Urbanismo y corrupción

NÉSTOR PADRÓN DELGADO* : Hace días se hacía público un manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal, constituido por 200 penalistas y criminólogos de toda España, en la que se proponían fuertes medidas para luchar contra la corrupción urbanística. Al manifestar la ineficacia de los Ayuntamientos, las Autonomías y Estado para atajar la corrupción, están poniendo el dedo en la llaga ante la gran extensión de casos de corrupción que se vienen produciendo en los últimos años. Según este informe se señala como principal responsable del fenómeno a los Ayuntamientos, actuando con total arbitrariedad y amparándose en la autonomía local y de sus competencias, para su resistencia a otros controles.

Los casos conocidos de Marbella, Andraxt, Totana, Carboneras, Ciempozuelos etc., en Península y de Las Teresitas, Arona, Telde, Mogán etc. en Canarias son solo la punta del iceberg de la extensa corrupción extendida en el urbanismo que existe en muchísimos Ayuntamientos.

Resulta fuera de toda lógica que un Ayuntamiento de dos mil o cuatro mil habitantes, conceda autorizaciones mediante la recalificación de suelo agrícola para la construcción de 10.000 viviendas, acompañadas a su vez de hoteles, campos de golf etc., como resulta incomprensible y fuera de toda consideración que en un Ayuntamiento de 500 o 600 habitantes su corporación elimine miles de pinos y destruya un bosque para conceder licencias de miles de viviendas, provocando así un deterioro medio ambiental de incalculables consecuencias. La voracidad constructora en el litoral, invadiendo la zona pública, creando pantallas de edificaciones de alturas a gusto del constructor especulador, la construcción de puertos deportivos a capricho, no solo han deteriorado y destruido el paisaje natural, sino que además están contribuyendo a la degradación ambiental que provoca alejamiento y abandono del turismo.

Desgraciadamente ya hay daños irreparables, desgraciadamente hay enriquecimientos ilícitos por corrupción que posiblemente no entren en el campo de la justicia y por otra parte no ha habido concienciación ciudadana suficiente para una defensa de la calidad de vida, no solo de los presentes, sino también de las generaciones futuras. Pongo como ejemplo los grupos de manifestantes ante una comisaría en defensa de algún Alcalde imputado por corrupción o los apoyos a otro desde determinado periódico ante el mayor y fraudulento pelotazo de Canarias. Si los casos de urbanismo depredador mediante corrupción o complacencia municipal son graves a nivel general, en el caso de Canarias, por la fragilidad y limitación de su territorio son de acusada y extrema gravedad. El silencio y el temor a la decisión de tomar medidas drásticas no debería obstaculizar los cambios de las normas que impidan la impunidad de las tropelías que se vienen produciendo en los últimos años por parte de algunas administraciones.

Creo que la mayoría de los ciudadanos estarían de acuerdo con las propuestas que el Grupo de Estudios de Política Criminal ha formulado consistentes en la demolición obligatoria de construcciones ilegales en caso de delito, para "restaurar la situación inicial dañada, que se proceda a la disolución "sin vacilar" de ayuntamientos corruptos, que se establezcan controles para evitar la "connivencia o negligencia" de notarios y registradores de la propiedad, que se castigue como prevaricación el voto o informe favorable a planes manifiestamente ilegales, así como que se eleven las penas para los delitos urbanísticos. La gravedad del problema generalizado por desgracia debería llevar también a la anulación de las competencias en urbanismo a los Ayuntamientos para que sean gestionadas por un Ente, en el que tuviesen representación el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.



* Ex diputado socialista





* La Opinión de Tenerife - Tribuna abierta - 18 de diciembre de 2007