Vitoria: La juez imputa también por cohecho al ex director de Urbanismo en el caso Ibaiondo

ELCORREO* : Prevaricación urbanística, falsedad documental y ahora, también, cohecho. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, Susana Junquera, que investiga la denuncia interpuesta por el fiscal jefe contra Antón Sáenz de Santa María, ex director municipal de Urbanismo y 'mano derecha' del titular del área en el anterior gobierno del PP, Jorge Ibarrondo, por el caso del sobreprecio de los 24 chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo, ha decidido ampliar las imputaciones contra el funcionario.

Lo hizo ayer ante la sorpresa de la Fiscalía, las acusaciones particulares de PNV, EB y EA, y, sobre todo, de la defensa de Sáenz de Santa María.

En su primera declaración ante la magistrada, el anterior director de Urbanismo negó tajantemente la comisión de los dos presuntos delitos de los que le acusa el fiscal y también del cohecho -cobro de comisiones ilegales-. El funcionario aseguró no tener ninguna relación personal ni empresarial con Opacua, la constructora que levantó los polémicos chalés, y que finalmente cobró a los adjudicatarios -elegidos por sorteo- 315.000 euros por casa, 54.000 más del precio fijado por el pleno del Ayuntamiento.

La constructora justificó este fuerte incremento en los elementos bioclimáticos de los que dotó a los chalés -como placas solares o dispositivos de aprovechamiento de aguas pluviales-, que Fiscalía y acusaciones sostienen ya estaban incorporados al precio inicial establecido por el Consistorio. Y lo hizo tras recibir en julio de 2003 una nota informativa firmada por Santa María que estimaba en 54.000 euros el aumento a aplicar a cada vivienda por su especial equipamiento. El funcionario envió la nota apenas 24 horas después de que Opacua preguntara al Consistorio cuánto podía cobrar por cada vivienda.

El ex alto cargo de confianza del PP sostuvo ante la juez que la nota informativa era «una mera opinión, sin alcance jurídico». Agregó que no consultó previamente el contenido a su jefe, el entonces concejal Jorge Ibarrondo, al que sí envió copia. No hizo lo mismo «ni a la mesa de contratación, ni a ningún otro órgano municipal».

Entonces, ¿por qué la Agencia Municipal de Renovación Urbana, la sociedad encargada de gestionar los sorteos de pisos protegidos, elevó el precio de los chalés exactamente en esos 54.000 euros «compartiendo» el criterio del ex director? Santa María se limitó a hablar de «coincidencia», tras dejar claro que él «no participó en la Agencia» y que ésta, presidida por Ibarrondo, no le solicitó el informe.

Subvenciones

El siguiente paso de las averiguaciones judiciales irá dirigido a conocer cómo llegó la nota a la sociedad municipal, y quién y por qué le dio rango de oficialidad, lo que permitió a Opacua cobrar 54.000 euros más por chalé, lo que se avisó a los compradores antes de que escrituraran su vivienda. Para ello EB pedirá que declare Ana Aguirre, directora-gerente del organismo.

El testimonio de José Ignacio Urdiain, técnico jefe de la Unidad de Valoración, podría resultar clave para dar luz al caso, pero ha fallecido. Él fue quien emitió el informe en el que se tasaba el precio medio de cada chalé que fijó el pleno municipal. Sin embargo, el día en el que Opacua pidió aclaraciones al Ayuntamiento se encontraba de baja. Sáenz de Santa María declaró ayer que al estimar que su ausencia «iba a prolongarse» decidió elaborar él mismo la nota para «dar respuesta inmediata a la solicitud».

El ex alto cargo añadió que en ese escrito avisó a la constructora que el coste final de las casas «podría variar en función de las subvenciones y que éstas deberían servir para abaratar el precio final, no para quedárselas ella», como a su juicio se deduce de los anexos del acuerdo del pleno, que fijó el valor de cada chalé en torno a los 250.000 euros.

Y es que, Sáenz de Santa María justificó en todo momento la idoneidad de su actuación con el argumento de que el precio por casa acordado por el pleno municipal era «sin instalaciones bioclimáticas». «No debía de estar tan claro el pliego de condiciones cuando Opacua hizo una oferta de 1,7 millones (por quedarse con la promoción) y el otro ofertante, Sarkis, de 60.000 euros», zanjó.








* El Correo Digital - 17.11.07 - ADOLFO LORENTE
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)