Resquicios legales demoran años el derribo de construcciones ilegales

LAVOZ/A Coruña* : Hace sólo unos días que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba la orden de demolición de dos viviendas en A Pedra do Sal (Carballo) dictada por la Consellería de Política Territorial hace cuatro años. Sentencias similares afectan a un buen número de construcciones en la Costa da Morte, pero la misma legislación que sustenta la actuación de los jueces también hace posible que los infractores busquen cualquier resquicio para demorar, en ocasiones durante décadas, la ejecución de las resoluciones de los tribunales.

De hecho, son muy pocas las demoliciones que llegan a consumarse, a pesar de que los denunciantes -casi siempre particulares- recurren de forma reiterada a los juzgados para exigir la reposición de la legalidad.

Éste es el caso de Manuel Ramas Bellón, un carballés que reclama desde el 2002 la ejecución de una sentencia en la cual el TSXG otorgaba al Concello de Carballo, «y, en particular, a su señor alcalde-presidente», un plazo de 15 días para «abrir expediente repositorio de la legalidad urbanística» de una casa situada en la avenida de Fisterra. El propietario del edificio, José Cotelo Pérez, había solicitado en 1997 una licencia para reformar la fachada y la cubierta del edificio, pero, según el tribunal, las obras no se ajustaron al permiso concedido por el Ayuntamiento, como decía el denunciante. También aceptó el argumento de que el inmueble se encontraba fuera de ordenación, aunque rechazó el relativo a su situación ruinosa.

Aquellos 15 días pasaron sin que el Concello de Carballo tomase las medidas ordenadas por el TSXG. En el 2006, a instancias de Ramas Bellón, el Ayuntamiento retomó el caso y abrió el expediente. Los servicios técnicos municipales ya han elaborado su informe, y ahora están pendientes las indicaciones jurídicas, porque, en opinión del concejal de Urbanismo, José Antonio Viña, «hai que interpretar en que consiste repoñer a legalidade». Además, el gobierno local ha recibido un requerimiento de la Fiscalía pidiendo información sobre la actuación de la Administración local.

En la misma avenida de Fisterra, a pocos metros de distancia, se sitúa otro inmueble en parecida situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó en 1998 la demolición de un edificio de cinco plantas, también a raíz de la denuncia de un particular y después de que el Ayuntamiento aprobase una licencia basada en una modificación urbanística que, según el TSXG, no se ajustó a derecho. El fallo fue ratificado en el 2002 por el Supremo, y el Concello de Carballo ordenó el derribo en agosto del 2006, pero tampoco se ha ejecutado. «O propietario presentou un recurso de reposición e acudiu ao contencioso-administrativo contra a orde de demolición», explicó el concejal de Urbanismo.

En otro punto de la Costa da Morte, en Fisterra, esta misma semana salieron a licitación los trabajos de demolición de una vivienda situada en Calcoba. Pero detrás de esta decisión están 25 años de pleitos entre vecinos a raíz de la construcción, sin licencia, de la polémica casa, y numerosas órdenes de paralización y derribo que fueron desoídas por los propietarios del inmueble.

Como en el caso anterior, también en 1984 se levantó sin licencia un edificio en Corme. En este caso, la obra fue parcialmente legalizada en el 2002, pero la normativa urbanística sólo permite tres pisos y bajo cubierta, por lo que será preciso derribar las dos plantas superiores y, en todo caso, reconvertir la cuarta en ático. El Concello de Ponteceso ha encargado el proyecto, aunque los afectados anunciaron su intención de recurrir.

Otras veces son los propios vecinos quienes se oponen a la ejecución de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el 2006 en Anllóns (Ponteceso), donde la orden de derribo de una casa ilegal provocó movilizaciones en contra.







* La Voz de Galicia - 18/1/2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es