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ELPAÍS* : Medio Ambiente ampliará a 200 metros la zona de protección en 24 tramos. La ley de Costas cumplirá este verano 20 años. Su artículo 23 es el que regula que la servidumbre de protección debe recaer sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
Esa normativa ya incluía la posibilidad de extender otros 100 metros más esa protección pero es ahora cuando la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha señalado 24 tramos del litoral gaditano donde esta ampliación se va a ejecutar, lo que asegurará que estos lugares, de gran valor paisajístico y medioambiental, queden libres de edificaciones y puedan ser sometidos a procesos de mejora y conservación. En total, 187 kilómetros de la costa de Cádiz serán blindados contra el urbanismo salvaje y los efectos del cambio climático.
La propuesta de la Demarcación está dentro del marco de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y contiene una selección de zonas costeras de alto interés para la ampliación de la zona de servidumbre de protección a los 200 metros. Es la primera vez que en España se prepara un documento similar, con tramos detallados y prioridades de actuación establecidas. "Es un elemento novedoso en el ámbito de la gestión costera que no se está haciendo en ningún sitio del Estado español", reconoce el máximo responsable de este trabajo, Federico Fernández, quien hasta hace unos días era el jefe de la Demarcación, aunque actualmente lleva la gerencia de la Agencia Andaluza del Agua en Cádiz.
Los objetivos de este proyecto son tres: garantizar la conservación de los valores naturales y culturales, favorecer la recuperación y conexión de espacios costeros y asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. Los 24 tramos seleccionados afectan a 16 municipios diferentes: Barbate, Conil, El Puerto, Rota, Tarifa, Puerto Real, Trebujena, Sanlúcar, San Roque, La Línea, Vejer, Chipiona, Los Barrios, Chiclana, La Línea y Algeciras. De los 24, nueve ya se están tramitando y tardarán tres años en concluir. Son los acantilados de la Breña (Barbate), el conjunto de Cabo Gracia, Punta Camarinal y El Lentiscal y la ensenada de Valdevaqueros y Los Lances (Tarifa), el monte público de las Dunas de Rota, las dunas de San Antón y el coto de la Isleta (El Puerto), la margen izquierda del río San Pedro (Puerto Real) y el entorno del río Roche y el tramo litoral de Roche (Conil).
Esta posibilidad existía desde hace 20 años pero, hasta ahora, no se había utilizado. Fernández aporta un porqué. "Exige un ejercicio magnífico de consenso del Gobierno central, la comunidad autónoma y los ayuntamientos". Según explica, los consistorios "no tienen por qué tener como prioridad la protección y, por eso, hay que convencerles con argumentos". En eso se basa la política de incentivos que promueve ahora el Ministerio de Medio Ambiente, que premia la gestión y el cuidado costero con inversiones como la habilitación de senderos o la construcción de paseos marítimos.
Para que la zona de servidumbre se pueda ampliar estos terrenos tienen que ser no urbanizables. Se han seleccionado 24 tramos poco o nada afectados por la mano del hombre para que el consenso requerido sea más fácil de conseguir. Pero, ¿qué ocurre con aquellas zonas donde ya se ha edificado? Ahí, la solución, según Fernández, es otra. La Demarcación de Costas negocia directamente con los ayuntamientos y propone la demolición de viviendas consensuadas con los propietarios. Acuerdos de este tipo se han acordado ya en Rota y Vejer, donde se ha programado la demolición de 52 casas, y también en Montijo, entre Chipiona y Sanlúcar, y Zahora, en Barbate.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 23/03/2008
Foto: Una vista aérea del conjunto de Cabo de Gracia, en Tarifa (Cádiz)- GARCÍA CORDERO, elpais.com
Costas blindará 187 kilómetros del litoral de Cádiz contra el urbanismo
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1 comentarios :
De victimas a delincuentes y viceversa.
Desde la creación de la Asociación de Afectados por La Ley de Costas, se ha creado una campaña de desprestigio en contra de los afectados en general, con la intención de proyectar una corriente de opinión desfavorable a los intereses de los perjudicados. Este intento de confundir a la opinión pública tiene dos objetivos claros. El primero es aplicar la controvertida ley sin pagar un alto precio político ni económico, y el segundo es enmascar otros hechos más graves, que hasta ahora, han permanecido impunes a las críticas a pesar de las evidencias.
Nosotros estamos en total acuerdo en la Ley de Costas, pero no en su aplicación retroactiva y exagerada arbitrariedad.
Paradójicamente, desde el año 1988 y con mayor incidencia a partir del 2002 se ha hecho mucho más daño a la costa española que en el resto de la historia, y este deterioro extra no ha sido causado por los propietarios anteriores a la ley. Sin embargo, al ser en su mayoría, los más débiles, se nos ha convertido en cabeza de turco.
Constructores, Hoteles, complejos turísticos, puertos deportivos, paseos marítimos y otros han sido, por norma general, los que han terminado por ocupar un espacio mediante enrevesadas estrategias políticas y económicas que han hecho ricos a los ricos y a los amigos. Cuando no han ocupado el espacio liberado por una demolición, han aumentado los valores de los terrenos adyacentes mediante la especulación, deslindes imposibles y otras actuaciones que, aunque se han hecho públicas, no han cobrado la trascendencia que debería tener, pues no en vano, hay implicaciones en todo el estado español. No hay más que ver los informes anuales de Greenpeace.
Se han modificado deslindes sin que nunca se sepa cuál es la motivación ni los intereses existentes, mientras que en otras zonas, la lucha judicial por conseguir lo mismo, lleva a la ruina económica a los propietarios en estériles batallas judiciales por defender lo que legítimamente le pertenece. Ejemplo: Vegadeo, La Almadraba (Málaga), San Juan (Mallorca) etc...
Hasta hace poco a nadie le llamaba la atención el motivo de que la aplicación de esta ley sea tan estricta con los afectados que ya estaban legalmente antes de 1988 y que todas esas macroconstrucciones que han generado tanto dinero desde esa fecha vivan felizmente en el limbo del desconocimiento del pueblo, a pesar de las graves irregularidades..
Nosotros no hemos incumplido ninguna ley cuando accedimos a nuestras propiedades. Se creó una Ley que sirvió de herramienta para encubrir una expropiación gratuita que dejase el terreno libre , en gran medida, para la generación de grandes negocios con la final apariencia de una ordenación de la costa. Y esa Ley se creó sin contemplar derecho alguno sobre los propietarios establecidos, legalmente, en todo el litoral español.
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