La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo denuncia su precariedad

ABC* : Es una reclamación muy habitual en las memorias anuales de fiscalías y tribunales, pero en este caso la denuncia por la escasez de medios personales y materiales parece más justificada que nunca. La institución afectada es la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que, pese a su reciente creación (funciona desde hace dos años) y a encontrarse aún en pleno desarrollo, soporta una enorme carga de trabajo.

La responsabilidad en la dotación de medios corresponde tanto al Estado como a las Comunidades autónomas, según la fiscalía pertenezca a un territorio con las competencias en materia de justicia transferidas o no. El compromiso asumido en esta materia «simplemente no se lleva a cabo», asegura la Memoria de 2007; y en muchos casos, añade, se «interpreta como una simple discrecionalidad lo que verdaderamente es una obligación».
Las carencias que sufren los fiscales dedicados a esta materia -que en muchos casos se suplen «a base de trabajo extra y vocación»- contrastan con la prioridad que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha querido dar a la lucha contra el fraude urbanístico y a la política de medio ambiente con la reciente creación de un ministerio específico. «Si eso es realmente así, que se vea con presupuesto», reclaman fuentes fiscales.
Los delitos competencia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo -todos los derivados de la ordenación urbanística así como los de medio ambiente en sentido amplio (vertidos, incendios etcétera)- requieren especialización. De ahí que se reclame también la creación de juzgados específicos.
Una dificultad añadida para la persecución de estos delitos, según denuncia la Memoria, es la responsabilidad penal en la que en numerosas ocasiones incurren las administraciones autonómicas y locales, lo que hace de ellas un enemigo de los fiscales más que entidades colaboradoras.
A continuación, reproducimos por su interés varias denuncias de distintas fiscalías contenidas en la Memoria:
Baleares. «La situación de Baleares se hace especialmente complicada, en cuanto a medios personales y materiales se refiere, sobre todo considerando la complejidad de los asuntos urbanísticos delictivos descubiertos en las Islas y habida cuenta de que aún a pesar de la enorme carga adicional de trabajo, los limitados medios y el único funcionario disponible se mantienen inalterablemente».
Ávila. «Ha solicitado no solamente más personal auxiliar sino también más fiscales (...), sin que hasta el momento se haya dado respuesta alguna a su petición». La solicitud se basa en el «volumen de trabajo que se está produciendo en temas de medio ambiente, partiendo de la base de la riqueza natural de su entorno y la importante lista de graves agresiones que contra el mismo se han producido en su ámbito territorial».
Bilbao. Su Fiscalía se ha tomado la justicia por su mano y «ha empezado a recurrir a la colaboración de fiscales no especialistas como forma de afrontar la carga de trabajo».
Huelva. Además de un programa informático específico, esta Fiscalía critica «la ausencia de una adecuada conexión informática con los cuerpos policiales y los juzgados», carencia que dificulta más el trabajo.
Tenerife. Los fiscales de esta Isla van más allá y denuncian «que el sistema informático autonómico, conocido como «Atlante», no es tan siquiera compatible con los sistemas informáticos de la Fiscalía General del Estado».
Las Palmas. La falta de una adecuada conexión con los órganos judiciales crea situaciones tan surrealistas como que haya asuntos en tramitación «desde hace años en los juzgados sin que se tenga constancia fehaciente de los mismos por no haber pasado nunca por nuestras dependencias». Bilbao incide en el mismo problema: «No resulta sorprendente la recepción de causas de considerable volumen que llevaban años tramitándose sin el conocimiento del fiscal».
Castellón. La carencia de medios informáticos obligó a los fiscales de esta zona a «efectuar un «barrido» en todos los juzgados de la provincia con el objeto de intentar conseguir los datos más fidedignos posibles sobre las causas ambientales en tramitación».
Teruel. La situación de esta Fiscalía es sangrante. No sólo reclama un programa informático específico, «sino otros instrumentos más básicos tales como un ordenador portátil que permita reproducir los atestados e inspecciones oculares que se reciben en DVDs y CDs,vídeos o similares que, hoy por hoy, ni siquiera pueden ser visionados por el fiscal ni ser proyectados en actos judiciales». Teruel también reclama una cuenta de correo electrónico.
Mención a parte merece la nula disposición por parte de los fiscales de personal técnico y peritos imparciales para su asesoramiento, un hecho que fuentes consultadas por ABC califican de «muy grave». De nuevo se trata de una competencia que las administraciones eluden sin más. Baleares explica cómo «en ocasiones la administración manifiesta simplemente que carece de presupuesto para atender a las periciales interesadas por el Ministerio Público».
La raíz del problema, sin embargo, es otra. Tarragona lo pone de manifiesto: «En materia de contaminación siempre se topa con el problema de que el perito que puede fundar la acusación, si hay alguno, es el de la administración que ha autorizado la instalación o vertido o bien que no los ha inspeccionado suficientemente. Los dictámenes de los peritos con los que puede contar el fiscal suelen ser flojos, salvo que el tema haya saltado profusamente a la opinión pública (...) En este orden de cosas, se hace difícil llevar adelante una acusación (...) Sería muy interesante poder contar con perito objetivo que dependiera de la Fiscalía General del Estado o de la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente».
León. «Los informes de la administración pública no se pueden tener como válidos y fehacientes pues, en la mayoría de los casos, son contradictorios, dependiendo del departamento que los mande, y en otros se ha llegado a la conclusión de que los mismos eran parciales, por lo que se han abierto causas contra sus autores por presuntos delitos de cohecho o prevaricación».
En la misma línea, Burgos y Asturias insisten en la necesidad de contar con peritos imparciales «debido a la frecuencia de supuestos en los que está involucrada la propia administración».




* ABC - NIEVES COLLI. MADRID - 12 de junio de 2008
Foto: Atascos y contaminación Madrid - Uly Martín (El País)