Valverde pide alejar a los políticos del urbanismo

CANARIAS7* : El magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, defendió ayer la necesidad de que los cargos políticos dejen trabajar a los técnicos en materia urbanística. Así, se reduciría notablemente la arbitrariedad en los procesos y la sospecha permanente que hay sobre éstos.

Rafael Fernández Valverde ofreció ayer una conferencia a los técnicos que trabajan en la Audiencia de Cuentas de Canarias, que asisten a unas jornadas sobre urbanismo y la responsabilidad penal y contable.

El magistrado del Tribunal Supremo dijo ser partidario de potenciar el papel de los técnicos en los procesos urbanísticos y que los cargos públicos se limiten a los planes y programas en los cuales se inspiran después estos expertos en su trabajo. Por ello, animó a «huir de la penalización del urbanismo mediante una mayor discrecionalidad técnica».

De todas maneras, Fernández Valverde afirmó que «el urbanismo de hoy en día es más sostenible, más transparente y también menos concertado» ya que «hay un cierto temor a los convenios».

El magistrado se apoyó en parte de la doctrina que considera que el derecho penal debe actuar «mínimamente» en los procesos urbanísticos ya que esencialmente se enmarcan en la jurisdicción administrativa. De hecho, llamó la atención sobre las «dificultades» que entraña la convivencia de la vía administrativa y penal a la hora de condenar y sancionar una actuación que se ha llevado a cabo.

En cualquier caso, Fernández Valverde se centró en dos de los delitos reconocidos en el ámbito urbanístico, el de la construcción ilegal y el de la autorización indebida.

En relación al primero, el magistrado del Tribunal Supremo reprodujo el artículo 319 del Código Penal, que establece los supuestos para aplicar el delito de construcción ilegal. Sobre él llamó la atención acerca de que no es lo mismo hablar de «construcción» que de «edificación», así como tampoco que alguna de ellas sea o no «autorizada» o «autorizable».

Preocupación

Rafael Fernández Valverde admitió que «existe una gran preocupación» entre los funcionarios por la figura de la autorización indebida.

Al respecto, el magistrado puntualizó que para condenar a un técnico hace falta «acreditar» que su actuación estuvo movida por la mala fe y eso «es de una gran dificultad». De hecho, el público presente en la sala le hizo preguntas a este respecto a lo cual el ponente trató de aclarar que cada caso merece ponerle una atención especial.




* Canarias 7 - Almudena Sánchez, Santa Cruz de Tenerife - 13.05.2008
Viñeta: El Roto, recalificable - El País