Urbanismo País Vasco: Un país a cuatro alturas

MANUEL BLANCO* : El urbanismo, a priori, es sencillo. Simplemente hay que marcarse unas reglas del juego y cumplirlas. Respetarlas siempre, le pese a quien le pese: a los propietarios del suelo, a los promotores, a los constructores, a los políticos... El País Vasco lo hizo hace casi ya tres decenios, aprovechando la transición democrática y el traspaso de competencias. Hoy recoge sus frutos. Se trata de una comunidad ordenada, modélica por su disciplina en la ordenación del territorio y por un urbanismo de baja densidad que es especialmente visible en las zonas del litoral, donde se cuentan por miles los nuevos edificios de bajo y tres plantas.

Un paseo de Zumaya a Fuenterrabía, por la costa guipuzcoana, o por los 22 ayuntamientos del entorno de la reserva de Urdaibai, en Vizcaya, revelan un grado de conservación que contrasta con los excesos que soportan municipios gallegos como los de Barreiros, Muxía, Carnota o Sanxenxo, por citar algunos.

Gobierno, arquitectos y académicos coinciden en la fórmula que ha dado pie a este ordenamiento: la existencia de una cultura urbanística de la que se derivó un complejo entramado de instrumentos legales que se cumplen a rajatabla y que bloquean aquellos proyectos que representan un exceso. Y es que el País Vasco también sufre la presión de los promotores. Es una comunidad rica y, por tanto, cuenta con un nutrido grupo de compradores dispuestos a pagar un dineral por una vivienda en primera línea de playa.

Manuel Paja, presidente de la Agrupación Vasco-Navarra de Arquitectos, sostiene que el urbanismo «es algo que está en la conciencia de todo el mundo» y eso se ha trasladado a la vida real, «ha dejado un poso», subraya. El diagnóstico coincide con el del lendakari Ibarretxe, quien sostiene que «los ejemplos del desarrollismo tardofranquista estaban ante nuestros ojos como un símbolo permanente de las cosas que no se debían hacer. Esta conciencia colectiva supuso que los ayuntamientos, desde la misma transición democrática, se impusieran la norma de hacer las cosas de forma diferente».

Urbanismo y medio ambiente

Esta forma de hacer las cosas no ha sido otra que activar instrumentos legales que no dejan nada al libre albedrío en materia urbanística. José Luis Ávila, vicerrector de la Universidad de Deusto y viceconsejero de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco cuando se elaboró la Ley de Ordenación del Territorio (LOT) de 1990, explica que esta norma «establece claramente la relación entre la ordenación del territorio y el medio ambiente».

De aquella ley surgieron unas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) que siguen siendo hoy en día el vehículo motor del urbanismo en Euskadi. «Fueron muy acertadas al ver el territorio desde una perspectiva ambiental. Concebían todas las actividades que tienen una incidencia desde esa perspectiva», precisa. Las DOT son un documento de máximos por cuanto delimitan hasta el número de viviendas que puede construir cada municipio.

Los planes territoriales parciales -que desarrollan el urbanismo por comarcas- y los planes territoriales sectoriales -que se encargan de planificar cuestiones como las infraestructuras, las zonas agroforestales, los parques eólicos...- completan, junto a los planes generales de los ayuntamientos, la compleja madeja de mecanismos legales que interactúan para que reine el orden entre las edificaciones.

En última instancia, Ávila alude a la conciencia medioambiental que se ha arraigado en la sociedad para argumentar este hecho: «Es cierto que hay mecanismos legales útiles, pero sin esa cultura no hubiese sido posible conseguir este orden».








* La Voz de Galicia - Manuel Blanco | Enviado especial - 2/12/2007
Foto: País Vasco, urbanismo - lavozdegalicia.es