Una lacra favorecida por el sistema

ENRIQUE CLEMENTE* : La corrupción urbanística se extiende por España como una mancha de aceite. Un estudio de hace unos meses de la Fundación Alternativas contabilizaba casi 400 municipios en los que se denunciaron irregularidades entre el 2000 y el 2006. Desde entonces se han incrementado exponencialmente. Andalucía, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Madrid encabezan el ránking. La tipología va desde las recalificaciones de suelos no urbanizables a urbanizables a modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). La prestigiosa organización no gubernamental Transparency International, la más importante en la lucha contra la corrupción en el mundo, publicó un demoledor informe a comienzos de este año. Asegura que «el ámbito donde la corrupción es más elevada en España es el del nivel local de gobierno» y añade que «la calificación de suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción».

Nueve guías

Su autor, el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Manuel Villoria, destaca que el propio sistema español está «generando situaciones de corrupción muy numerosas». Da nueve guías para entender el problema: 1) Prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos; 2) La modificación de los planes es frecuente, solo en Mallorca los municipios los han cambiado 227 veces en los cuatro últimos años; 3) La vigilancia sobre construcciones ilegales y desviaciones del proyecto es poco intensa; 4) Las sanciones suelen consistir en multas y casi nunca en demoliciones; 5) En España hay una enorme cantidad de dinero negro, que se refugia naturalmente en la construcción; 6) Se ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas para generar su aparente escasez y la consiguiente subida de precios; 7) Se ha expropiado a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el sueño en su poder, lo han vendido después a precios astronómicos; 8) Se ha extendido la creación, por parte de constructores, de partidos ficticios que se presentan a las elecciones para conseguir la concejalía de Urbanismo y desde ella tomar decisiones que les favorezcan, en otras se infiltran en los partidos tradicionales para conseguir esos mismos objetivos; y 9) La corrupción urbanística se expande y no respeta institución alguna.

En opinión de Villoria, «el problema de fondo no está en las actuaciones corruptas de actores individuales, sino en la corrupción institucionalizada vinculada a la obtención ilícita de fondos para los partidos». Y concluye: «Ese es el principal cáncer y aquel donde el nuevo Gobierno deberá demostrar su verdadera voluntad moralizadora». Es cierto que, ante la falta de recursos propios suficientes, los Ayuntamientos no renuncian a financiarse mediante pelotazos. Tampoco los partidos políticos. Pero también lo es que ciudadanos particulares obtienen pingües beneficios con una facilidad pasmosa y el caso paradigmático de Roca lo confirma.

Y no solo ese. Un ejemplo: en Ciempozuelos fueron detenidos hace un año su entonces alcalde, Pedro Antonio Torrejón, y Joaquín Tejero, que lo fue entre 1991 y 1995, por el presunto cobro de una comisión de 40 millones de euros por favorecer a los intereses de una inmobiliaria. Ambos tenían una cuenta de un millón de euros en Andorra.

86 procesados en Marbella

Marbella es el caso más emblemático de corrupción urbanística, que debería ser ejemplarizador. Hay 86 procesados, 40 cargos municipales implicados, entre ellos dos ex alcaldes (Julián Muñoz y Marisol Yagüe) y el todopoderoso ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca. Un nuevo dato resulta cuando menos inquietante: el nuevo juez del caso, Óscar Pérez , ha criticado duramente la instrucción de su antecesor, Miguel Ángel Torres, y ha corregido algunas de sus decisiones, por ejemplo ha devuelto la fianza a Isabel Pantoja y ha dejado en libertad bajo fianza a Pedro Román. Si el caso no acaba con duras condenas, ajustadas a derecho claro está, sería una señal nefasta para los corruptos.

Porque el «efecto Marbella» se ha propagado por Andalucía, sobre todo por localidades costeras y del interior de Málaga, pero también por otra provincia, Cádiz, donde edificaciones ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico. Uno de cada cinco alcaldes de la provincia de Málaga fueron denunciados por delitos urbanísticos en el 2006. Repasar la lista de los alcaldes, concejales y empresarios condenados o imputados muestra la gravedad del problema.







* La Voz de Galicia - 30/11/2007