Granada: El 'caso Urbanismo' abarca ya cuatro grandes operaciones con más de 15 millones en juego

IDEAL* : Al principio parecía una rabieta. Por un lado, el peculiar presidente del Granada 74, Carlos Marsá, presentó una denuncia en la Fiscalía del TSJA el 5 de septiembre de 2007 acompañada del famoso informe de los detectives de la 'operación Japón'. Antes, el 21 de febrero, un grupo de vecinos había registrado otra denuncia junto a un escrito con 45 firmas por un supuesto delito urbanístico en la construcción del vial y la rotonda de La Chana.

Nadie pensaba en el seno del gobierno municipal que ninguno de los dos casos llegase muy lejos.

Los dos varapalos han venido seguidos. El 22 de febrero el fiscal denunciaba en el juzgado al ex gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, y a otro alto funcionario de la Gerencia por un presunto delito contra la ordenación del territorio en la rotonda de La Chana. Una semana después, el 3 de marzo, el fiscal hacía lo mismo con la denuncia de Marsá y que afectaba a los dos mismos funcionarios y al promotor José Julián Romero.

Pero hay otros ingredientes que nadie se esperaba. En el transcurso de las diligencias se han incorporado dos anónimos y nuevos escritos que han terminado con cuatro grandes operaciones urbanísticas en el juzgado. Lo que empezó con una rotonda y un viaje del Mundial de Baloncesto ha terminado con acusaciones por supuesta prevaricación en la firma de un convenio en el edificio Penta -el fiscal habla de un coste de 13 millones para el Ayuntamiento-; por la legalización de los 180 pisos en el viejo Los Cármenes -la multa inicial aún sin pagar fue de 795.000 euros-; otro convenio por la construcción de 72 viviendas en Félix Rodríguez de la Fuente que llevaba parejo la construcción de dos campos de fútbol; y otro acuerdo unido al vial de La Chana por el que la empresa tenía que costear obras en la ciudad por valor de 1,2 millones de euros. En total, más de 15 millones de euros que ahora están en litigio, porque además de la investigación penal están pendientes de contenciosos administrativos que siguen por otros juzgados. Sin embargo, parte de ese dinero supuestamente se ha gastado ya en obras sin que se haya dilucidado qué pasa con él.

Además de estas cuatro operaciones, el fiscal menciona en uno de sus decretos otras dos: el cambio de uso del centro comercial Neptuno para que se pudieran construir más metros de ocio; y otro convenio de 1996 por el que un promotor tenía que ceder al Ayuntamiento un solar de 200 metros y pisos valorados en 525.000 euros.

EL PENTA

13 millones por un parque

La propia concejala de Urbanismo ha admitido que fue un error «garrafal» que hunde sus raíces en el año 1998. Según el decreto del 3 de marzo del fiscal, el Ayuntamiento aprobó un convenio con José Julián Romero el 23 de mayo de 1998 por el que la inmobiliaria se comprometía a ceder al Consistorio 15.235 metros cuadrados a cambio de concentrar toda la edificabilidad en un mismo edificio y construir dos plantas más de las previstas. Sin embargo, José Julián había contado con 6.848 metros que no eran suyos. «No pudo llevarse a cabo la cesión de terrenos comprometida (...) toda vez que José Julián Romero no era el propietario de la totalidad de dichos terrenos. Ante dicha falta de verdad (...) el técnico no sólo no propició el inicio de acciones penales contra el mismo sino que en su informe vino a disculpar este extremo hablando de una cuestión de estricto carácter civil», resume el fiscal.

El decreto añade que pese a todo se concedió la licencia para levantar el edificio y se propuso una compensación de 182.842 euros por los 6.848 metros cuadrados de desfase. Pasó el tiempo y el Ayuntamiento contempló hacer en esa superficie algo así como un parque. El problema es que su propietario real -previo informe de la Comisión Provincial de Valoraciones- no se contenta con los 182.842 euros, sino que reclama la friolera de 13 millones -más de dos mil millones de pesetas-. El Ayuntamiento tiene presentado un contencioso pero ya calcula que cuando menos tendrá que soltar del orden de 700.000 euros por este convenio que el fiscal ha llevado una década después ante el juez.

LOS CÁRMENES

Ocho centímetros menos en los pisos

Los pisos construidos en el viejo Los Cármenes tienen el techo a 2,52 metros, cuando la normativa obliga a que esté a 2,60. Ocho centímetros de nada. Este desajuste provocó que el ex concejal de Urbanismo, Luis Gerardo García-Royo, bloqueara la licencia de primera ocupación cuando las viviendas estaban acabadas. Al poco tiempo el PP dejó a García-Royo fuera de sus listas y el alcalde tomó las riendas del Urbanismo por los meses que quedaban hasta las elecciones y se dedicó a enmendar algunas decisiones del todopoderoso concejal. Las casualidades malévolas se empeñaron en que a la vuelta de un viaje por Marraquech junto a un grupo de empresarios entre los que iba JJ, el alcalde desbloqueara la licencia de Los Cármenes. García-Royo se manifestó públicamente en contra: «Ese expediente de legalización, tal y como se está tramitando, es una torpeza», advirtió. Según relató el entonces concejal de Urbanismo en plena campaña electoral, los técnicos del área defendían que se hiciera de una forma y el alcalde, apoyado en la secretaria del Ayuntamiento, decidió que se llevara a cabo de otra. «Incoar un expediente desoyendo los informes de la Gerencia de Urbanismo, tramitarlo con una rapidez que no es frecuente... eso no era bueno», recordó.

La Gerencia de Urbanismo impuso a la empresa una multa de 795.000 euros, que después rebajó a 596.000. El fiscal solicitó en su investigación un informe a la secretaria del Ayuntamiento en el que se recoge que «el gerente de Urbanismo -Lorente- informó favorablemente a la aprobación inicial de la modificación y aprobación definitiva de la misma, en sendos informes de fechas 10 de abril y 12 de julio de 2007, (...) a pesar de que la altura de las plantas de los edificios construidos era inferior a las del proyecto, no conllevando dicha circunstancia sanción hasta el día 22 de mayo de 2007, que le fue impuesta a la constructora por importe de 794.579 euros, aminorada finalmente hasta la cantidad de 596.069 euros tras la estimación de un recurso, sin que conste -dice el fiscal- que todavía se haya pagado». Según la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, la multa no se ha abonado porque está recurrida.

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

Dos campos de fútbol pendientes

Es el tercer expediente que el fiscal pide que se investigue en su decreto del 3 de marzo. Los protagonistas son los mismos. Según recoge el decreto, «el promotor (José Julián) se obliga a cambio de permisos a realizar en la zona obras de infraestructuras y urbanización y no vender las viviendas a precio superior al fijado por el Ayuntamiento; el gerente (Lorente) informa favorablemente la concesión de licencia de primera ocupación, en fecha 3 de noviembre de 2003, pese a reconocer no haber cumplido los compromisos adquiridos y pese a existir informe de fecha 11 de noviembre, emitido por la jefa de sección del área de Planificación Urbanística, sobre las diversas anomalías detectadas en la construcción».

En los informes se alerta de que se ha variado la superficie y forma del local que iba destinado a equipamiento público y se ha aumentado la longitud del edificio con una franja de unos 40 centímetros de ancho. La licencia también estaba condicionada a la construcción de dos campos de fútbol 7 que, según el grupo municipal socialista, no se han hecho.

VIAL DE LA CHANA

Costeó parte de las obras de Constitución

El fiscal ha denunciado un supuesto delito contra la ordenación del territorio en la construcción del vial y la rotonda de La Chana, levantados sobre el terreno que estaba destinado a un parque. Pero en su decreto la Fiscalía también avisa de que el convenio que dio pie a esta operación urbanística -donde están mezcladas dos empresas- podría «ser objeto de una investigación judicial». Entre los detalles sospechosos, al fiscal le llama la atención que un técnico de Urbanismo se «niegue» a dar información a una tercera empresa pese a que su oferta -de 2,7 millones de euros- era superior a la que se barajaba.

En el origen del convenio está una antigua gasolinera que a la postre acabó estando en suelo municipal. El Ayuntamiento se comprometía en el convenio a prorrogar la cesión durante 65 años y a cambio la sociedad tenía que construir la rotonda (575.450 euros) y costear el acondicionamiento de la avenida de la Constitución en el tramo de La Caleta (710.166 euros). El fiscal cifra las compensaciones pactadas al final en 1.982.511 euros, casi un millón menos de lo que ofrecía la tercera empresa.







* Ideal - QUICO CHIRINO - 20 marzo 2008
Foto: ideal.es