últimos años. Por el contrario, sólo se han derribado unos cuantos edificios y sí se ha generado una gran inseguridad jurídica a quienes ya tenían una casa junto al mar.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas apuntaba que el "doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza con extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca".
Mientras la Dirección de Costas ha declinado realizar una valoración de la aplicación de la ley en la provincia, Pablo Sánchez Jerez, profesor de Biología Marina en la Universidad de Alicante, y miembro de Ecologistas en Acción, explica que "la filosofía de la ley está muy bien pero, al no haberla asumido los municipios, el efecto ha sido muy pequeño". Según explica, "al depender la ocupación del litoral de los planes generales ha dado lugar a que se hayan levantado urbanizaciones de forma legal". En cambio, explica, la ley "sí está afectando a construcciones antiguas que la incumplen. Se está pagando con ellos su aplicación mientras las grandes constructoras siguen edificando, lo cual no deja de ser una aberración".
Sánchez Jerez opina que la mayoría de los ayuntamientos no apuestan por proteger el litoral. Sólo en alguna localidad como Dénia o Xàbia se ha intentado preservar la ribera, pero la mayoría de los planes generales tramitados -como El Campello, Santa Pola o La Vila- favorecen la construcción. Y esto con el beneplácito de la Generalitat.
El presidente de la Plataforma Nacional de Afectados denuncia que la aplicación de la ley "mantiene en una situación de indefinición, en el limbo jurídico" a 800 propietarios de los Arenales del Sol desde hace 11 años. "Costas está dando mucha prisa en deslindar, pero cuando tramita las operaciones debe regularizar las situaciones patrimoniales y no lo hace". En su opinión, "las líneas se fijan de forma arbitraria" ocupando en ocasiones viviendas pero no viales y, por ejemplo, a pesar de que el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado que se desafecten los terrenos de Rocafel, "se está tramitando un nuevo deslinde que mantiene el anterior", dejando fuera de ordenación parte de estos edificios.

ALICANTE
El contraste entre Cala Cantalar y Rocafel
Mientras los vecinos de Rocafel ven sus futuro inseguro, en cambio cerca de allí, en Cala Cantalar, se han construido viviendas y se ha urbanizado un paseo de forma legal a pocos metros del mar por arte y gracia del PGOU de 1987, que lo calificó como suelo urbanizable. También Alicante del antiguo hotel El Cabo sólo queda su estructura ya que la ley de Costas impide autorizar su reconstrucción. Y en Tabarca los nuevos bungalows enfrentaron años atrás al Gobierno central con la Generalitat y el Ayuntamiento porque una vivienda invadía incluso la servidumbre de paso. Actualmente la vivienda sigue estando al pie del acantilado.

ELCHE
Ochocientos afectados en Arenales del Sol
En la playa ilicitana de Arenales del Sol, cerca de 800 viviendas situadas en primera línea están afectadas por el deslinde marítimo terrestre surgido tras la Ley de Costas. Los propietarios de unos inmuebles vieron como, tras el deslinde, ocupaban unas viviendas que tienen una concesión de 30 años, prorrogable a otros 30. Iniciaron desde ese momento una batalla legal en los tribunales para intentar anular ese deslinde y, aunque recurrieron a todas las instancias, no lo han conseguido.
Lejos de claudicar en la batalla, hace meses volvieron a iniciar un procedimiento extraordinario de revisión de la sentencia judicial. Para ello solicitaron al Ayuntamiento que adoptara los acuerdos plenarios necesarios para instar a que los pisos queden excluidos de la afección de dominio público y los terrenos vuelvan a ser declarados urbanos.
De este modo, el Ayuntamiento ilicitano presentó el pasado mes de febrero ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente. El recurso nació a raíz de que el Estado no había contestado en el plazo legal de tres meses al requerimiento realizado desde Elche para que fuera revisado el deslinde de Costas aprobado en mayo de 1997 para Arenales del Sol.
El Consistorio ilicitano coincide con los vecinos en que el deslinde de 1997 no era correcto puesto que existía uno anterior, del año 1974, que dejaba fuera de la afección esa primera línea de edificios. Pero, por ahora, los inmuebles afectados siguen inmersos en la concesión administrativa de los 30 años prorrogables otros 30.

VEGA BAJA
Veinticinco chalés derribados y van más
En la Vega Baja el deslinde de Costas afectaba y afecta especialmente a más de un centenar de pequeños chalés en pleno dominio público habitados al pie de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura. Veinticinco han sido derribadas. El resto correrá la misma suerte con algunas excepciones de vecinos que han decidido tramitar y pagar una concesión y por 30 años más. En este caso el procedimiento se inició en 1995 y está cuajado de denuncias públicas de vecinos, procedentes del interior de la comarca, que acusan a la Dirección General de Costas de no usar con ellos el mismo rasero que con las construcciones de mercantiles.
Otra área donde el expediente de deslinde se eterniza es el iniciado hace dos décadas entre La Mata y Cabo Cervera de Torrevieja. 2.600 casas invaden la servidumbre de protección mientras que tan sólo una docena están en dominio público y deberán ser derribadas si no obtienen la concesión de 30 años.
Las implicaciones legales de estar en servidumbre de protección son importantes desde el punto de vista económico. Esta situación permite la compra venta de sus inmuebles y no está sujeta a ninguna concesión con plazo, pero exige la autorización de Costas, al margen de la que se solicite al Ayuntamiento, para acometer obras, y además -en teoría- impide que se aumenten las edificabilidades de lo ya construido. También se anota en el registro de la propiedad.
En esta zona está pendiente desde 2005 el derribo del edificio de nueva construcción Montegira, mientras que los funcionarios de Costas -sin explicación aparente, según el resto de vecinos afectados- excluyeron del dominio público en 2001 al inmueble del Lloyd´s Club (sólo afectado ahora por la servidumbre de protección) a pesar de que se edificó después de 1988 sobre la zona arenosa de la playa.
También está sujetas a expediente de deslinde sin terminar las orillas de las lagunas de Torrevieja y La Mata. En la Punta La Víbora, de la laguna torrevejense, el Ayuntamiento se apuntó a la arquitectura espectáculo y encargó el edificio de un balneario o parque de relajación al arquitecto japonés Toyo Ito. Lo hizo sin concesión de Costas y acogiéndose a la legislación autonómica. Costas mantiene paralizada la estructura en espiral del balneario desde hace años.
También en la costa oriolana los propietarios de las viviendas de Mil Palmeras en la urbanización Vistamar están en teoría afectados por la zona de dominio público. Este sector B-1 de Orihuela se construyó por la vía de los hechos consumados. La mayoría de los bloques fueron habitados a principios de los noventa por 600 propietarios, tres fueron derribados por la Administración autonómica socialista, que asumió -en una decisión inédita y cargada de conflictos legales-, las competencias ejecutivas del Gobierno central en esta materia.
El pasado mes junio las retroexcavadoras procedieron a demoler las estructuras de los edificios de La Torre de la Horadada paralizados a principios de los noventa por no cumplir con la legislación. Un acuerdo urbanístico con la empresa infractora ordenó urbanísticamente la zona en 2000 y la empresa ha iniciado la obras de demolición y construcción de otra urbanización dejando diáfana la primera línea de costa.

MARINA BAIXA
Las torres de Punta Llisera siguen adelante
En la Marina Baixa apenas hay dos conflictos con sendos edificios afectados por esta ley, aunque sólo uno de ellos está relacionado directamente con la ley. El deterioro progresivo de la construcción no finalizada del edificio Ánfora de Finestrat provocó que la Corporación local reclamase en numerosas ocasiones el derribo del mismo. Tras fijar las cantidades por la expropiación surgieron los desacuerdos con algunos propietarios que no estaban de acuerdo. En los últimos días Costas y el Ayuntamiento han emplazado a único propietario que quedaba por avenirse a que acepte la cantidad estipulada o se procederá a derribar en un mes, sin posibilidad de volver a levantarlo.
En Benidorm, mientras tanto continúa la construcción de las dos torres, Gemelos 25, en Punta Llisera. El Gobierno pretende recuperar ese lugar afectado por la servidumbre del dominio público marítimo terrestre, pero se ha encontrado con que las licencias de la constructora, Edificaciones Calpe, están en regla y avaladas por la justicia en diversas sentencias. El Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de expropiación, levantó acta notarial de lo construido, pero las obras han seguido, así como la venta de los pisos tras la última sentencia favorable. La indemnización a pagar, en cualquier caso, será muy cuantiosa para las arcas públicas. La empresa, mientras, afirma que sólo un juez le puede obligar a paralizar el proyecto.

MARINA ALTA
Pendientes del deslinde en dos playas de Dénia

La aplicación de la Ley de Costas en la Marina Alta tiene un punto principal de conflicto. El litoral norte de Dénia, en concreto su tramo más meridional. Varios kilómetros de costa, en especial los de las playas de l'Almadrava y les Deveses, están todavía pendientes de la aprobación del deslinde definitivo, que supondría la ampliación en seis metros de la franja de dominio público marítimo terrestre. Y ello colisiona con edificaciones y otros elementos existentes (vallas, escaleras, etcétera) en la zona. En concreto, según un informe elaborado por Costas, son un total de 242 los "elementos" que invadirían la zona pública.
Los vecinos han reaccionado con preocupación y aseguran que las consecuencias allí de la aplicación de la Ley de Costas serían mucho más drásticas.
A principios de este mismo año, constituyeron la llamada Plataforma de Afectados por el Deslinde de Marines-Racons, cuya primera medida ha sido presentar al Parlamento Europeo una queja por lo que consideran "aplicación abusiva de la Ley de Costas". Y es que, según sus estimaciones, la aprobación del deslinde definitivo afectaría a 600 propietarios.
El asunto del deslinde también ha llegado a los tribunales. En una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, ha dado la razón al Ayuntamiento de Dénia que rechazó el recurso de una promotora a la decisión municipal de desclasificar terrenos del nuevo deslinde en la zona de mayor valor ecológico del litoral norte. En concreto, en el único tramo que queda virgen de dunas y vegetación en primera línea de playa.





* Información - 27 de julio de 2008
Foto: Benidorm (Alicante), construcción torres punta Llisera - diarioinformacion.com