Cantabria: Las viviendas con sentencia de derribo no podrán ser legalizadas

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Gobierno estudia «caso por caso» la situación de las 532 casas afectadas en cinco municipios para contestar al TSJC. La mayoría de las urbanizaciones con sentencia de derribo existentes en Cantabria no se podrán legalizar, por lo que su demolición será inevitable, según señaló ayer el jefe de Gabinete de la Consejería de Urbanismo, Pedro Hernández Cruz.

El Gobierno Regional está elaborando un informe, que analiza «caso por caso» las 23 resoluciones judiciales que ordenan la demolición de un total de 532 viviendas en cinco municipios costeros (Argoños, Escalante, Arnuero, Piélagos y Miengo), y así dar respuesta al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para que informe sobre sus planes en torno a estas ilegalidades urbanísticas. Aunque el documento no está terminado, Hernández avanzó que «la mayoría» de los derribos no se pueden legalizar, por lo que el Gobierno instará el cumplimiento de las sentencias.

La Consejería de Urbanismo parte de una doble premisa: que no hay una solución global y generalizada a las demoliciones judiciales y que hay que ir «caso por caso».

El objetivo es determinar qué urbanizaciones se pueden legalizar a partir de los nuevos planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos, y cuáles no, que son «la mayoría», en cuyo caso Urbanismo es partidario de ejecutar las sentencias. «Hay que respetar la legalidad, causando los menores perjuicios posibles a los afectados», indicó el jefe de Gabinete.

El estudio, que según Hernández se inició antes de que en diciembre de 2007 el Parlamento de Cantabria instara al Gobierno a que en el plazo «más breve posible» establezca un plan encaminado a «dar solución, en la medida de lo legalmente viable», a los problemas de derribos, está siendo redactado por la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional y la Dirección General de Urbanismo, en colaboración «con algunos ayuntamientos».

Sostiene Hernández que se trata de un informe «pormenorizado» de todos los casos, que garantice la legalidad y jurídicamente «muy exacto». El jefe de Gabinete de Urbanismo no se atrevió a dar una fecha de conclusión, «puede ser un mes o más», y rechazó la supuesta inactividad de la Consejería en este asunto tan espinoso. «Llevamos meses trabajando en dar una respuesta al problema, que es muy grave. Cualquier solución se dará desde el respeto a la legalidad», añadió.

Pero mientras el Ejecutivo mantiene silencio sobre un asunto tan embarazoso, los tribunales de justicia apremian de la Administración regional una respuesta a la pregunta de qué soluciones se barajan en este entramado urbanístico.

Lo hizo por primera vez el pasado 9 de mayo. La Sala de lo Contencioso Administrativo dictó tres providencias en las que acordaba la suspensión temporal de la ejecución de tres sentencias de derribo, recaídas en la urbanización Las Llamas y El Encinar, en el municipio de Arnuero, y a Pueblo del Mar, en Argoños. En el mismo escrito, se instaba al Gobierno de Cantabria para que, a través de sus Servicios Jurídicos, informara de sus planes sobre este asunto. La Sala no daba plazo alguno a la Administración para responder. Transcurrido más de un mes, ante el silencio de Urbanismo, la Sala ha vuelto a reclamar al Gobierno Regional una respuesta, sólo que en este caso ha limitado el plazo de contestación a 10 días, manteniendo, eso sí, la paralización cautelar de las demoliciones.

Pero, ¿cuál será la respuesta del Ejecutivo si el estudio pormenorizado de la situación no ha concluído? El jefe de Gabinete precisa que la respuesta compete a los Servicios Jurídicos del Gobierno. Sin embargo, la decisión es puramente política. El Ejecutivo podría optar por pedir más tiempo al tribunal para terminar el documento.

Otros efectos

Pero la paralización cautelar de las ejecuciones de los derribos, acordada por la Sala, ha tenido una consecuencia inmediata. Otros tantos afectados, a rebufo de la decisión judicial, pidieron al TSJC que suspendiera también la ejecución de la sentencia de demolición de otras tres urbanizaciones. Pero en estos tres casos, el tribunal ha denegado la suspensión, con el mismo argumento que el 4 de mayo sirvió para aplazar los trabajos de derribo, es decir que el Gobierno no ha respondido todavía sobre sus planes.




* El Diario Montañés - C. DE LA P. - 15 junio 2008
Foto: Urbanización en la playa de la Arena, en Arnuero. / M. DE LAS CUEVAS, eldiariomontanes.es