Dos mil construcciones situadas en las costas canarias se enfrentan a la piqueta

LAPROVINCIA* : Unas 2.000 construcciones en Canarias se enfrentan al derribo por ocupar la zona denominada dominio público marítimo-terrestre. Hay de todo, desde chabolas hasta hoteles de lujo, pasando por edificios, viviendas aisladas, garitas, restaurantes y pensiones; algunas presentan un estado lamentable y otras están relucientes; buena parte de ellas se levantaron antes de la Ley de Costas de 1988 y otras, sin embargo, llegaron después.

La mayoría de estas construcciones, unas 1.500, se encuentran en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente en Tenerife y La Palma. Las 500 restantes se reparten por las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

El Gobierno central, a través de la Dirección General de Costas, está firmemente empeñado en derribarlas todas alegando que se trata de ocupaciones no admisibles, mientras que el Gobierno canario ha mostrado ya sus reticencias para al menos la mitad de estas construcciones y ha pedido que se flexibilice la legislación, de manera especial en lo que afecta a núcleos consolidados de población como podrían ser los casos de El Golfo, en Lanzarote, o Tufia, en Gran Canaria.

Sin embargo, lejos de arredrarse, la Demarcación de Costas ha puesto el ojo en al menos 1.500 de estas construcciones, cifra que coincide con la apertura de otros tantos expedientes de recuperación del dominio público, algunos de ellos tan conocidos como los chalés de Hoya Pozuelo. Alegan desde Madrid que la legislación en esta materia es dura, pero que así es como debe ser.

Uno de los puntos de discrepancia entre el Estado y el Gobierno canario es que mientras el primero entiende que el espacio público llega hasta 100 metros costa adentro y todas las construcciones privadas en esta franja deben demolerse, el Ejecutivo regional opina que los núcleos urbanos consolidados que estén alejados al menos 20 metros de la raya de pleamar podrían conservarse.

Pero no es sólo una cuestión de administraciones, sino sobre todo de personas. Los vecinos afectados por estas demoliciones se están comenzando a organizar en torno a una plataforma promovida por los vecinos de Chovito, en el municipio tinerfeño de Candelaria. El líder de este movimiento, Tomás González, ha llegado a asegurar que el 35% de las viviendas en Canarias están en peligro. Se quejan también de que las demoliciones afectan sobre todo a las casas humildes y no a los grandes hoteles de lujo que también están levantados en la zona de dominio público.

DENUNCIAS. Los expedientes se ponen en marcha por la denuncia de algún particular o de oficio. Sin embargo, desde que se inician hasta que concluyen con la demolición, pueden pasar muchos años. El interesado dispone de la posibilidad de recurrir, lo que suele ocurrir en el caso de que sean construcciones habitadas, y entonces el contencioso llega al TSJC. En ocasiones se alcanzan acuerdos amistosos con la concurrencia de otras administraciones que pueden llegar a incluir, para el caso de que fueran primeras viviendas, la entrega de casas sociales.

Los núcleos más afectados en la provincia de Las Palmas son Tufia, Hoya Pozuelo, la pensión de Melenara y Tauro, en Gran Canaria; Costa Teguise, Caleta Famara, La Santa o El Golfo, en Lanzarote; y Los Molinos, Pozo Negro, Jacomar, Majanicho, Puerto Lajas y Puertito de la Cruz, en Fuerteventura.







* La Provincia - JOSÉ NARANJO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 11 de febrero de 2008
Foto: Hotel de Melenara. LA PROVINCIA / DLP