Guateque en Madrid

ELPAÍS/Editorial* : El juez Santiago Torres ratificó el viernes la orden de prisión dictada contra cinco implicados en la Operación Guateque, la trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP desde hace años. Con esta decisión judicial queda patente la gravedad de los delitos presuntamente cometidos por una red de funcionarios y empresarios que convirtió la concesión de licencias municipales para locales comerciales y de ocio en un lucrativo negocio privado. La intervención judicial llega después de largos años de indicios desatendidos acerca de la arbitrariedad con la que actuaba el Ayuntamiento. Según han descubierto ahora las investigaciones de la policía, el inextricable laberinto de la burocracia municipal era, en realidad, la pantalla detrás de la que se escondía la extorsión a quienes deseasen habilitar locales para determinado tipo de negocios.

Sorprende la ineficacia de los controles legales y administrativos existentes en un Ayuntamiento como el de Madrid, cuya gestión afecta a una de las economías más importantes del país y a un volumen de ciudadanos mayor que el de algunas comunidades autónomas. La inercia suele ser el peor enemigo de los organismos encargados de velar por la legalidad y la transparencia de las actuaciones públicas, puesto que convierte en rutina burocrática lo que debería ser un mecanismo para verificar de forma permanente la estricta correspondencia entre la realidad y su reflejo administrativo. En el fraude desmontado por la Operación Guateque resultaría difícil hablar de inercia, puesto que, además de no existir o no funcionar los controles, tampoco se tramitaron las denuncias de los pocos ciudadanos que se atrevieron a plantar cara al chantaje. Funcionarios sobre los que había recaído algún género de sospechas fueron mantenidos en sus puestos, e incluso promocionados.

El Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado personándose en la causa judicial abierta por este caso de corrupción en la concesión de licencias municipales. Es una respuesta efectista, que intenta dejar patente la diferencia entre la forma de actuar de la institución y la de algunos de sus funcionarios. Pero es, en cualquier caso, una respuesta que no puede excusar la determinación de responsabilidades más allá de las que fijen los tribunales de justicia. Este entramado de turbios intereses y manejos, prolongado durante años, ha colocado a muchos pequeños empresarios ante la disyuntiva de aceptar el chantaje o contemplar la ruina de su negocio. Por otra parte, el descubrimiento de las componendas de los funcionarios implicados también acaba colocando bajo sospecha las licencias en vigor, multiplicando los efectos perversos de su comportamiento.

Es una trama compuesta por un elevado número de implicados y que ha gozado de una llamativa impunidad. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado, como si este escándalo le fuese ajeno.






* ELPAIS.com - Editorial - 25/11/2007